Caso Audio: las ramificaciones de una causa que no para

En marzo del 2023, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) suspendió las operaciones de la corredora de Bolsa STF Capital, de los hermanos Ariel y Daniel Sauer y de Rodrigo Topelberg, inicialmente por no haber entregado sus estados financieros al ente regulador, a lo que se sumaría, posteriormente, más irregularidades. A esto se añadirían acciones judiciales en contra del factoring del holding: Factop.

Aquello derivó en que la Fiscalía Oriente abriera una investigación en contra de los empresarios, entre otras cosas, por presuntos delitos de estafa a sus clientes, quienes habrían sido engañados por la realización de supuestas inversiones.

Ante la situación judicial que enfrentaban los hermanos Sauer, los empresarios ficharon a la abogada Leonarda Villalobos -cercana a la empresa- y al penalista Luis Hermosilla. La idea era que ambos los asesoraran en los procesos que se les acercaban.

En ese contexto, empresarios y abogados se reunieron en la oficina de Hermosilla el 22 de junio de 2023, cita que fue grabada por Villalobos. Supuestamente lo hizo por haberse sentido víctima de Factop y con el objeto de compartir el registro con Topelberg. Pretendía exponer la compleja situación de las empresas al estimar que no era explicitada al otro socio.

En esa conversación, que fue entregada por Topelberg a la Fiscalía y la prensa, se escucha a Hermosilla hablar de sobornos a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la CMF para resolver los problemas que atravesaba la mencionada firma.

Una vez conocido el audio, la Fiscalía Oriente abrió una nueva investigación, esta vez por presuntos delitos de cohecho. Así, el 16 de noviembre de 2023 se incautaron los teléfonos de Luis Hermosilla y de Leonarda Villalobos. Y tras los primeros análisis vino un golpe.

A mediados de marzo, efectivos del OS7, por instrucción del Ministerio Público, allanaron la casa y oficina del entonces director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, con quien Hermosilla mantenía intercambios que daban cuenta de eventuales delitos.

Cuatro días después de la diligencia, el funcionario policial fue formalizado por violación de secreto. Se detectó que compartía con el abogado detalles de diligencias de causas en que el penalista era parte.

Tras ser formalizado, Muñoz quedó en prisión preventiva, medida cautelar en la que estuvo por casi dos meses. Ahora se mantiene con arresto domiciliario nocturno.

Conocido que en el celular incautado a Luis Hermosilla había miles de conversaciones, surgió un antecedente que nuevamente alertó al Ministerio Público. Según publicó Ciper en junio, en el teléfono del penalista se encontró el pantallazo de un intercambio entre el fiscal Carlos Palma y la pareja de la ministra suprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y que correspondía al tiempo en que el persecutor formaba parte del concurso para ser fiscal nacional.

La conversación daba cuenta de presuntos ofrecimientos irregulares de Migueles a Palma, lo que fue denunciado por el abogado Fernando Leal. Aseguraba que Palma no habría denunciado el eventual soborno, por lo que el caso fue asignado por Valencia a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

Tras nueve meses de investigación, la causa que comenzó por la grabación de Hermosilla derivó en que el 21 de agosto la Fiscalía Oriente formalizó al penalista, a Leonarda Villalobos y su esposo, Luis Angulo. Les imputó delitos tributarios, además de cohecho y lavado de activos.

Este último cargo, luego de determinar que habrían recibido dineros de origen ilícito a partir de las operaciones de los Sauer.

En esa ocasión también se formalizó a un funcionario del SII y a otro de la Tesorería General de la República, quienes habrían aceptado dineros a cambio de la entrega de información.

Tras la formalización, el tribunal -decretó prisión preventiva para Hermosilla y Villalobos, quienes se sumaron a los Sauer y Topelberg, quienes ya estaban cumpliendo la misma medida cautelar en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, pero por el caso Factop.

La revisión del teléfono de Hermosilla y el conocimiento de sus conversaciones también expuso mensajes que involucraban a una exautoridad del gobierno del Presidente Sebastián Piñera: el exministro de Vivienda Felipe Ward (UDI).

De la conversación de Hermosilla con uno de los hermanos Jalaff se desprende que el gremialista habría realizado gestiones para acelerar la aprobación de permisos para la construcción del Parque Capital, un proyecto de propiedad del Grupo Patio, antes controlado por los hermanos Jalaff. Por estos hechos la Fiscalía abrió una nueva investigación y el Minvu, encabezado por el ministro Carlos Montes (PS), anunció un sumario.

En una causa que avanza por un carril completamente distinto, Operación Topógrafo, se incorporó un informe elaborado por la PDI que daba cuenta de la serie de conversaciones que estaban en el celular incautado al exjuez Juan Poblete.

Ahí quedó al descubierto cómo ministros de la Corte Suprema pedían a los jueces inferiores votos para nombrar notarios, y también la forma en que otros pedían ayuda para llegar al máximo tribunal.

La revelación llevó que el fiscal nacional, Ángel Valencia, decretara la apertura de una indagatoria que quedó en manos de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

Ahí se pesquisan eventuales delitos de tráfico de influencia, violación de secreto y actuaciones de ministros como Mario Carroza, María Teresa Letelier y Antonio Ulloa, y aunque no se vincula directamente con Luis Hermosilla, su similitud con otras aristas donde el penalista sí aparece como protagonista, el Ministerio Público hace que esté incluida bajo el “paraguas” del caso.

Producto de las conversaciones derivadas de Operación Topógrafo, en junio el INDH presentó una querella por presunto tráfico de influencias, exponiendo que el exjuez Juan Poblete habría realizado gestiones irregulares, como contactar al exministro de Defensa Mario Desbordes para posicionar a María Teresa Letelier en la Suprema.

Si bien la acción fue declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago, generó que el otrora secretario de Estado arremetiera en contra de los consejeros del INDH que habían aprobado querellarse y, además, una solicitud de parlamentarios de derecha en la Corte Suprema para que se remueva de sus labores a la directora del organismo, Consuelo Contreras, y al consejero Francisco Ugás.

Otra de las aristas, e investigaciones, que abrió la publicación de parte de las conversaciones de Luis Hermosilla involucra al exfiscal regional Oriente Manuel Guerra. El otrora persecutor, según una publicación de Ciper, habría realizado “favores” en favor del penalista.

Guerra, según los antecedentes emanados por esas conversaciones, habría entregado información sobre casos como Dominga y Exalmar al penalista, quien fue contraparte de varios de esos casos.

También se conoció un chat del expersecutor en el cual, junto con Hermosilla acordaban “armar” una sala más “favorable” que sería la encargada de revisar una apelación del exdirector de la PDI Héctor Espinosa, cliente de Hermosilla.

Acciones de Guerra que ahora, también, son investigadas por Fiscalía.

En medio del análisis que realizaba la fiscal Carmen Gloria Wittwer respecto de los diálogos entre Carlos Palma y Gonzalo Migueles, la persecutora alertó que había otros antecedentes que podrían revestir características de delitos.

Como se transmitió en medio de un consejo extraordinario de fiscales, en medio de una causa por tráfico de drogas que se tramitaba en Aysén, Palma se habría comunicado de forma irregular con Luis Hermosilla, por lo que se inició una nueva indagatoria en su contra por revelación de secreto.

Si bien el persecutor explicó que contactó al abogado porque uno de los imputados trabajaba en su oficina, sin dar antecedentes de la causa, la indagatoria sigue adelante, al igual que las pesquisas administrativas que lleva al respecto el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

A pesar de que la arista “nombramientos” había estallado hace meses, la develación más compleja para un magistrado ha sido la que involucra a la hoy suspendida ministra Ángela Vivanco, quien es indagada por partida triple. Esto, luego de que salieran a la luz -vía una publicación de Ciper- chats que mantuvo entre 2018 y 2023 con Luis Hermosilla.

Quedaron en evidencia gestiones que habría realizado el penalista para que ella llegara al máximo tribunal, acciones que ella habría realizado en función de peticiones del abogado y otras irregularidades por las que la Suprema la suspendió y abrió cuaderno de remoción.

Pero además de ello, la fiscal Wittwer la indaga por acciones que realizó en contexto de la causa en que fueron parte Codelco y la empresa Consorcio Belaz Movitec SpA. Se le investiga por tráfico de influencias y negociación incompatible.

En la esfera política, como si fuera poco, también se han anunciado dos acusaciones constitucionales en contra de la magistrada.