Caso Riggs II: la ruta de los dineros ilegales de Pinochet y la batalla del CDE por recuperarlos

Como una sentencia “histórica” se calificó en su momento la resolución que la Corte Suprema dictó el 24 de agosto de 2018 en relación con el denominado caso Riggs. Ese día, la sala penal del máximo tribunal acogió un recurso presentado por la abogada María Inés Horvitz, consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), y condenó a tres militares en retiro por malversación de caudales públicos, ordenando, además, el comiso de US$ 1.621.554,46 de los bienes de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte o de alguna de sus sociedades. La noticia fue ampliamente difundida y celebrada, pero ahora los abogados del organismo presidido por Juan Peribonio apuntan a repetir la hazaña y recuperar el resto del millonario botín que fue obtenido de forma ilícita por el fallecido dictador.

Aunque han sido casi cuatro años de arduas diligencias en el 7° Juzgado Civil de Santiago para dar con el paradero de esos millones extraídos desde arcas fiscales por autorización de Pinochet Ugarte, esta arista del caso -que se originó cerrado el juicio penal por las 125 cuentas que el excomandante en jefe del Ejército y sus colaboradores mantenían ocultas en el Banco Riggs de Washington, Estados Unidos- se acerca a su fin, al menos en primera instancia.

Así, el CDE espera luz verde para rematar en favor del Estado 23 inmuebles y tres autos. Se trata de tres departamentos en Iquique, dos en Vitacura, uno en Valparaíso, uno en Viña del Mar, una parcela en Quillota, siete estacionamientos y cinco bodegas. Además, está la parcela y casona que la familia posee en el sector de El Melocotón, en San José de Maipo, que arriendan a la Universidad San Sebastián desde 2009 y que tiene un avalúo fiscal de $ 648.514.283, y el fundo Rupumeica Hueinahue, ubicado en Lago Ranco, comuna de Río Bueno, y que está avaluado en $ 1.539.006.867.

En cuanto a los vehículos, se detalla que corresponden a un Ford Ranger, un BMW X5 y un Chevrolet Optra.

Al ser consultado por La Tercera respecto de las motivaciones para continuar con las gestiones, Juan Antonio Peribonio destacó que “bajo la dirección, en un comienzo, de la consejera María Inés Horvitz, quien tuvo a su cargo el proceso penal y, actualmente, de los abogados litigantes de la Procuraduría Fiscal de Santiago, María Eliana Ricke y Jorge Escobar, hemos analizado y emprendido las acciones civiles necesarias para resarcir los recursos públicos malversados que quedaron fuera, porque estamos conscientes de la importancia que este proceso tuvo y continuará teniendo para Chile, para su memoria histórica y, a partir de ella, también para su devenir futuro”.

En medio del caso Riggs se pudo acreditar que el perjuicio ocasionado por el militar y sus colaboradores ascendía a US$ 17,8 millones y fracción, pero la Suprema sólo accedió al comiso de los bienes que habían sido objeto de medidas cautelares reales hasta por US$ 1,6 millones.

Eso sí, como en el fallo los ministros también zanjaron que los cuestionados dineros no estaban justificados con fuentes lícitas y que “sólo podrían provenir de gastos reservados”, concluida la arista penal, en septiembre de 2018 el consejo presentó ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago una petición para retener los citados inmuebles y los mencionados depósitos. El tribunal concedió las medidas de retención solicitadas y decretó la prohibición de celebrar actos y contratos sobre ellos, lo que se mantiene hasta hoy.

Un mes más tarde el organismo presentó una demanda por provecho del dolo ajeno en contra de los herederos testamentarios del exgeneral, estimando que al haber fallecido, el patrimonio obtenido ilegalmente por él, en ningún caso queda “saneado”. Así las cosas, la entidad solicitó se condene a los herederos a pagar al Fisco US$ 16.244.768, o sea, la diferencia entre el perjuicio total y el monto recuperado anteriormente. Esto, porque aunque no se acreditó que los hijos o su cónyuge participaran en los ilícitos de malversación, son destinatarios de un provecho económico que es fruto de una conducta delictual plenamente demostrada, según se indica en las argumentaciones del CDE.

Los 16 herederos que incluyó el otrora general en su testamento -sostuvieron desde el organismo- deben pagar “el total del provecho que recibieron como consecuencia de los hechos dolosos cometidos por Augusto Pinochet Ugarte”. Esto, porque en su calidad de sucesores -como se complementó en la acción- “han incorporado a sus patrimonios individuales aquellos bienes corporales e incorporales que conforman la masa hereditaria y, además, reciben el provecho de aquella porción de bienes que quedaron excluidos del comiso parcial decretado por la Corte Suprema. Ellos poseen un título para recibir ese provecho, pero se trata de un título ilegal e injusto: obtener los beneficios de la actuación delictual del causante, perjudicando con ello el patrimonio del Estado y, así, de todos los chilenos”.

Cabe mencionar, en ese sentido, que la demanda no persigue los patrimonios personales de los herederos, sino que los montos que Pinochet malversó. Por eso, recalcan desde el CDE, es importante la apertura del testamento de Lucía Hiriart, ya que a través de ese documento -que permanece en una bóveda del Banco Chile- se determinará cómo se distribuye la herencia que el fallecido dictador dejó y la parte que corresponde a cada uno, puesto que hasta antes de su deceso la viuda era poseedora del 51,79% del total.

Esa solicitud se hizo el pasado 10 de junio por la procuradora fiscal de Santiago, Ruth Israel López, y por medio de la misma se pide citar a audiencia al notario Humberto Quezada Moreno y a los testigos que tomaron parte en su otorgamiento, “a fin de que reconozcan ante US su firma y la de la testadora y, además, declaren acerca si el sobre que lo contiene está cerrado, sellado o marcado, como lo estaba en el acto de entrega”.

De acuerdo con lo expuesto por el presidente del CDE, la entidad ha apoyado “desde el principio el avance de la justicia en este proceso emblemático, lo que, en sus comienzos, parecía imposible de lograr. La histórica sentencia dictada el 24 de agosto de 2018 por la Suprema puso término al juicio penal y acogió el recurso de casación en la forma deducido por el consejo, condenando a tres colaboradores del exgeneral”.

“Precisamente, acogiendo los argumentos del consejo, la Corte Suprema señaló que era imposible desconocer que en el proceso existía evidencia probatoria más que suficiente para demostrar que el general Pinochet incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos y, en este escenario procesal, era posible colegir que los bienes individualizados en el fallo de primer grado podían considerarse como los efectos o producto de la perpetración de sus conductas delictuales cometidas en perjuicio del erario nacional”, subrayó Peribonio.

Así, desde el CDE también destacan que en 2020 se accedió a la solicitud que hicieron para poner a disposición de la Corporación Administrativa del Poder Judicial el resto del dinero no decomisado, pero retenido en el tribunal, en conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal.

En contra de esta resolución, la defensa de Lucía Hiriart interpuso un incidente de nulidad que fue rechazado, pero aún resta que se resuelva un recurso de apelación por parte de la corte.

En medio de sus labores, el CDE también logró la recuperación de 88 inmuebles de origen fiscal y de 24 de origen particular que se consideraban como “patrimonio” de Cema Chile, fundación que encabezó Lucía Hiriart. Como destacan desde el organismo, en términos patrimoniales, considerando sólo el avalúo fiscal de los bienes, los recursos recuperados rondan los $ 9 mil millones.

En paralelo, emprendieron acciones para recuperar el patrimonio de fundaciones vinculadas a la entidad que encabezó la viuda del exgeneral. Así, recuperaron activos pertenecientes a la Fundación de Apoyo Social (FAS), estrechamente vinculada a Cema. Lograron su disolución y que “Señoras del Ejército de Chile”, organización que por estatutos debía recibir el patrimonio, los cediera en favor del Estado.

Entre los bienes de FAS se contaba la icónica casona de Av. Bilbao, en la comuna de Providencia, sede central de Cema, cuyo avalúo comercial asciende a más de $ 800 millones.

Dado que FAS poseía, además, cuantiosos instrumentos financieros, las diligencias del CDE también continúan en línea con traspasarlos al Fisco.