Esta jornada, representantes de las directivas de los Colegios Profesionales de la Salud entregaron una carta en La Moneda dirigida al Presidente Gabriel Boric, en donde solicitaban la continuidad de los más de 6 mil funcionarios que fueron contratados por honorarios Covid y que serán desvinculados tras el término de la alerta sanitaria. Junto con esto, también solicitan mejorar el Presupuesto 2024 que está asignado para el sector.
El pasado martes, y tras sostener una extensa reunión sobre los despidos con el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, desde la Confederación Fenats Nacional anunciaron una paralización a partir del 2 de octubre.
Este jueves, tras entregar la misiva en La Moneda, el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, abordó la situación en la que se encuentran los funcionarios de salud y expresó que “todos los colegios profesionales estamos viendo con mucha preocupación los riesgos y el impacto negativo que tendría para los usuarios, para todos los que se atienden en el sector público de salud, las consecuencias de disminuir el personal y no tener el presupuesto necesario para hacernos cargo de todos los desafíos sanitarios que hoy existen en el país”.
“Claramente esto tiene un impacto directo en la calidad y en la cantidad de atenciones que podemos brindar a todos nuestros usuarios”, añadió.
La misiva, firmada por el Colegio de Enfermeras de Chile, Colegio Médico de Chile, Colegio de Kinesiólogos de Chile, Colegio de Nutricionistas de Chile Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile, Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile, Colegio de Fonoaudiólogos de Chile, Colegio de Matronas y Matrones de Chile y el Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, detalla que la desvinculación de estos funcionarios contratados durante la pandemia tendrá graves consecuencias para el sistema sanitario.
“Se traducirá en el cierre de camas, término de programas de atención domiciliaria, menor cantidad de personal para cirugías, urgencias y rehabilitación, por mencionar algunos, afectando la atención de miles de personas a lo largo de todo el país, exponiéndose a graves secuelas e incluso riesgo de muerte”, se indica.
Asimismo, explican que el déficit de recursos humanos y presupuestarios “impacta con fuerza en la salud mental de personas, familias y comunidades, en un momento muy delicado”.
En esta línea, se indica que “resulta un contrasentido que un gobierno que había manifestado un férreo compromiso con el fortalecimiento de la salud pública (...) no otorgue los recursos que se requieren para desarrollar esta tarea, que corresponde a una de las demandas más sensibles de la población”.