A cinco años de su fallecimiento, hoy lunes comenzó el juicio por la muerte de Lissette Villa, menor de 11 años que murió el 11 de abril del 2016 al interior de un centro del Sename.
El Ministerio Público ha formalizado a cuatro funcionarias del centro Cread Galvarino por este caso. A dos de ellas, Conne Fritz y Thiare Oyarce, quienes ese día estaban a cargo de los menores, se les acusa por apremios ilegítimos y la fiscalía pide siete años de cárcel.
Las otras dos funcionarias son Jéssica Figueroa, coordinadora de turno, y Mónica Monje, ex directora del Cread Galvarino, a quienes se les acusa de no haber evitado la muerte de Lissette. El ente persecutor pide 3 años y un día de presidio para ellas.
De acuerdo al Servicio Médico Legal, la menor murió por “asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa”.
La investigación ha contado con expedientes de más de 9 mil páginas, 106 declaraciones de testigos, 135 oficios para recopilar información y más de 200 diligencias.
En noviembre de 2019, el Cread Galvarino, ubicado en la comuna de Estación Central, fue cerrado y sus menores trasladados hasta otros hogares.
Audiencia
La audiencia comenzó a eso de las 11.00, luego de un receso que se extendió por casi dos horas.
Al iniciar, la jueza Patricia Brundl Riumalló leyó la acusación del Ministerio Público, donde se señala que las cuidadoras actuaron en “represalia” a supuestos actos de desorden de la niña “consistentes en intentos de agresión a educadores, decir garabatos, escupir, pegar patadas a casilleros, golpear la puerta del dormitorio, lanzar piedras a ventanas”.
En respuesta a actos de desobediencia de la niña, dice la acusación, Thiare Oyarce habría reducido a Villa sujetando sus extremidades inferiores, causándole lesiones. Por su parte, Conne Fritz, “quien la fecha de los hechos pesaba cerca de 90 kilos, se subió sobre la niña y con su cuerpo presionó fuertemente la espalda y tórax de Lissette contra el suelo. Con sus manos le sujetaba sus extremidades superiores para mantenerla inmovilizada”.
Las cuidadoras continuaron ejecutando estas acciones incluso cuando Lissette “les gritaba que la soltaran. Que se iba a portar bien, que se estaba ahogando y que quería orinar. No obstante, aún percatándose de la situación de sufrimiento de la niña, las acusadas no la soltaron, se mofaron y persistieron en su actuar durante varios minutos, conducta imprudente que las acusadas mantuvieron hasta que la niña dejó de moverse, falleciendo”, señaló la jueza Brundl al leer la acusación.
A su turno, la fiscal Erika Vargas detalló que de acuerdo a esta investigación se identificaron seis casos, incluido el de Lissette Villa, donde niños sufrieron apremios ilegítimos entre 2015 y 2016 en ese mismo centro del Sename. En estos casos, el Ministerio Público acusa a otros cuatro funcionarios de ese recinto: Luis Cerda, Luis Campodónico, Leonardo Lefián y Juan Arrué. En los primeros tres, se trataría de hechos reiterados.
“Estos apremios ilegítimos se aplicaron en el centro Cread Galvarino por estos acusados, quienes los realizaron cumpliendo su función pública, de educadores de trato directo y de coordinador de educador de trato directo en el caso del señor Lefián”, dijo la persecutora.
“El Ministerio Público se enfocará en probar que cada una de las seis víctimas menores de edad que se encontraban residiendo en el citado centro bajo normas y restricciones de desplazamiento, que les impedían ejercer su libertad ambulatoria, fueron víctimas de agresiones físicas y psicológicas por parte de funcionarios del mismo centro, precisamente encargados de su custodia”, afirmó la fiscal Vargas.
El juicio continuará este martes a las 9.00.
Más tarde, tras la audiencia, el director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Micco, se refirió al inicio del juicio. “La trágica muerte de Lissette Villa dejó en evidencia la brutal realidad que vivían muchos niñas, niños y adolescentes en los centro del Sename a lo largo de Chile. Esta tragedia nos obligó como país a realizar una investigación nacional para ver en qué condiciones de vida se encontraban los niñas, niños y adolescentes bajo custodia del Estado”.
Además, valoró que “gracias a esta investigación se avanzó en el proceso legal y administrativo de dos cuestiones positivas: la separación del área de protección de los niños del área de responsabilidad penal adolescente, proceso que aún está en curso. En segundo lugar, los cread han sido paulatinamente reemplazados por residencias familiares. Han pasado cinco años y estamos cada vez más cerca de alcanzar la verdad y justicia para Lissette Villa y su familia pero aun debemos avanzar en la reparación y en contención de garantías de no repetición”.
Tanto el INDH como el Consejo de Defensa del Estado y la Fundación para la Confianza son querellantes en este caso.
