Luego de que este viernes, en el marco del caso Democracia Viva, el Juzgado de Garantía de Antofagasta concediera la prisión preventiva para el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y al representante legal de la fundación, Daniel Andrade, la defensa del exfuncionario público afirmó que impugnará ante la Corte de Apelaciones la decisión del tribunal.
A la salida de la audiencia, el abogado Andrés Bustos, representante del exseremi, indicó a la prensa que buscará exonerar de responsabilidad a su representado durante los seis meses que el tribunal otorgó para la investigación.
En este sentido, destacó que la firma de los convenios indagados no dependía solamente de Contreras. “Hay más personas que dieron el visto bueno y revisaron los antecedentes para que se aprobara el acuerdo y los convenios con las fundaciones, sobre todo con Democracia Viva”, sostuvo.
Tras afirmar que el exseremi no se quedó con ningún peso de los destinados a los convenios de Democracia Viva, indicó que buscará probar que su defendido “no ha tenido ningún tipo de responsabilidad sobre las decisiones de a qué otras fundaciones se deciden para entregar fondos”.
Consultado sobre, como determinó el tribunal, si Contreras se debió haber abstenido de la firma de estos contratos, el abogado Bustos indicó que “un punto muy importante, que no fue considerado por el tribunal es que Carlos siempre preguntó y se asesoró por la División Jurídica de la seremi. Él preguntó a las personas adecuadas y capacitadas del punto de vista legal para efectos de tomar una decisión”.
En este sentido, destacó que “quedó claro en nuestros descargos que cuando Carlos Contreras ve que hay una cuestión que puede ser irregular, él pide una auditoría”.
Respecto de la decisión del tribunal de dejar a ambos acusados en prisión preventiva durante los seis meses que dure la investigación, el jurista sostuvo que “sin duda nosotros vamos a apelar a esta resolución, tenemos cinco días, y esperamos que la Corte confirme nuestras peticiones”.
Ante la consulta de la prensa de si siente que con la formalización de Contreras se pretende “cortar el hilo por lo más delgado”, el abogado destacó que “es imposible que un seremi de una región tenga la autonomía y la voluntad para aprobar convenios que son extremadamente complejos desde el punto de vista económico, legal y de las garantías que se solicitan”.
Al respecto, agregó que “la ley establece que esto es tripartito, por lo tanto, no puede ser que el seremi sea la primera línea a raíz del caso Democracia Viva en atención a estos convenios”.
Finalmente, ante la consulta de si se deben recoger responsabilidades en el gobierno central, el representantes de Contreras indicó que “sin duda es una arista que yo creó que quedó manifestada por nuestras alegaciones y que tiene que investigar la Fiscalía”.
