El fiscal a cargo de la investigación del caso “Operación Huracán” Carlos Palma Guerra y el subprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI) Luis Tapia, deberán responder por una querella en su contra por el delito de obstrucción a la investigación calificada, presentada por la defensa del mayor en retiro de Carabineros Patricio Marín Lazo.

Javier Jara Müller, abogado del exmayor de la policía uniformada, presentó una querella criminal ampliada en contra del fiscal regional de Aysén y del subprefecto Tapia.

En el escrito ingresado ante el tribunal se invoca el delito de obstrucción a la investigación calificada. Esto por cuanto en el caso de Luis Tapia Flores habría destruido un borrador que contenía pericias de la investigación. Siendo el encargado del equipo especial de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) que investigó el caso en el que se encuentran acusados 10 exfuncionarios de Carabineros, entre ellos el otrora director nacional de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu Rodríguez, y el civil Alex Smith Leay, creador de la aplicación “antorcha”, con la que supuestamente se espiaban las conversaciones de WhatsApp de dirigentes mapuche como Héctor Llaitul, de la Coordinadora Arauco Malleco, Jorge Huenchullan werken de la comunidad de Temucuicui y el machi de Padre las Casas Fidel Tranamil. Los líderes indígenas fueron acusados y encarcelados por delitos de asociación ilícita e incendio terrorista y posteriormente sobreseídos al establecer que todo había sido un montaje realizado por la Unidad de Inteligencia de Carabineros que dirigía en Temuco el mayor (r) Marín.

Su abogado defensor Javier Jara Müller dijo que “efectivamente hemos ampliado la querella que habíamos interpuesto por este borrador de peritaje, que es una actuación ilegal irregular y que a nuestro entender constituye el delito de obstrucción a la investigación calificada, por cuanto en el devenir de los antecedentes y de la audiencia del día viernes 27 recién pasado, ha quedado completamente claro que el peritaje fue destruido. Qué esta evidencia fue destruida y nos parece sumamente grave y constitutivo del ilícito, por lo cual nosotros ampliamos la querella en contra del señor Palma fiscal regional de Aysén y también en contra de don Luis Tapia Flores subprefecto de la Policía de Investigaciones a cargo del equipo de tarea”.

El abogado añadió que “este documento cuando fue encontrado deja de ser documento y pasa a ser evidencia”.

“Debieron levantar cadena de custodia, debieron conservarlo como evidencia y eso no se hizo. Porque en esta audiencia judicial quedó plenamente claro, que este documento fue destruido por personal de la PDI y asumimos que el fiscal de la causa no podía menos que saber de esta destrucción”, expresó.

El profesional expuso que “el tipo penal es bastante claro, aquel que destruye un documento que puede probar la participación punible de una persona o descartarla, comete este ilícito y aquí se dan todos los elementos para querellarse y que el Ministerio Público, indague de forma seria estos antecedentes y así poder determinar si el señor Palma, en definitiva tiene que enfrentar la ley como todo ciudadano y que pueda determinarse su eventual responsabilidad penal en estos hechos. Nosotros pedimos que se aplique la ley nada más y nada menos y que el señor Palma, pueda defenderse de las imputaciones que se le hacen en forma seria y prudente; por parte nuestra y que tenga derecho a un debido proceso como todo imputado”.

Por su parte, la abogada Karina Riquelme en representación de los hermanos Jorge, Jaime y Rodrigo Huenchullan, sostuvo “que como víctima hemos criticado el actuar de la fiscalía desde el principio de la investigación. Creemos y lo hemos dicho en numerosas oportunidades, que faltan aristas por investigar y que la separación de la investigación respecto de los fiscales, genera un vacío que evidentemente nos preocupa. Y que además, ha mantenido en la impunidad estos hechos hoy al 2021”

Riquelme añadió que “si existen otras investigaciones respecto el fiscal que lleva la causa, respecto de los funcionarios de la PDI qué ha sido parte de esta investigación, me parece que debe ser investigado todo aquello que tenga relación con delitos tan graves, como aquellos efectuados por funcionarios de Estado, que en su momento inocularon prueba en contra de dirigentes mapuches, para acusarlos de delitos calificados, como terroristas”.

La causa está a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral, agendada para el 27 de septiembre a las 9.00 horas en el Tribunal de Garantía de Temuco.

En abril de 2019 el equipo jurídico del mayor (r) de Carabineros, formalizado por falsificación de instrumento público y obstrucción a la justicia, presentó una acción similar contra quien se desempeñaba como fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía de O’Higgins, Sergio Moya.

Marín se desempeñó como jefe de operaciones de la extinta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de la policía uniformada y en ese rol habría participado de una asociación ilícita que montó pruebas falsas en teléfonos celulares de ocho comuneros mapuche que fueron acusados de ataques incendiarios en un operativo dado a conocer como “Operación Huracán”.