Se extendería hasta inicios de julio: parte juicio contra excarabinero acusado de dejar ciega a Fabiola Campillai

Hoy, pasadas las 9.00, en el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo, comenzó el juicio oral contra el excapitán de Carabineros Patricio Maturana, quien es acusado por el Ministerio Público por los delitos de apremios ilegítimos y lesiones graves/gravísimas cometidos a la hoy senadora Fabiola Campillai.

El exuniformado, que actualmente se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total, es acusado de disparar una bomba lacrimógena en medio de una protesta ocurrida la tarde del 26 de noviembre de 2019, en San Bernardo. El proyectil golpeó en el rostro a la hoy senadora, dejándola ciega. Campillai, a eso de las 20.30 de ese día, se encontraba junto a su hermana en la esquina del Pasaje Ángel Guido con Fermín Vivaceta. La fiscalía pide 12 años de cárcel para él.

“El imputado Patricio Maturana Ojeda, advirtiendo la presencia de personas ubicadas en dicha intersección, sin que por ello se estuviese afectando la libre circulación de transeúntes o vehículos ni se pusiera en peligro la vida o seguridad de las personas que circulaban en ese momento en el sector, abusando de su cargo y con el propósito de proferir dolor, efectuó un disparo con la carabina lanzagases que portaba, la cual es percutada de frente, en forma recta, dirigiéndola directamente a las personas ubicadas en ese lugar, en un ángulo inferior a 10 grados, sin realizar parábola alguna, impactando de frente en el rostro de la víctima Fabiola Campillai Rojas, quien se encontraba a aproximadamente a 51 metros de distancia del imputado”. relató el el juez Héber Rocco como parte de la acusación de la fiscalía.

Rocco señaló que tras el impacto en la cara, Campillai “cae al suelo perdiendo el conocimiento”. Campillai, quien fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas, perdió la visión de los dos ojos y tuvo pérdida del sentido del olfato, además de secuelas físicas.

En su cuenta de Twitter, la senadora expresó: “El primer acto de reparación es la obtención de la justicia para quienes hemos sufrido violaciones a los derechos humanos y espero que los tribunales de justicia estén a la altura en la condena”.

El juicio se extendería hasta la primera semana de julio.

En su acusación, que se extendió por casi 25 minutos, la fiscal Paola Zárate señaló que “con la prueba que rendirá el Ministerio Público se establecerá en primer término que no existía ninguna alteración al orden público”.

En esa línea, argumentó que “se establecerá mediante testimonio, prueba audiovisual y pericial que lo estaba ocurriendo ese día eran palabras referidas por parte de un grupo reducido de personas que insultaba a carabineros y lanzaba intermitentemente algunos objetos. Se podrá apreciar cómo había personas que transitaban por el lugar, que volvían de su trabajo, iban a comprar pan, circulaban incluso vehículos. Tampoco se podrá establecer que existió una agresión a carabineros al momento del control que realizaron funcionarios policiales respecto a estas terceras personas”.

En esa línea, agregó que “el imputado, capitán de Carabineros a la fecha de los hechos, con una larga experiencia, con capacitación, y habiendo aprobado todos los cursos de uso de armas, no podría sino saber el resultado que provocaría el mal uso de este armamento. Y por eso el Ministerio Público sostiene que hay una intención deliberada de realizar el uso de manera incorrecta para que este armamento no provoque el efecto deseado, sino, como se señala en el autoacusatorio, dirigido a causar dolor”.

Según se informó en marzo, cuando comenzó la preparación del juicio oral, la fiscalía presentará más de 70 testigos y 117 pruebas.

Junto a la defensa privada de la senadora, liderada por la abogada Alejandra Arriaza, y del trabajo de la fiscal Paola Zárate, se suman como querellantes contra el ex carabinero: el Consejo de Defensa del Estado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Municipalidad de San Bernardo, y la Agrupación de Derechos Humanos Víctimas Palacio de La Moneda.

Por su parte, la abogada de Maturana, Catherine Lathrop, refutó la hipótesis de la fiscalía de que no había alteración del orden público en el momento de ocurrido el hecho. “Aquel día en San Bernardo a esa hora existía un foco de desorden público y violencia por el cual fue requerida su comparecencia en la población Cinco Pinos”.

La abogada dijo que manifestantes interrumpieron la vía del Metrotren con barricadas. Incluso, dijo, sacaron las barreras del tren.

La legista dijo que solicitarán la absolución de Maturana, pues “no se logrará derrumbar la presunción de inocencia de la que goza. Asimismo, vamos a poder demostrar que la prueba de cargo no logrará generar en el tribunal la convicción más allá de toda duda razonable”.

Además, acusó que la fiscalía ha tenido “visión de túnel” en la investigación. “Para el persecutor siempre existió una línea única de investigación, tal vez arrastrado por el clamor, por el fulgor de la exposición mediática a la que tanto han hecho alusión los distintos querellante que ha tenido esta causa, aduciendo casi una presión social e internacional por sancionar al señor Maturana por la justicia del país”.

La abogada dijo que durante el juicio “no se podrá acreditar como única posibilidad que la lesión provocada en la víctima haya sido exclusiva y excluyentemente ocasionada por un impacto de proyectil de lacrimógena”.

Además, cuestionará el planteamiento de que el exuniformado haya actuado en forma dolosa y con el objeto de lesionar.