La resolución judicial data del 13 de octubre y fue emanada por el Juzgado de Garantía de Temuco. El escrito, dirigido a ambas policías, daba cuenta de la orden de detención que se dictaba contra los primos Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche, luego de que la Corte Suprema los condenara a 18 años de presidio por el incendio intencional en que falleció el matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivian Mackay, en enero de 2013, en la comuna de Vilcún.

Pasaron 10 días y recién el martes pasado un equipo de la PDI, que contó con la colaboración de Carabineros, acudió hasta la residencia de Tralcal Coche en el sector de Padre Las Casas para arrestarlo. En el lugar se encontraron con dos mujeres, quienes aseguraron que el comunero abandonó el inmueble cuando se conoció la sentencia de la Corte Suprema, el pasado 10 de octubre, y que no dio cuenta del lugar al que se dirigiría.

Así, se convirtieron en dos las personas que se encuentran prófugas por este caso. Luis Tralcal Quidel hace cinco meses que no ha sido ubicado por la policía, luego de que se ausentara a la última etapa del juicio oral en su contra.

Ante esta situación, este miércoles aparecieron las primeras voces intentado explicar qué generó esta situación y sobre quién recae la responsabilidad. Fuentes de la causa indicaron que fueron dos los momentos clave: cuando, en el segundo juicio, el tribunal se negó a dictar la prisión preventiva contra los imputados, pese a que arriesgaban cadena perpetua, y el tiempo que pasó entre que el tribunal dictó las órdenes de detención y las policías acudieron a buscar a José Tralcal Coche.

Otro elemento de esta ecuación, según indicaron conocedores de la causa, sería que la policía no habría realizado el control del arresto domiciliario de una manera periódica. La Tercera preguntó a Carabineros cuándo fue la última vez que realizaron esta diligencia, pero no se pudo obtener la información oficial. Sin embargo, trascendió que la última visita policial al domicilio del condenado ocurrió a fines de junio pasado.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, abordó esta situación e indicó que "es responsabilidad de las policías lograr la ubicación de estas personas y, hoy por hoy, más temprano que tarde, las personas van a tener que ser detenidas. Hoy es muy difícil mantenerse mucho tiempo fuera del alcance de la ley". La máxima autoridad del Ministerio Público también aseguró que "esto se pudo haber evitado, si es que las personas hubieran tenido algún tipo de seguimiento especial, pero eso también significa vulnerar los derechos de las personas cuando están en libertad y, en consecuencia, lo que hay aquí también es un desafío para las policías de poder ubicar a las personas que están actualmente prófugas".

Por otro lado, el vocero de la Fiscalía de La Araucanía, el persecutor Roberto Garrido, también apuntó al rol de las policías: "Los fiscales no ejecutan materialmente las órdenes de detención. Esta es una función que corresponde en términos exclusivos a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI)". Agregó que sobre Tralcal Coche "no hemos tenido, hasta ahora, noticias de un incumplimiento de medida cautelar".

Para el abogado querellante del caso, Carlos Tenorio, "respecto de Luis Tralcal Quidel, quisiera hacer una precisión: me parece que la responsabilidad es más atribuible al Poder Judicial, porque en las audiencias donde se discutieron las cautelares hicimos ver el evidente peligro de fuga que existía".

Tenorio agregó que se deben "adoptar toda clase de decisiones, con la finalidad de que se dé cumplimiento a la sentencia. Si eso pasa por pedir órdenes de captura internacional, por cierto que será requisito".

El intendente de La Araucanía, Luis Mayol, aseguró que "eso es grave, porque demuestra una vez más la falencia que tiene la justicia". Agregó que "sobre Tralcal Quidel, que está desaparecido hace meses, hay presunciones fundadas de que está fuera del país".

Según la autoridad regional, situaciones como esta se generan porque "hay un vacío de legislación", ya que transcurre un tiempo entre que se dicta la condena y se dictan las órdenes de detención para los sentenciados.