Una nueva audiencia se realizó este jueves en el Juzgado de Garantía de Arauco en el marco del caso que investiga la muerte de Tomás Bravo, menor de tres años y siete meses, que fue reportado como desaparecido el 17 de febrero en el sector de Caripilún, Lebu, y cuyo cuerpo fue encontrado a dos kilómetros del predio tras nueve días de búsqueda.
En la audiencia se discutió la solicitud de sobreseimiento del tío abuelo del niño, Jorge Escobar, planteada por su defensa. Asimismo, se debatió el cierre de la investigación y un posible aumento de plazo para la indagatoria, requerido por el Ministerio Público.
Al iniciar la discusión, la fiscal Marcela Cartagena solicitó que la audiencia no fuera transmitida lo que fue acogido por la jueza Perla Roa Borgoño. La fiscal dijo que se enseñarían “elementos, desde lo que vamos a decir y desde lo que vamos a mostrar, que son muy fuertes para ser exhibidos a nivel públicos, creemos que hay cuestiones que no deben ser exhibidas y que no deben serlo para proteger la dignidad de este niño y su familia”.
“Hemos estado en otras audiencias donde a veces se corta la imagen y luego se vuelve y se hacen estas interrupciones. Creemos que esto va a atrasar mucho el asunto, porque vamos a estar permanentemente pidiéndole ‘me voy a refiere a un antecedente’, ‘apague la cámara’, ‘baje la transmisión’. Creemos que eso va a ser muy desafortunado, incluso para su propia comprensión y convicción, su señoría”, dijo la fiscal.
El abogado defensor Pedro Aguilera rechazó esta solicitud, señalando: “Concordamos con que hay que proteger la honra e integridad de quien figura como víctima; sin embargo, creemos que dada la naturaleza del proceso, se transmitió en un principio la formalización, el control, los alegatos en la Corte, poco y nada queda de cosas que no se puedan informar o que no puedan ser de público conocimiento”. El legista pedía que se continuará con la transmisión y “al momento de existir alguna antecedente que pudiese ser vulnerario se suspenda, tanto la imagen como el audio, es decir la transmisión de manera completa”.
Con todo, la jueza decidió que la transmisión fuera cortada. Junto a ello, prohibió a los intervinientes y abogados entregar información a los medios que “vulneren la dignidad e intimidad de la víctima y víctimas indirectas de la presente causa”.
Tras cerca de siete horas de audiencia, el tribunal rechazó sobreseer al tío abuelo. Junto a ello se decretó ampliar el plazo de investigación por seis meses. “Esto, considerando que está pendiente la realización de múltiples e importantes diligencias, varias de las cuales dicen relación, específicamente, con la persona que está formalizada”, informó la fiscalía del Biobío.
Por su parte, el abogado defensor Cristián Sleman señaló que no apelarán de la resolución. “Hemos constatado que la investigación tiene cursos distintos a los originalmente informados. Se van a abordar hechos y antecedentes que superan el hecho de la formalización, lo que a nuestro juicio vulnera una importante garantía de defensa, que es conocer los hechos por los cuales uno está formalizado justamente para poder defenderse. A pesar de estas circunstancias, hemos decidido no apelar de la resolución para efectos de esperar los resultados de esas diligencias investigativas y ver las acciones a seguir en particular. Siempre nos queda a salvo solicitar el sobreseimiento definitivo en la medida que nosotros consideremos que eso pueda concurrir”.
En abril se conocieron las conclusiones de un informe del Servicio Médico Legal, donde se señaló que el niño murió por hipotermia e inanición. En ese entonces la fiscalía dijo que las conclusiones eran “precipitadas”.
Luego, en junio, la fiscal Cartagena citó a la familia del niño para informarle que nuevas pericias realizadas por la PDI: estas consistían en el hallazgo de fluidos en la ropa del menor, que darían cuenta de un ataque sexual previo a su fallecimiento.
