Caso carpetas de conscriptos: subsecretaria Oberreuter pidió la renuncia del jefe del Programa de Derechos Humanos

Absolutamente atónito quedó la mañana del martes 31 de mayo el abogado Mauro Torres, que hasta ese momento se desempeñaba como jefe del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría que encabeza Haydee Oberreuter, y quien hace algunas semanas había encendido alarmas al notificar la existencia de cerca de 12 mil carpetas con relatos de exconcriptos que habrían dado antecedentes relacionados con violaciones a los DD.HH. y desapariciones en dictadura. ¿La razón? Al rededor de las 9 de la mañana de ese día la autoridad de gobierno le notificó verbalmente que se había decidido poner término a sus funciones, aduciendo “pérdida de confianza”.

“Alrededor de las 9 de la mañana la subsecretaria me comunicó que cesaba en mis funciones por pérdida de la confianza de la autoridad en la jefatura del programa”, comentó Torres en conversación con La Tercera, asegurando que le transmitieron que la determinación se relacionaba con el denominado “caso carpetas”, pese a que el sumario iniciado por la misma Oberreuter en razón de esta denuncia aún no ha arrojado responsabilidades administrativas.

El abogado dice que no ha sido notificado de ninguna sanción en su contra y menos ha sido citado a declarar en dicha indagación administrativa, por lo que aún dice no entender cuáles son las verdaderas razones de la determinación. “Encuentro que es un poco compleja la desvinculación aduciendo que hay pérdida de confianza, cuando yo no soy un cargo de confianza. Yo soy un funcionario del Estado, de carrera”, comentó.

Torres, como da cuenta su currículum, ingresó al aparato estatal en septiembre de 2010 como abogado asesor de lo que hoy es la Subsecretaría de Prevención del Delito. Luego, en octubre de 2016, se trasladó como abogado asesor del Programa Apoyo Víctimas de la misma repartición, y en mayo de 2019 asumió como jefe del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de DD.HH. que ese año encabezó Lorena Recabarren.

Cuando la subsecretaria Oberreuter le comunicó a Torres sobre el cese de sus funciones le dieron la posibilidad de renunciar, pero él se opuso, solicitando que ellos emitieran una resolución que materializaría la decisión como un despido. Sin embargo, hasta esta hora, el funcionario no ha sido notificado formalmente de que ese acto administrativo -que debe incluir la firma de la ministra de Justicia Marcela Ríos- se haya concretado.

Cercanos al abogado apuntan a que su despido estaría vinculado a que durante las últimas semanas tuvo conocimiento del contenido de al menos 33 carpetas que contenían testimonios de conscriptos y que habrían servido de ayuda en causas abiertas por violaciones a los Derechos Humanos que indaga hoy la justicia. La Tercera consultó el mismo martes a la Subsecretaría sobre los motivos de la salida de Torres del programa, pero no hubo respuestas.

Al interior de la repartición se comenta que a fines de abril, Sandro Gaete, exPDI que se desempeña como jefe del Área de Investigación Administrativa que apoya al Programa de DD.HH., se habría acercado a Torres para comunicarle que en internet había encontrado un informe de 2018, firmado por la entonces subsecretaria Lorena Fries, donde se indicaba que se habían recepcionado varias carpetas de conscriptos y que quería revisarlas. Por eso es que el abogado habría comenzado a buscar esos informes y sobre el escritorio de una secretaria encontró 33 carpetas.

Las mismas fuentes apuntan a que en ese momento Torres habría dejado constancia de que tomó los documentos y que se las entregó a Gaete para la revisión, pues nunca antes habrían podido acceder a esos relatos. Acto seguido, el jefe de gabinete de la subsecretaria, Gatica, les habría pedido devolverlas, a lo que el otrora jefe del programa se negó.

El 2 de mayo hubo una reunión ampliada donde el abogado se disculpó por lo ocurrido, dicen, con el propósito de limar asperezas y habría entregado junto a Gaete antecedentes algunos de los hallazgos. Quienes supieron de lo que se encontró en esa oportunidad señalan que había tres de las carpetas con relatos de actos cometidos por conscriptos que estaban cumpliendo el servicio militar y que cometieron actos en contra de población civil de la época. Por eso, quienes han podido tener detalles de lo ocurrido sostienen que, a lo menos, habría un intento de ocultar antecedentes. Todo esto se resolverá en Fiscalía, tras la denuncia que presentaron agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos.