El Consejo de Defensa del Estado (CDE) informó la tarde de este martes que resolvió interponer una querella criminal por los delitos de soborno y cohecho por la licitación de luminarias led en la Municipalidad de Puente Alto, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público sobre el llamado caso Itelecom, donde se le imputa a la empresa pagar coimas a funcionarios públicos (entre ellos alcaldes y concejales) para adjudicarse los contratos de mantención e instalación de luminarias.
En concreto, la acción judicial que el CDE presentó ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, se refiere a hechos ocurridos durante los años 2018 y 2019, cuando León Marcelo Lefort -gerente general de Itelecom en ese entonces- “habría concertado con los funcionarios públicos para incurrir en las conductas descritas (soborno y cohecho), ofreciéndoles un beneficio económico para obtener dicha licitación pública”.
Una de las últimas informaciones públicas que trascendió sobre la investigación fue que en la arista que investiga a la Municipalidad de Recoleta, un equipo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI advirtió a la Fiscalía que faltaban una serie de escuchas telefónicas. De ellas, la mayoría corresponde a comunicaciones entre el principal imputado del caso, León Marcelo Lefort, y el alcalde Daniel Jadue (PC), además del abogado personal del edil y dos funcionarios municipales.
El grueso de la investigación que dirige la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla -una de las zonas donde se destapó el caso- sigue bajo reserva por lavado de activos, donde se indaga a 11 municipios como Chillán, Puente Alto, Recoleta, Iquique y Negrete, entre otros.
En la arista de Puente Alto, en julio de 2021, Lefort declaró ante la Fiscalía que efectuó pagos al consejero regional Álvaro Lavín (UDI) para que le ayudara a ganar la licitación en Puente Alto.
Según se expone en la querella que ahora presentó el CDE, los gerentes de Itelecom Ricardo Rodríguez y Pedro Guerra ofrecieron “una cierta cantidad de dinero a Christian Gore Escalante, en su calidad de empleado público, ya que a la época detentaba el cargo de Administrador Municipal y quien, además, fue parte de la Comisión Evaluadora, para que realizara conductas ilícitas con infracción de los deberes de su cargo”.
“Todo lo anterior -continúa el escrito-, con la finalidad de favorecer a las personas jurídicas señaladas en el marco del proceso de licitación llevado adelante por la Municipalidad de Puente Alto para el recambio del alumbrado público a tecnología LED”.
Tras el anuncio del CDE de la presentación de la acción judicial, la Municipalidad de Puente Alto -a cargo del alcalde RN Germán Codina- emitió un comunicado para responder a la arremetida del organismo que preside Raúl Letelier.
En su respuesta, el ente comunal aclara que “seis de las personas que se mencionan en la querella nunca han sido parte de la Municipalidad de Puente Alto” y que “Christian Gore actualmente no trabaja en el municipio ni en ninguna de sus corporaciones”.
“La licitación aludida se desarrolló dentro del marco de la Ley de Compras Públicas. El alcalde Germán Codina solicitó que se adopten las medidas judiciales y administrativas que correspondan para perseguir las eventuales responsabilidades que puedan existir en este caso”, termina el comunicado.