Este lunes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reasignó a la jefa regional del Ministerio Público de Los Ríos, Tatiana Esquivel, una arista del caso Tomás Bravo, menor de tres años y siete meses que fue reportado como desaparecido el 17 de febrero de 2021 -en el sector de Caripilún- y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida tras nueve días de búsqueda, a dos kilómetros de su hogar.
En lo principal, se trasladó la causa desde la fiscalía regional de Biobío a la jurisdicción de Los Ríos, en base a la querella por sustracción presentada por Estefanía Gutiérrez, madre de la víctima.
Dicha resolución tendría como objetivo “asegurar una gestión más especializada de la investigación, considerando la gravedad de los hechos denunciados y la complejidad del caso”, de acuerdo a un comunicado de la Fiscalía Nacional.
El ente persecutor informó que “la responsabilidad de dirigir la investigación fue para la recién designada fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien asumirá la conducción de la investigación, ejercerá la acción penal según sea necesario y proporcionará protección a las víctimas y testigos según las circunstancias lo requieran”.
Asimismo, se indicó que Esquivel dispondrá del respaldo de fiscales adjuntos designados, “manteniendo una estrecha colaboración y coordinación con la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional”.
Cuestionamientos a fiscal Cartagena
Cabe recordar que, la causa originalmente era liderada por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena quien había sido cuestionada por un grupo de parlamentarios por supuesta “falta de prolijidad” en el caso, los que por medio de un requerimiento solicitaron a la Corte Suprema remover a la persecutora de la investigación por la extraña muerte del niño.
Precisamente, en mayo el pleno del máximo tribunal del país decidió declarar inadmisible la solicitud, ya que, a juicio de la mayoría de los integrantes del máximo tribunal, el libelo no cumplía con las exigencias dispuestas en el artículo 53 de la Constitución que regula en qué escenarios un fiscal regional puede ser removido: por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
No obstante, los legisladores repusieron en junio la solicitud, estimando la Suprema que esa nueva acción sí cumplía con los requisitos que exige la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público 19.640, para acoger a trámite la petición para sacar del cargo a la persecutora que el anterior fiscal nacional, Jorge Abbott designó para liderar la investigación del caso por la desaparición y muerte de Tomás Bravo.
Pese a ello, la semana pasada, el referido tribunal rechazó la petición, señalando que “los solicitantes no aportaron pruebas para sustentar sus afirmaciones”.