El Juzgado de Garantía de Panguipulli decretó la medida de arresto domiciliario total -por el delito de homicidio simple- para el funcionario de Carabineros Juan González Iturriaga, quien el pasado viernes 5 de febrero dio muerte al malabarista Francisco Martínez en un incidente registrado en la ciudad de Panguipulli, en la Región de Los Ríos.
Asimismo, decretó cuatro meses para la investigación de los hechos.
El tribunal dio por acreditada la investigación por homicidio simple, solicitada por la Fiscalía, ya que, aunque indicó que el elemento utilizado como arma revestía un “carácter potencialmente letal”, que habilitó al funcionario a hacer uso de su arma de servicio, el tribunal determinó que el último disparo realizado por el funcionario, que impactó en el tórax de la víctima y que fue el causante de su muerte, fue “innecesario” ya que el afectado ya se encontraba desestabilizado por los dos disparos anteriores que había recibido en sus piernas.
“El último disparo percutado no se encuentra amparado por el derecho y constituye un exceso policial en el uso de la fuerza”, indicó el magistrado del Juzgado de Panguipulli.
Asimismo, descartó la solicitud de homicidio calificado con alevosía realizado por querellantes particulares, por lo que “la prisión preventiva resulta excesiva”.
Querellantes particulares y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizaron una apelación verbal contra el fallo que negó la prisión preventiva, lo que deberá ser visto por la Corte de Apelaciones de Valdivia.
La audiencia
Durante la audiencia, el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, afirmó que en la trifulca hubo 6 disparos y que el último, al corazón, fue injustificado y le provocó la muerte al malabarista.
Uno de los abogados querellantes, Rodrigo Román, pidió su prisión preventiva y señaló que lo ocurrido es un homicidio calificado. Habló de que lo acontecido fue “una ejecución extrajudicial”, y no un homicidio simple. Además, habló de que hubo alevosía y de que la víctima no tuvo posibilidad de defenderse. Por eso, pidió prisión preventiva.
El INDH, mediante la abogada Elisabeth Matthei, apeló a que no existió legítima defensa, que fue un delito “extremadamente grave”, y acusó que si bien existen protocolos de Carabineros para efectuar controles “el imputado decidió ignorarlos”.
Por su lado, el abogado defensor señaló que el carabinero actuó en legítima defensa, y declaró que los funcionarios quisieron ayudar a la víctima en el lugar, pero que fue imposible debido “atendido al estado de exaltación que existía al momento de los hechos y lo difuso de estos”.
Además, el jurista indicó que a su juicio, el carabinero usó el arma como último recurso tras ser atacado. “Cumplió con la verbalización y lo único que le quedaba era el arma de fuego. Porque eso es lo que le da el Estado”.
El sábado, el tribunal decretó la ampliación del plazo de detención del uniformado, hasta este lunes.
