Caso Convenios: allanan domicilio de Alberto Larraín y le incautan celular y computadores que se creían perdidos de Procultura

Alberto Larrain
Alberto Larrain, cofundador de Fundación ProCultura.

Durante las jornadas de este miércoles y jueves se desarrollan diversas diligencias en la arista Procultura, a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Las diligencias estuvieron centradas en el siquiatra y cofundador de la ONG y la representante legal. La PDI logró el hallazgo de los servidores que no se habían encontrado en la sede de esa fundación. Las pesquisas se venían planificando hace un mes.


El allanamiento a 14 domicilios realizó la Brigada Anticorrupción de la PDI en domicilios de Santiago y Concepción durante la jornada de este miércoles. La diligencia, encabezada por el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper, venía planificándose desde hace varias semanas y contó con orden judicial de entrada y registro emanada desde el Séptimo Juzgado de Garantía. Entre los blancos de la pesquisa está el siquiatra Alberto Larraín, co-fundador de Procultura, y cuyo domicilio en Ñuñoa fue allanado por los detectives. Así como también toda la cúpula de la ONG que es blanco de investigación en el caso Convenios.

Quienes conocen de las pesquisas sostienen que entre los hallazgos de la PDI está el servidor de la fundación que hasta ayer no había sido encontrado por la policía en las solicitudes que se había hecho con anterioridad por el equipo investigador. En el caso de Larraín, se le incautó el celular personal, además de computadores y dispositivos móviles que habían en su casa. Otro blanco de las diligencias fue la representante legal de la ONG y quien firmó millonarios convenios en distintas regiones del país que beneficiaron a Procultura. Se trata de María Constanza Gómez, quien hace poco se había cambiado de domicilio, pero los detectives lograron dar con su paradero.

La Fundación Procultura es investigada en ocho regiones por la Fiscalía de Coquimbo.
La Fundación Procultura es investigada en ocho regiones por la Fiscalía de Coquimbo.

Las pesquisas coordinadas en siete comunas involucra, según fuentes del caso, a toda la cúpula de Procultura. A su fundador y la representante legal, se suman directores, jefes de unidades, contadores y personal operativo.

Durante la jornada de este jueves se seguirán desarrollando incautaciones. Junto con esto, personal del Lacrim se encuentra revisando las bases de datos del servidor de los correos de la fundación, además de nubes informáticas con información de los convenios y los contactos con GOREs y seremias. Para los detectives, uno de los peritajes clave será a los servidores que hasta ayer se pensaba que no existían pero fueron encontrado en uno de los 14 domicilios allanados en el país.

Guardaron silencio

Las peticiones para entrada y registro habían sido cursadas por los fiscales a cargo de Cooper hace varias semanas. Sin embrago, se esperó la concreción de estas diligencias en espera del contingente de policías necesario para que los allanamientos fueran en simultáneo y así no dejar sobre aviso a los investigados.

En el caso de Larraín y Gómez, a ambos se les pidió declarar en el caso, sin embargo se acogieron a su derecho a guardar silencio. La situación se da en medio de la renuncia de los abogados que tuvieron hasta hace unos días la defensa de ambos.

“Confirmamos que hemos renunciado a la representación de ProCultura debido a diferentes visiones con los clientes sobre la estrategia legal a seguir en la causa. De esta manera, hemos decido renunciar a las defensas de ProCultura; su director ejecutivo, Alberto Larraín, y su representante legal, María Constanza Gómez”, manifestaron desde el estudio Barruel y Borzutzky Abogados.

A esto se suma que la semana pasada los medios El Mostrador y Radio Biobío dieron a conocer análisis de las cuentas bancarias de la ONG, en las cuales se destacaban presuntos abonos hechos por la exprimera dama Irina Karamanos.

En concreto, como se advertía en el escrito, se contabilizan seis movimientos “sospechosos”: El primero, efectuado el 2 de agosto de 2021 por $973.500; el segundo, del 30 de septiembre de 2021 por $973.500; el tercero, el 2 de noviembre de 2021 por el mismo monto; el cuarto, el 26 de noviembre de 2021 por $1.000.000; el quinto, el 29 de diciembre por $773.500, y el sexto, el 3 de enero de 2022 por $773.500. En suma, los abonos totalizan $5.467.500.

Karamanos
La ex primera dama, Irina Karamanos, fue vinculada al caso Convenios.

Tras conocerse los antecedentes, Karamanos salió rápidamente a descartar lo señalado y aseguró que nunca hizo depósitos a la ONG. Sin embargo, en un primer comunicado, la abogada de ProCultura, Susana Borzutzky, aseguró que ella había hecho abonos por concepto de “devolución” de dineros.

Si bien ese último punto luego fue refrendado por la misma penalista minutos más tarde, negando que hubiesen existido tales abonos, la duda quedó instalada.

De hecho, justamente después de ese episodio se hicieron notar “discrepancias” entre la fundación y el equipo que llevaba la defensa.

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