Hoy, en en el Séptimo Juzgado de Garantía, se realizó una audiencia para discutir el sobreseimiento del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en el marco de un caso ocurrido el 5 de febrero de 2021, en Panguipulli, en la Región de Los Ríos.
Ese día el sargento de Carabineros Juan González abrió fuego contra un malabarista identificado como Francisco Martínez, quien se abalanzó contra el policía, luego de resistirse a un control. El sujeto mantenía en su poder cuchillos sin filo para realizar malabares en los semáforos. El uniformado fue detenido, pero los tribunales acreditaron que actuó bajo la figura de legítima defensa.
El caso se enmarcó en la investigación que lleva la fiscal Ximena Chong, donde acusa a Yáñez por su presunta responsabilidad en la omisión en apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social.
En la audiencia el abogado defensor del jefe de la policía uniformada, Jorge Martínez, especificó que la solicitud se trataba solo del hecho de Panguipulli, conocido como caso malabarista. En esa línea, el legista puntualizó en que el hecho ocurrió dos años después del estallido social, del 18 de octubre de 2019.
Así las cosas, tras una hora y media de audiencia, la jueza Marcia Figueroa decretó el sobreseimiento definitivo parcial del general Yáñez en esta causa, descartando que se tratara de un crimen de lesa humanidad. “No hay un ataque generalizado y no responde a una conducta sistematizada del Estado por estos agentes”, dijo la jueza.
Tras la audiencia, el abogado defensor explicó que el caso partió con una querella interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que calificó el hecho como subyacente a un delito de lesa humanidad. “Ellos vincularon el hecho de Panguipulli con la existencia de los requisitos de lesa humanidad, lo que jurídicamente es absolutamente incorrecto, ya que el hecho fue totalmente aislado y ocurrió dos años después del estallido social”.
