El pasado lunes, a las 14.36, el destino de los primos Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche quedó sellado. Ese fue el momento exacto en que el fiscal Sur Patricio Rosas se comunicó con la jueza Verónica Vázquez, del 11° Juzgado de Garantía de Santiago, para indicarle que se encontraban ubicados los comuneros que estaban prófugos por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay y que era necesario allanar la casa donde se encontraban.

El crimen ocurrió en enero de 2013 en la comuna de Vilcún, en La Araucanía, y por este hecho ambos primos fueron condenados en 2018 a 18 años de presidio.

Las pesquisas de la PDI habían dado sus primeros frutos el jueves de la semana pasada. Aquella jornada, los detectives establecieron que los prófugos estaban escondidos en una residencia ubicada en calle Bogotá 8592, comuna de La Cisterna. Según trascendió, la pista clave se generó cuando uno de los primos habló por un teléfono celular y dijo que se encontraba interceptado por la policía civil. De hecho, en los más de cuatro meses en que lograron eludir la justicia, la PDI realizó un trabajo de vigilancia y seguimiento al círculo cercano de los comuneros.

Ese jueves los detectives comenzaron la vigilancia de la residencia, pero ningún movimiento relataba la presencia de los prófugos en el lugar. La confirmación ocurrió el fin de semana y de la manera más inesperada: a través de la basura. Distintas fuentes confirmaron que los policías revisaron los desechos que salían de esta vivienda. Dentro de los residuos apareció una tarjeta de teléfono celular, que al ser analizada arrojó un rastro de huella dactilar de uno de los prófugos.

Así, el martes los policías entraron a la residencia de calle Bogotá cerca de las 7.00 y realizaron las detenciones. Los detectives se dieron cuenta de que la casa funcionaba como un especie de centro cultural dedicado a la exploración de raíces ancestrales. Notaron, además, que Luis Tralcal y José Tralcal viajaban solo con una mochila y con sus cédulas de identidad.

Además, realizaron la incautación de 10 teléfonos celulares y un computador que se encontraban en el domicilio. Esto será el punto de partida de la nueva investigación que se abre en el caso: quiénes y cómo recibieron ayuda los comuneros para concretar la fuga.

Al respecto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, indicó que "la investigación de quienes estuvieron detrás de la protección de estas personas es un desafío para la Fiscalía Sur, como también para la

Fiscalía de La Araucanía, que ha seguido indagando el caso Luchsinger".

En esta arista, una primera sospechosa es una mujer de iniciales T. M. y quien cuidaba el centro cultural. Según la información que ha recabado la policía civil, esta persona tiene antecedentes penales por falsificación de documentos.

Otro objeto de investigación es el dueño del inmueble, C. W. C., quien abandonó el lugar la noche anterior a que ocurriera el allanamiento. Según trascendió, se trataría de un profesor de educación física que trabaja con un grupo folclórico.

Respecto al financiamiento, fuentes indicaron que este habría sido menor, ya que los prófugos se alojaban en lugares retirados y que de preferencia no tuvieran como giro la hotelería.

Ewald Lushsinger, dirigente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural y sobrino del matrimonio fallecido, dijo que "evidentemente no estaban solos. Aquí hay una red de medios y protección importante, que habría que intentar dilucidar".