En la noche del miércoles, la defensa del excarabinero Claudio Crespo -imputado como autor de los disparos que le causaron la pérdida de visión a Gustavo Gatica durante una manifestación en 2019- apeló al dictamen del pasado 9 de agosto que rechazó el sobreseimiento temporal de la causa.
La defensa del excarabinero solicitó el sobreseimiento temporal de la causa el pasado viernes, acusando irregularidades en los peritajes efectuados por la Policía de Investigaciones (PDI).
En concreto, las presuntas irregularidades en cuestión están contenidas en un informe elaborado por la defensa. En el texto, la defensa privada afirma que hay nueve documentos con firmas que no corresponden a quien realizó las pericias.
Sin embargo, el tribunal de garantía estimó que el informe de la defensa puede ser presentado durante el juicio y rechazó el sobreseimiento temporal.
En su apelación, el abogado de Crespo, Pedro Orthusteguy expone como antecedente que, en una causa penal de 2018 por apremios ilegítimos que involucra al excarabinero, se detectaron firmas discordantes entre sí.
La firma cuestionada pertenecía a Cristian Lizama, funcionario de la Brigada de DD.HH. de la PDI. En esa ocasión, asegura la defensa, “si bien no se pudo incorporar este informe como prueba nueva, sí se interpuso una querella criminal por falsificación de instrumento público. En el marco de esta investigación, Cristian Lizama reconoció que no suscribió el informe principal”.
Bajo esa línea, la defensa alega que en la tanto en la causa de 2018 como en la de 2019, los equipos investigadores son los mismos, en alusión al funcionario de la PDI, Cristian Lizama y a la fiscal Ximena Chong.
“Entonces, contra toda probabilidad estadística, tenemos dos casos con la misma fiscal, mismo perito balístico, mismo perito médico, mismo oficial de caso, mismo imputado. Teniendo en consideración esta irregularidad con las firmas en la causa del año 2018, intuimos correctamente que podría existir una situación similar en esta causa”, argumentó la defensa.
Por ello, dice el documento, se solicitó un nuevo peritaje para que analice los informes de la causa del 2019. Este pre informe, a su vez, cuestiona nueve firmas de funcionarios de la PDI.
En ese sentido, Orthusteguy sostuvo que que “no es posible avanzar a la etapa de juicio oral cuando existen antecedentes graves y calificados –un pre informe pericial documental– que señala que en las actuaciones policiales no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto”.
Con los antecedentes expuestos, a juicio de la defensa, “la principal garantía afectada, grosso modo, es el derecho al debido proceso. Esta garantía tiene múltiples dimensiones, pero las más importante que se relacionan con esta solicitud está el derecho a defensa y el derecho a una investigación racional y justa”.
“Entendemos que las autoridades del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y del Instituto de Derechos de Humanos no permitirían que se llevara adelante un juicio oral basado en instrumentos públicos falsos y deberían estar más interesados que nosotros en confirmar estos gravísimos hechos”, interpeló la defensa para luego insistir en que el tribunal revoque la resolución y declare el sobreseimiento temporal de la causa.
