Caso Luminarias LED: las 11 aristas paralelas que lleva adelante la fiscalía

El lunes 30 de abril de 2018, el persecutor jefe de la Fiscalía de Iquique, Gonzalo Guerrero, recibió en su despacho el oficio Nº 0367. En el documento venía una denuncia realizada por el alcalde de esa comuna, el independiente Mauricio Soria, por el eventual delito de violación de secreto. Los hechos, en ese momento, apuntaban a la posible filtración de los documentos “Propuesta Pública Luminaria Led”.

El sábado 23 de junio se despachó una orden de investigar a la PDI. Cuatro días después, a las 12.20 horas, declaró la primera persona en esta incipiente investigación. Lo hizo en calidad de testigo protegido: “Se me indicó que la pareja de una funcionaria en un asado escuchó a unos sujetos indicar que ellos tenían las bases de la licitación y las habían comprado. Yo quedé con la preocupación de que las bases se estaban filtrando, no solo estas sino que quizás todas las propuestas”.

En junio de 2018 esta indagatoria olía mal, pero aún no había noción de los alcances. Un día antes de tomarle declaración al testigo protegido, llegó desde el Juzgado de Garantía de Iquique la orden judicial Nº 283-2018, que daba luz verde a la solicitud hecha por el Ministerio Público y autorizaba interceptar los teléfonos de todos los imputados involucrados. Esa fue la llave que abrió todo.

Lo que vino después fueron meses de escuchas telefónicas. Guerrero fue recabando todos los informes remitidos por la PDI hasta que se dio cuenta que esto era mucho más grande de lo que pensaba. Así, se fueron sumando indagatorias por situaciones irregulares en distintos municipios.

La última de las pesquisas ocurrió el jueves pasado en la Municipalidad de Recoleta, cuando la fiscalía con la PDI allanaron las dependencias del municipio. Todo, en el marco de la indagatoria por la licitación de luces LED realizada en 2018 por más de $ 10 mil millones. Por esta causa, figuran como imputados el alcalde PC Daniel Jadue y quien hasta el domingo era su asesor legal, Ramón Sepúlveda.

En 2020 Guerrero se había alejado de la violación de secreto original y dirigía una indagatoria por cohecho y fraude al Fisco. El Ministerio Público tenía antecedentes suficientes para sospechar de que el caso de corrupción se estaba transformando en algo con alcances nacionales. A inicios de 2020 se estimaba que podría llegar a regiones como la Metropolitana, Maule, Los Ríos, Atacama, Biobío, Los Lagos, O’Higgins, Coquimbo, La Araucanía, Valparaíso, Ñuble, Magallanes y Aysén. En todas, el hilo era el mismo: funcionarios públicos mantenían contactos con la empresa Itelecom para acomodar las bases de licitación de luminarias Led.

De telón de fondo está el imputado León Marcelo Lefort Hernández, el controlador de la empresa. La fiscalía lo sindica por ser quien habría movido las coimas y, presuntamente, sacar provecho de las gestiones de su firma por participar de licitaciones públicas hechas a su medida.

Tanto fue así que el 14 de febrero de ese año se envió un correo a todas las fiscalías regionales, para ponerlas en contacto con el equipo de Iquique y estar al tanto de lo que revelaban las escuchas, para así iniciar las investigaciones pertinentes. Casi cuatro semanas antes, al fiscal nacional Jorge Abbott le llegó desde la Fiscalía Nacional Económica (FNE) una denuncia hecha por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Pese a que Guerrero llevaba más de dos años en esto, el 1 de junio del año pasado, Abbott designó a la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, a cargo de todas las investigaciones que se llevan adelante por licitaciones públicas irregulares de luminarias LED. El fiscal nacional hizo una salvedad. Mansilla se quedaría con todo Chile, excepto Iquique.

Así fue como todas las regiones remitieron a la jefa del Ministerio Público de Ñuble sus indagatorias. Según fuentes de la causa fueron al menos siete, todas desformalizadas. Se trata de las investigaciones que llevaba el fiscal de San Felipe Eduardo Fajardo, el persecutor de Curicó Miguel Gajardo, la fiscal de Puerto Montt Myriam Pérez, el investigador de Puerto Varas Fabián Fernández, el fiscal de Melipilla Nelson Cajas y una indagatoria reservada que tenía en sus manos la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Patricia Cerda. A esa altura, el caso ya contaba con dos querellas del Consejo de Defensa del Estado, una por Chillán y otra por Iquique.

Cerda investigaba la arista que involucra al Ministerio de Energía y a Paul Pacheco, un exfuncionario de la cartera quien está imputado en la causa. El ministerio lo denunció y su nombre también venía en la denuncia de Matthei en la FNE. A él se le indaga por, presuntamente, haber incidido en las bases técnicas de las municipalidades, las cuales estarían hechas en coordinación con Itelecom.

En total, existen investigaciones en al menos 11 municipios. Cada uno se ha convertido en una arista del caso.

Las causas formalizadas, las de Iquique y Ñuble, tienen a varios exseremi y concejales imputados. Además, Lefort cumple prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber hace ocho meses.

A los ilícitos iniciales se sumó además el delito de lavado de activos. En la causa también está en prisión preventiva el alcalde de la comuna de Negrete, Francisco Melo (PPD), por cohecho y violación de secreto.