Los denunciantes del denominado caso Maristas interpondrán durante los próximos días una demanda civil en contra de la congregación del mismo nombre y el colegio perteneciente a ella, el Instituto Alonso Ercilla, donde habrían ocurrido los eventuales abusos. Esta semana se darán a conocer los detalles de la acción judicial.
"Le hemos encargado a nuestros abogados todas las acciones que busquen verdad, justicia y reparación. La verdad llegó con el informe canónico a la justicia, y la reparación, tal como nos conminó monseñor (Charles) Scicluna, llegará por la vía de la acción civil. Esperamos que los Maristas no actúen como actuó la Iglesia de Santiago con el caso Karadima, dilatando durante años el proceso, y tomen como ejemplo a monseñor (Celestino) Aós", afirmó Isaac Givovich, uno de los denunciantes del hermano marista Adolfo Fuentes.
Entre los antecedentes que tanto denunciantes como abogados manejan está el expediente canónico, elaborado por el sacerdote David Albornoz. Por ejemplo, en la página 433 de dicho documento se detalla respecto del denunciado una síntesis de la personalidad, conclusiones y sugerencias: "Es conveniente que no trate con niños ni adolescentes, ni acompañamiento a adultos debido a la pérdida de límites corporales, de identidad e intergeneracional con otros. La personalidad de Adolfo es incompatible con la vida religiosa y el apostolado a personas vulnerables".
Además, en las conclusiones se explica que "concluyo con certeza moral, que las denuncias formuladas contra el Hno. Adolfo Fuentes son ciertas y que efectivamente ocurrieron transgresiones de límites corporales gravísimos en estos dos denunciantes: Givovich y Espinoza, cuando eran menores de edad, lo que les ha provocado un daño psicológico y espiritual que se prolonga hasta el día de hoy".
Desde la congregación de los Hermanos Maristas señalaron que esperarán conocer el contenido de estas acciones legales antes de referirse al respecto.
El Caso Karadima
El pasado 27 de marzo se conoció el fallo de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago contra el arzobispado capitalino, en que se ordenó el pago de $ 100 millones a cada una de las víctimas de Fernando Karadima: James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo. La Iglesia santiaguina, bajo la administración del obispo Celestino Aós, decidió acatar y no apelar a la resolución.
Luego de conocerse dicha decisión, diferentes denunciantes de miembros de la Iglesia a lo largo de Chile están evaluando presentar acciones civiles en contra de las instituciones religiosas respecto de sus casos.
En Valparaíso, los denunciantes Mauricio Pulgar, Marcelo Soto, Marcelo Rodríguez, Gustavo Donoso y Sebastián del Río, se están asesorando por un estudio de abogados, y de momento están revisando las investigaciones canónicas de cada caso.
"Se lo entregamos todo a un estudio de abogados, no sabemos cuándo, pero se están estudiando todos los antecedentes y viendo el mérito que tiene cada una de las denuncias que hemos presentado", afirmó Del Río.
En tanto, los denunciantes de miembros de la Compañía de Jesús informaron que se encuentran definiendo cómo enfrentar en conjunto las distintas situaciones que denuncian.
