En noviembre del año pasado, Leandro Velasco, enfermero del Hospital de Curicó, fue agredido por el familiar de una paciente. El ataque ocurrió luego de que el profesional de la salud interviniera para defender a una kinesióloga de su unidad, a quien un sujeto le había levantado la voz. La situación escaló a tal punto que el individuo incluso sacó un arma blanca para amenazarlo.

“Sentí mucha vulnerabilidad y afectación al darme cuenta de que los familiares de los pacientes se sienten con el derecho de agredirnos verbalmente, a pesar de que nosotros estamos brindando el mejor cuidado y entrega hacia ellos”, cuenta Velasco, quien pertenece a la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (Fenasenf).

Pero el caso de este enfermero no es el único.

Sistema de reportabilidad

Las agresiones dentro de los centros de salud públicos en Chile han ido en preocupante aumento, afectando la seguridad de los funcionarios y creando un ambiente de temor e incertidumbre. Así lo han manifestado los propios afectados. Este tipo de episodios, lejos de ser aislados, se han vuelto cada vez más frecuentes, con casos recientes en comunas como San Bernardo, Puente Alto o Alto Hospicio.

De acuerdo con los datos del Sistema de Reportabilidad de Agresiones al Personal del Ministerio de Salud, durante 2024 se registraron 10.407 agresiones contra funcionarios sanitarios públicos que trabajan en hospitales o centros de Atención Primaria de Salud (APS), lo que representa un promedio de 28,5 incidentes diarios.

De las agresiones registradas, la mayoría correspondieron a verbales, con un total de 7.635 incidentes (73,3%). Los ataques físicos alcanzaron 1.491 casos (14,3%), mientras que aquellos de índole sexual sumaron 287 (2,8%). Además, se reportaron 221 daños contra la infraestructura (2,1%) y 773 episodios clasificados como “otros” (7,4%).

Este problema, lejos de ser nuevo, ha ido en constante incremento año tras año. En 2023, por ejemplo, se registraron 9.727 agresiones a funcionarios públicos de la salud, lo que equivale a 26,6 episodios diarios, un notable incremento respecto a las 6.156 agresiones ocurridas en 2022.

Cifras que han llevado a las autoridades a buscar medidas.

Estrategias integrales en recintos

María Cristina Yáñez, jefa del Departamento de Relaciones Laborales de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, afirmó que “durante 2024 se reforzó el trabajo conjunto entre la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Redes, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad de los establecimientos de salud pública, en particular hospitales y centros de atención primaria, a través de estrategias integrales y pertinentes al nivel de riesgo sociodelictual de los establecimientos, orientadas a fortalecer las capacidades preventivas y de respuesta de estos ante hechos de violencia”.

Y es que además de los ataques verbales o físicos, también han aumentado otros relacionados con la delincuencia. Uno de ellos se registró en septiembre de 2024. Ese día, cuatro individuos armados amenazaron al personal de salud del Cesfam Raúl Silva Henríquez, en Puente Alto, y paralelamente una serie de asaltos afectaron a funcionarios del Hospital El Pino, en San Bernardo. Esto motivó a los funcionarios de salud a exigir más medidas a las autoridades.

Dada esta presión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció el 11 de octubre que se iba a disponer “desde ya” de presencia policial en aquellos centros de salud categorizados con riesgo extremo o muy alto. Eso sí, no fue hasta 46 días después, el 25 de noviembre, que las medidas comenzaron a materializarse en 127 recintos de atención primaria.

A pesar de que las cifras preliminares indican una mejora, según los datos de Carabineros, hasta el 31 de diciembre se registraron 255 casos de violencia en estos recintos, una reducción en comparación con los 300 casos del mismo período en el año anterior.

Gremios de la salud y alcaldes siguen discrepando sobre la efectividad del plan.

Una demanda desatendida

La presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, es crítica y afirma que “por eso hemos estado en paro durante el año 2024, y ahora en marzo también vamos a convocar a un paro. Uno de los principales temas es la violencia, ya que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos de implementar puntos fijos de Carabineros en los lugares con mayor violencia recurrente. Creemos que están en deuda con los trabajadores de la salud, porque la violencia sigue presente en diferentes partes del país. Esto nos genera inquietud y nos preocupa”.

Entre las medidas extras, la Subsecretaría de Redes Asistenciales ha definido, además, un plan de acción en materias de prevención de violencia externa, a implementar durante el año 2025, que incluye una serie de medidas orientadas a mejorar la seguridad en los centros de atención.

Una de las principales iniciativas es el fortalecimiento de las mesas de seguridad instauradas en cada uno de los servicios de salud, y el incorporar criterios de diseño de arquitectura “espacios seguros” o “espacios protegidos” para establecimientos de salud nuevos y existentes.

Estos últimos están orientados a la prevención, mitigación y protección ante situaciones de vandalismo, inseguridad y violencia que puedan afectar la integridad física o psíquica del personal y usuarios y, a su vez, permitan resguardar la continuidad de los servicios de salud en condiciones seguras.