Continúa la polémica por la aprobación de la Corte Suprema para comprar 22 autos Lexus para sus ministros, en lo que sería la renovación de su flota vehicular.
La medida fue sometida a votación y finalmente el Pleno aprobó -por once votos contra dos, uno de ellos, el del presidente Ricardo Blanco- la adquisición que tendrá un costo total de $1.253 millones.
Eso sí, ayer la Suprema indicó en un comunicado que “el proceso no ha culminado por lo que aún no se han ejecutado los recursos fiscales que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto para este preciso fin”. Asimismo, la Corte Suprema citó a pleno extraordinario para debatir esta situación.
Durante esta mañana, luego de que integrantes del gobierno participaran de la primera sesión del Gabinete Pro Seguridad, la ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió consultas sobre la cuestionada eventual compra. Tohá aseguró que no había “ninguna polémica” porque “esa compra no está visada”. “No es un tema de polémica, esa compra no está visada, esa glosa no está activada”, dijo.
A su turno, el ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, puntualizó que el Poder Judicial contaba con presupuesto propio al ser otro poder del Estado. “En términos presupuestarios, no existe formulación presupuestaria para ese ítem. Sin embargo, el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto y, por ende, si ellos consideran que tienen los recursos disponibles, eventualmente podrían realizar esa compra”.
“Lo importante acá es que desde la formulación presupuestaria no se ha dado autorización para que se gaste en ese ítem en particular. Y es el Poder Judicial el que tiene que responder respecto a la ejecución misma del presupuesto, ellos son autónomos e independientes en la ejecución del presupuesto porque son otro poder del Estado”, agregó.
Con todo, Gajardo señaló: “Lo que nosotros consideramos relevante es que en esta materia hay instrucciones de austeridad de parte del gobierno en cuanto al monto máximo o tope que tienen los autos que se van a renovar y también el plazo que se requiere para la renovación”.
Según publicó La Tercera, desde el Poder Judicial afirmaron que los recursos para la compra fueron autorizados por la Dipres. No obstante, desde dicha cartera, liderada por Javiera Martínez (RD), lo descartan.
