Caso tsunami: La investigación penal que terminó con “disculpas públicas” de funcionarios del gobierno de Bachelet y sin condenas

Poco más de seis años habían transcurrido del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010 cuando altas autoridades públicas entraron al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para asumir la responsabilidad que les cabía en las decisiones políticas tomadas en medio de la emergencia.

Fue la exfiscal regional de la zona Occidente Solange Huerta, quien, por decisión del fiscal nacional Sabas Chahuán, dirigió una extensa investigación que luego cambió de manos una vez que la abogada terminara su periodo de ocho años como persecutora.

Fue así como la causa pasó a manos del fiscal José Luis Pérez Calaf. Conocedores de este emblemático caso judicial recuerdan que Huerta llevó una “acuciosa” investigación junto a la PDI y que su propósito era terminar en un juicio oral. En el marco de esas diligencias fue que tomó la declaración de la propia Presidenta Michelle Bachelet.

Pero el cambio de persecutor llevó a que la causa penal tuviera un final muy distinto al que pretendía Huerta, quien lideró la persecución de negligencias que costaron cientos de vidas tras el megaterremoto.

Era comienzos de marzo de 2016 cuando Pérez Calaf transparentaba que -tras estudiar los antecedentes- había decidido proponer la suspensión condicional del procedimiento y no llevar a juicio a los imputados: el exsubsecretario del Interior Patricio Rosende, la exdirectora de la Onemi Carmen Fernández; el exjefe del Centro de Alerta Temprana Johaziel Jamett; y a los exfuncionarios del SHOA, Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina.

“Gracias a la investigación acuciosa y profunda que se realizó en torno a este caso, se pudo alcanzar a la convicción de la ocurrencia de ciertos hechos que se consideró necesario someter al conocimiento de un Tribunal, lo que no se contradice de manera alguna con la posibilidad de una solución no exclusivamente penal, tal como lo contempla nuestra legislación”, argumentaba Pérez Calaf.

El fiscal defendía su decisión en que el ordenamiento jurídico no solo comprendía responsabilidades penales, sino que también civiles, por lo que deberían pagar multas para 104 víctimas, las cuales se fijaron en orden a su cargo. La más alta fue la de Rosende ($ 80 millones), seguido de la de Fernández ($ 40 millones).

Las disculpas públicas fueron parte del acuerdo. “Creo haber hecho lo humanamente posible dadas las condiciones que existían en ese momento para enfrentar la mayor catástrofe que ha conocido Chile en magnitud, proporción y población afectada”, dijo Rosende. Por su parte, Fernández, entre lágrimas, manifestó: “Hasta hoy con muchas razones vivo esta pesadilla con dolor e impotencia junto a ustedes”.

Quienes recuerdan la causa madre del 27/F, comentan que la extensión de la misma jugó en contra de las pretensiones penales de los querellantes. Esto, debido a que la prolongación terminó con empalmar con la salida de la fiscal Huerta.

Es el caso del abogado Alfredo Morgado, quien representó a 15 familias en la causa penal y a 74 en materia civil. Respecto a la decisión del fiscal Pérez, Morgado señala a La Tercera: “Yo me opuse por la gravedad de los hechos, por la cantidad de personas fallecidas, entre otros motivos”. Asimismo, por esos años, los familiares repudiaron la decisión del nuevo persecutor.

Morgado recuerda que el avance de la investigación se vio entrampado por varios hitos. Uno de ellos fue un recurso de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional que presentó en septiembre de 2014 el abogado Gonzalo Medina, quien representó a Mario Andina. Allí el caso se vio detenido. Ello se sumó la renuncia del abogado Carlos Pérez -quien defendía a Johaziel Jamett-, el 14 de diciembre de 2015. Con la llegada de una defensora penal público, el juez otorgó un nuevo plazo para que esta se interiorizara de la causa.

El abogado Gonzalo Medina comenta a este medio que la suspensión condicional “fue lo más adecuado para el caso, sin establecer responsabilidad penal de las personas investigadas, pero dando la oportunidad de escuchar a las víctimas”.

En el mismo sentido, la abogada Paula Vial, defensora privada de Andrés Enríquez, valora cómo terminó la causa: “Me pareció muy buena decisión, fue la que estuvimos empujando y buscando durante muchísimo tiempo”.

“Creo que era la más adecuada, nosotros cuestionamos la responsabilidad de quienes intervinieron en la gestión de un evento tan catastrófico, siendo ellos al mismo tiempo víctimas, porque también lo sufrieron. Entonces, no estábamos de acuerdo en la persecución en los términos en que se había planteado. Y lo que más importaba era la reparación de las víctimas, por lo que yo siempre empujé ese acuerdo y me pareció extraordinario que pudiéramos lograrlo porque llegó así a las víctimas”, agrega Vial.

En una entrevista con La Tercera de 2016, Pérez Calaf defendió su decisión, a la vez que señaló que comprendía las críticas. “Pienso que también hay ciertas críticas desmesuradas que tienen que ver con expectativas que no son realistas”, dijo esa vez.

Varias demandas de familiares de víctimas del 27/F recayeron sobre el Estado en el transcurso de los años posteriores a 2010. Hasta 2020, el Fisco había desembolsado casi $ 6 mil millones en indemnizaciones.

Más de 60 acciones civiles fueron tramitadas en tribunales de las ciudades de Santiago, Valparaíso, Talca, Chillán, Talcahuano y Concepción. Solo en los tribunales de Santiago se presentaron 13 causas. De ellas, hasta 2020, 10 llegaron a su término y el Fisco debió desembolsar $ 3.242.500.000.

Una de las últimas indemnizaciones llegó en 2024, cuando la justicia ordenó a la Municipalidad de Talcahuano pagar $ 2.500.000.000 como indemnización a un grupo de damnificados del terremoto. Según el fallo, la Dirección de Obras no fiscalizó adecuadamente el cumplimiento de las normas antisísmicas y la construcción del edificio Puerto Palos.