A tres años y medio de que el exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna, fuera condenado a 16 años de cárcel por el asalto a una sucursal del Banco Santander, el 17 de junio de 2013, su caso se ha vuelto a instalar entre las máximas autoridades del Ministerio Público.
En los últimos días, el fiscal nacional, Jorge Abbott, ha sostenido una serie de conversaciones tanto con el nuevo fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, como con su par de la Occidente, José Luis Pérez Calaf. La razón: analizar las circunstancias en que fue condenado por el Primer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y, asimismo, determinar si es que existen antecedentes que pongan en entredicho el fallo de los jueces Irma Tapia, María Eugenia Cubillos y Christian Alfaro, quienes lo declararon culpable por unanimidad.
Mateluna -quien en 2004 se acogió a la Ley de Indulto para ex subversivos y recobró su libertad tras 12 años de cárcel, a cambio de renunciar al uso de la violencia-, ha sostenido ser inocente de haber participado en el asalto al banco, asegurando que hubo graves errores en su juicio. Incluso, en 2016 presentó una querella por el delito de falso testimonio en contra de los dos carabineros que lo detuvieron el día del atraco.
"Al contrario de lo señalado en la declaración de juicio oral, los querellados no participan en ninguna persecución, nunca estuvieron detrás del ve- hículo que huía de la policía, tampoco fueron víctimas de disparos dirigidos a la radiopatrulla, nunca se encontraron en situación de ver a un sujeto que se bajaba de la camioneta que supuestamente perseguían", dice la querella. Esto, porque la persona que habría descendido del vehículo sería Mateluna.
Por esta acción legal se abrió una investigación que quedó a cargo del fiscal José Morales. Según fuentes cercanas al caso, el persecutor realizó las principales diligencias y la indagatoria estaría prácticamente agotada.
Una de las principales pruebas con las que cuenta Morales es un peritaje de la Policía de Investigaciones (PDI), que concluyó que la estatura que registra Mateluna no cuadra con el tamaño de la persona que se ve en el video asaltando el banco, el cual fue usado por la Fiscalía Occidente como evidencia en el juicio para declararlo culpable.
A ello se suma que su defensa, representada por el abogado Jaime Madariaga, se encuentra ad portas de recurrir a la Corte Suprema para que se revise su condena. Además, Mateluna es apoyado por un equipo de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que incluye al decano Davor Harasic y los abogados Lupi Aguirre y Marcelo Oyharcabal, quienes también trabajan en el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En este contexto, la Fiscalía Nacional monitorea los escenarios que podrían configurarse, ya que este caso es "de interés público".
Así, Abbott ha pedido su opinión a Pérez Calaf, en su calidad de jefe de la fiscalía que obtuvo la condena. De acuerdo a fuentes ligadas al caso, Pérez le ha dicho que está seguro de que el fallo se ajustó a derecho.
La misma consulta le hizo el fiscal nacional a Xavier Armendáriz, jefe de la fiscalía a cargo de la investigación por presunto falso testimonio de los carabineros. Fuentes ligadas al caso indicaron que el persecutor Centro Norte señaló no tener claridad aún y le entregó detalles sobre el peritaje de la PDI que cuestiona la prueba respecto de la estatura de Mateluna. Tras ello, Abbott le pidió analizar los antecedentes con mayor profundidad, para determinar qué decisión tomarán.
Para la Fiscalía Nacional es clave que, sea la decisión que se tome, estén ambas reparticiones del Ministerio Público involucradas.
La Tercera pidió una versión al respecto a la Fiscalía Centro Norte y a la Fiscalía Occidente, sin embargo, señalaron que no se referirían al tema. En tanto, consultada la Fiscalía Nacional y la defensa de Mateluna, no se obtuvo respuesta.
Su caso, incluso, impulsó una obra de teatro escrita por el dramaturgo Guillermo Calderón, llamada Mateluna, la que fue estrenada en Berlín en 2016 y desde entonces actores han promovido la campaña "Mateluna inocente".
Su caso también cobró relevancia en el ámbito político, pues poco antes de dejar la Presidencia, Michelle Bachelet dictaminó el indulto para el exfrentista. El entonces ministro de Justicia Jaime Campos se negó a firmarlo.