Entre el 25 y 26 de noviembre Javiera Rojas (42) en compañía de su conviviente y otro hombre concurrieron a un inmueble de calle Antofagasta, específicamente a la habitación de un cité. Según relató hoy el fiscal jefe de Calama, Cristián Aliaga, ese lugar era una especie de recinto para la venta de drogas, y cuando lo caracterizó sostuvo que se trataba de un recinto en “ruinas”, a raíz de varios procedimientos policiales que se habían realizado en el lugar por el mismo motivo.
El hallazgo del cuerpo sin vida de Rojas, el 28 de noviembre pasado, atado de manos y piernas, causó conmoción tanto a su familia, amigos y la comunidad del sector, ya que era reconocida como una activista medioambiental. Se pidió esclarecer a la brevedad su asesinato y fue así como la madrugada de este jueves la Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de los dos principales sospechosos del crimen, quienes enfrentaron una audiencia de formalización.
El principal hechor, según el Ministerio Público, es quien fuera el conviviente de la víctima J.B.D. (29 años), alias “El Romano”, cuya identidad el tribunal ordenó que no fuera informada por los medios de comunicación. Pero este imputado, a quien se le atribuyó autoría en el delito de femicidio por su relación con Rojas, no fue el único que fue detenido por este crimen. La fiscalía formalizó por homicidio calificado, además, a un amigo de este último, un ciudadano venezolano de 23 años apodado “El Lucifer”. Ambos quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, luego de que se detallaran las escabrosas circunstancias de este asesinato.
Para determinar la participación de ambos sujetos en el fallecimiento de la activista fue fundamental el relato de los vecinos del lugar en que se produjo el hallazgo del cuerpo de la mujer. El fiscal Aliaga leyó algunos extractos de estos interrogatorios, en que estos testigos dieron cuenta de que “en el interior del domicilio y tras una discusión, aparentemente, por dinero, ambos imputados la amarraron (Javiera) de manos y tobillos y comenzaron a golpearla en distintas partes del cuerpo, lo que provocó que la víctima se desmayara”.
Desde ese momento y hasta la madrugada del domingo, “La Flaca”, como le decían sus amigos, habría sido golpeada en más de una ocasión por los imputados, lesiones que finalmente le provocaron la muerte. Su cuerpo fue encontrado a poco de haber fallecido. Esto, según la fiscalía, “tras la propia revelación que uno de los imputados hizo a un vecino”.
Denuncias cruzadas
La defensa del imputado extranjero, el abogado Álvaro Gaón, intentó desvirtuar la participación de su representado en los hechos, asegurando que había sido amenazado por la pareja de la víctima, pidiéndole que guardara silencio o lo acusaría de estar ilegal en el país y además sosteniendo que su familia pagaría las consecuencias. Sin embargo, esta especie de coartada fue desestimada por el tribunal, que dio por acreditada la figura de autor levantada por la fiscalía en este homicidio calificado.
Por su parte, el defensor de J.B.D. alegó que éste salía todos los días de la vivienda, por lo que no podría haber efectuado todas las lesiones que presentaba la víctima. “Los testigos hacen referencia que quien permanece en el inmueble es el otro imputado (...), él se mantiene la mayoría del tiempo afuera. Incluso, al momento de la detención del ciudadano venezolano, la pareja de Rojas estaba en otro lugar”, sostuvo el abogado Hernán Díaz . Además, indicó que Javiera y el imputado no mantenían una relación formal, sino que era casual, por lo que no se le debería juzgar por el delito de femicidio. Toda esta hipótesis fue desestimada por el tribunal.
Una de las situaciones que se revelaron en la audiencia fue que entre ambos imputados existía una rivalidad, tanto por las personalidades como por temas de drogas. Según M.L.S., la pareja de Javiera se habría molestado porque ambos habían consumido pasta base juntos. “Los testigos indican que al escuchar gritos los primeros días llamaron a Carabineros, pero no acudieron al lugar, por lo que todos desistieron (…), además, todos los testigos han tenido problemas con “El Romano”, ya que los amenaza con un perro de raza pitbull”, dijo la defensa de “El Lucifer”.
El plazo de investigación se estableció en 200 días, ya que el Ministerio Público debe establecer la dinámica de los hechos, en los que -hasta el momento- no existen otros sospechosos en la mira de la fiscalía. Los imputados cumplirán la medida cautelar en el Centro de Cumplimiento de Calama, ya que actualmente uno de ellos se encuentra contagiado de Covid-19 y, el segundo de ellos, es su contacto estrecho, por lo que no pueden ser trasladados.