El próximo 28 de marzo Sebastián Dávalos será formalizado por presunta estafa reiterada, luego de dos años de investigación a cargo de la Fiscalía de Rancagua. El caso contra el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet se inició tras una querella presentada por Gonzalo Vial Concha contra quienes resulten responsables de este ilícito, la que abrió esta arista del denominado caso Caval.
Según el empresario, en 2012 pagó $ 1.162 millones a la firma, que era compuesta en ese entonces por su esposa, Natalia Compagnon, y Mauricio Valero, por una serie de informes, cuyo contenido había sido copiado con información generada por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En Caval, Dávalos era el gerente de proyectos.
La audiencia de formalización contra Dávalos fue solicitada hoy por el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Además, pidió reformalizar a Compagnon y a su ex socio Valero, quienes fueron imputados por estafa el 13 de enero de 2017.
Así, el Ministerio Público ha determinado durante esta investigación que la encargada de relacionarse con Vial Concha y, a la vez, generar la entrega de los dineros sería Compagnon, y que los encargados de la confección material de los informes habrían sido Dávalos y Valero.
El fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, explicó que decidieron imputar al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet debido a "los antecedentes nuevos que hemos acumulado, entre otros, la declaración entregada por Valero" el 29 de noviembre. En su testimonio manifestó que "la confección material de los informes plagiados de internet y de Cochilco fue practicada por Sebastián Dávalos", dijo el persecutor.
En específico, Mauricio Valero declaró al fiscal Arias que Dávalos realizó informes a Vial Concha cuando se desempeñaba como funcionario de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de la Cancillería, por los que habría cobrado $ 11.666.667.
Según Moya, los datos entregados por el ex socio de Compagnon "fueron cotejados con otros antecedentes de la investigación, y el 16 de enero de 2018 me reuní con los abogados (Carlos) Fierro y (Antonio) Garafulic y con los imputados Compagnon y Dávalos, y hablamos sobre los antecedentes nuevos y la declaración de Valero".
De acuerdo a Moya, en esa oportunidad Dávalos y Compagnon dijeron que tenían información que los liberaría de la participación en el delito, los que entregarían a la fiscalía a más tardar el 31 de enero.
"Esperamos hasta el 15 de febrero y a esa fecha no llegaba ningún antecedente, y decidimos esperar dos semanas más que se vencían hoy. Por lo tanto, lo que hemos hecho hoy no es ninguna sorpresa para ellos", aseguró. Moya recalcó que "ya llevamos prácticamente 45 días esperando que las defensas hagan llegar la información que ofrecieron, que según ellos los exculpaban. Si a nosotros no nos acompañan nuevos antecedentes, como sí lo hizo Mauricio Valero y que motivó esta formalización, tenemos que proceder".
El persecutor explicó que presentaron la solicitud de formalización, además, "porque el plazo de prescripción de la acción penal se estaría venciendo más o menos a mediados de abril, entonces si esperábamos más corríamos el riesgo de que no nos fijaran la audiencia de formalización luego y prescribiera el delito".
Boletas de honorarios
Otro de los puntos que tocó Moya fue la emisión de 200 boletas de honorarios de una serie de personas a Caval por servicios que no se habrían realizado, en una época en que Dávalos tenía el cargo de gerente de proyectos de la firma.
"Caval contrató servicios a diversas personas naturales y jurídicas para supuestamente dar cumplimiento a las asesorías prestadas a Gonzalo Vial y hemos detectado que varias de esas prestaciones de servicios no existieron o se trataba de boletas que no tenían respaldo en algún tipo de servicio concreto, efectivamente prestado", detalló.
Asimismo, se decretó una orden de investigar del OS-9 de Carabineros para interrogar a todas esas personas que emitieron esos documentos y en esas declaraciones las personas aseguraron que nunca prestaron los servicios. De esta forma, el Ministerio Público llegó a la convicción de que lo supuestos trabajos profesionales contratados por la empresa de la nuera de Bachelet nunca existieron.
La fiscalía también investiga una serie de boletas de honorarios que Dávalos emitió a la firma. Por ello, los persecutores solicitaron al Servicio de Impuestos Internos (SII) que se le entregue el detalle de los documentos tributarios realizados por el hijo de Bachelet. Sin embargo, esta información aún no ha sido remitida al Ministerio Público.
En su última declaración entregada a la fiscalía el 16 de enero, Dávalos se reservó el derecho a guardar silencio en relación a esos documentos tributarios.
En relación a las penas que arriesgan Dávalos, Compagnon y Valero, "dado que es (un delito) reiterado, puede partir desde los tres años y un día hasta los cinco años", detalló Moya.
Señaló que también "hay que tener presente que este es un ilícito de connotación patrimonial ¿Qué significa aquello? Que si eventualmente entre la víctima, Gonzalo Vial, y los imputados puede haber un acuerdo, puede esto terminar en un acuerdo reparatorio, eso es resorte exclusivo de la víctima y los imputados y en ese proceso, en esa eventual negociación, la fiscalía no interviene".
Defensa de Valero
El abogado de Valero, Felipe Jiménez, negó que su cliente tuviese relación con la estafa. "Sabemos que no tiene nada que ver en las tratativas que realizaron Compagnon y Dávalos con el señor Gonzalo Vial", dijo.
Agregó que "no entendemos por qué piden una reformalización. Creemos que se debe a que la fiscalía quiere aumentar los plazos de investigación para poder llegar a la convicción de culpabilidad o inocencia y desarrollar las acusaciones o no, según lo determine".
