Treinta minutos exactos duró la declaración que hoy ofreció Marco Enríquez-Ominami en el contexto del juicio en su contra por el caso OAS, donde el Ministerio Público indaga aportes económicos de la firma brasileña a su campaña en 2013. Causa penal que se inició luego que La Tercera revelara el uso de un avión facilitado por la constructora involucrada en un escándalo de corrupción en Brasil.

“Hace casi 7 años un grupo de adversarios, antagonistas, diputados seguidores del entonces candidato Sebastián Piñera, en 2016 elevaron una denuncia con gran publicidad respecto del uso de un chárter no declarado durante la campaña presidencial del año 2013. En 2013 fue la campaña presidencial en Chile de la cual fui uno de los nueve candidatos presidenciales. Hace poco cumplí 48 años y las denuncias, si se refieren a hechos, fueron cuando yo tenía 40. Casi una década después, agradezco y valoro la posibilidad de defender mi total y absoluta inocencia frente a un tercero imparcial, a un jurado. Han sido años durísimos y aprovecharé cada minuto de este juicio para demostrar mi total y absoluta inocencia”, comenzó diciendo el líder el Pro en su declaración voluntaria, con la que renunció a su derecho a guardar silencio.

El también cineasta acusó “doble estándar” en la acusación del Ministerio Público debido a que en 2016 la fiscalía recibió otras denuncias, pero no habría perseverado en las investigaciones. En esa línea, dijo que la fiscalía recibió la denuncia del uso de otro chárter, no declarado, para la campaña presidencial de 2013, esta vez de Evelyn Matthei. “Lo primero que hizo la fiscalía inmediatamente fue citar, investigar, interrogar al administrar electoral (...). ¿Qué hizo la fiscalía?, interrogó y consideró que evidentemente el uso de un chárter no declarado, donado por una minera chilena, una gran empresa minera... le pareció lógico cerrar la investigación y unilateralmente sobreseer al administrador electoral. Pero no solo eso, sobreseyó también a la candidata Evelyn Matthei porque estableció que los candidatos no tienen por qué saber si tienen responsabilidad penal el administrador electoral, en este caso el hermano de la candidata”.

Asimismo, dijo que ese mismo año, 2016, la fiscalía recibió otra denuncia, esta vez contra Michelle Bachelet. La denuncia se refería a dos facturas por una empresa “creada días antes de la campaña presidencial de 2013 por 500 millones de pesos en publicidad, por una mujer sin título académico, esposa del señor Carcavilla, publicista de Bachelet. ¿Qué hizo el Ministerio Público?, atendió el argumento del jefe de campaña, Rodrigo Peñailillo, que declaró estando aprobada esa rendición por el Servicio Electoral, aunque era raro, 500 millones de pesos en una persona que no había trabajado en la campaña o al menos no tenía ninguna experiencia conocida en publicidad, que no se podía seguir investigando. Mismo año, misma campaña, mismo cargo”.

También en 2016, dijo el acusado, el Ministerio Púbico recibió una denuncia por posible financiamiento irregular de campaña contra el hoy Presidente Sebastián Piñera. ME-O dijo que la fiscalía citó y formalizó a su administrador electoral, Santiago Valdés. Tras ello, según sostuvo ME-O, la fiscalía afirmó que “el candidato Sebastián Piñera no podía estar al tanto ni tenía responsabilidad penal por estos hechos”.

En esa línea, el líder del PRO cuestionó: “No encuentro explicación de por qué el Ministerio Público, con esta cantidad enorme de fiscales dedicados, con esta cantidad de años, nunca quiso citar, oír, interrogar a Carlos Muñoz”, su exadministador electoral.

Con esos argumentos, ME-O señaló que la fiscalía ha tenido “visión de túnel” hacia su persona. “Persiguen a la persona, no a lo que hice. El que fui, no a la campaña, una visión sesgada respecto de mí”.

“A partir del año 2016 fui el primer candidato a Presidente de la República, y el primer candidato de los miles que ha tenido en esta democracia, en ser investigado, formalizado, acusado para hacerse cargo de posibles hechos ocurridos en la campaña presidencial tres años antes. Ese año, no solo soy el primero, soy el único”, argumentó.

“La acusación carece de lógica, es contradictoria, no logra explicar por qué, si hubiese cometido lo que ellos suponen que hice, entonces todos los demás son culpables. Yo no soy abogado, soy licenciado en filosofía de la Universidad de Chile y aprendí algo que se llama la lógica. Si yo cometí ese delito, quiere decir que también lo cometieron otros y los estaríamos injustamente tratando en esta sala”, agregó.

“Aunque sea absuelto, y estoy seguro de que así será, no tendré nada que festejar, ya fui condenado por la opinión pública”, agregó.

Juicio

Luego de su declaración, Enríquez-Ominami y sus abogados defensores enseñaron imágenes y documentos con los que buscan acreditar ante el tribunal la participación de parte de su equipo.

Esto, debido a que la fiscalía lo acusa de rendir ante el Servel gastos electorales supuestamente irregulares por trabajos que no se habrían realizado. Los gastos de su campaña presidencial por $ 170.800.000 y, por su partido, el PRO, por $ 180.000.000, todas supuestamente justificadas por labores publicitarias de la empresa de su estrecho colaborador, el también imputado Cristián Warner.

Uno de ellos fue el publicista brasileño José Cavalcanti de Mendoca, conocido como Duda Mendonca, quien, de acuerdo a lo expuesto por ME-O, realizó diversas labores para su campaña presidencial de 2013, como 10 jingles publicitarios, más de 300 videos y otros trabajos publicitarios.

“Afirmar que Duda Mendoca hizo un video y que no trabajó, primero no lo pueden demostrar a pesar de los seis años de investigación que quisieron postergar varias veces, no pudieron porque Duda Mendoca trabajó, como queda demostrado aquí y se seguirá demostrando largamente durante este juicio”, afirmó el líder del PRO.

“El tribunal puede chequear que no solamente Duda Mendoca trabajó sino que fue pagado en debida forma, como corresponde y como consta como evidencia en la carpeta. Y también sabe la fiscalía que no me quedé con ningún peso en ninguna de mis cuentas bancarias personales”, agregó.

El avión

Respecto al avión privado cuestionado, que habría sido facilitado por la empresa OAS, declaró: “Se usó un chárter privado en 2013, que claramente se cometió un error, no se declaró y, al igual que Evelyn Matthei, actué de buena fe”. Sobre si se pagó algún monto por el avión, dijo: “Yo puedo asegurar que se facilitó un avión, que usé un avión, que quienes tenían que ver los detalles no lo rindieron. Eso es lo que puedo asegurar”.

Sobre este punto, ya en 2019 el Ministerio Público había señalado que la mención al avión solo tiene objetivos de contexto y no de imputación penal.

Sobre cómo se consiguió el avión, afirmó: “El encargado de campaña, Cristián Warner, se ofreció y facilitó un avión, que a su vez le facilitaron con la condición de después ver los detalles. Yo actué, al igual que mis contendores, asumiendo que el equipo encargado tendrían que ellos asumir la responsabilidad de cómo se traducía esa facilitación en la campaña presidencial de 2013″.

Requerido sobre si en estos años ha prestado declaración ante el Ministerio Público, dijo: “No, no declaré porque no confío en la fiscalía. Preferí esperar todos los años que hagan falta para poder defenderme frente a un tercero imparcial, a un tribunal. No confío en la fiscalía porque esta fiscalía ha participado en métodos que me parecen extrajudiciales con filtraciones ilegales, que podré demostrar una por una, que me parecía que atentaban contra el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia”.

“No confío en la fiscalía porque creo que su acusación carece de lógica, carece de consistencia y es contradictoria”, agrego.

De acuerdo a lo fijado hoy, este viernes ME-O respondería preguntas de la fiscalía.