Causas por estallido social experimentan “frenazo” a raíz de la crisis sanitaria

El coronavirus no solo ha tenido impactos sanitarios. La pandemia también ha afectado el sistema de justicia penal. De hecho, cuando comenzaron a aumentar los contagios, la Fiscalía Nacional analizó el tema y envió un correo a sus funcionarios para que tomaran medidas y modificaran sus procesos de trabajo, una decisión que, dicen, ha tenido repercusiones en las investigaciones, sobre todo en las causas complejas originadas durante la crisis social que comenzó el pasado 18 de octubre.

Así, el avance de estas indagatorias ha experimentado una especie de “frenazo”, pues se ha moderado la velocidad con que se estaban tramitando.

Hasta el 31 de enero pasado, el Ministerio Público registraba un total de 5.558 víctimas por presuntas violaciones a los derechos humanos en contexto de violencia policial. Además, existe un gran volumen de casos derivados de las protestas que están vinculados a los daños a bienes, patrimonio y/o infraestructura pública, como, por ejemplo, las quemas a varias estaciones de Metro.

Respecto de las causas por supuestas violaciones a los derechos humanos, está la de Álex Núñez, fallecido en la ex Posta Central luego de ser presuntamente golpeado por carabineros en Maipú el 20 de octubre. En la investigación que lleva adelante el fiscal de Alta Complejidad Occidente, Pablo Sabaj, existe la declaración de un carabinero de la 25º Comisaría de Maipú, que dio a conocer que al interior de la policía uniformada existiría un concierto entre algunos de sus compañeros para tratar de ocultar las circunstancias en que Núñez fue golpeado. Según conocedores de la indagatoria, desde que empezaron los contagios por coronavirus en el país, el Ministerio Público no ha podido citar a gente a la fiscalía. Hace una semana, se le pidió a la PDI que tomara varias declaraciones fuera de Santiago, y que, además, ubicara a una persona. Sin embargo, desde la fiscalía creen que será difícil tener resultados al corto plazo debido a la contingencia.

Una situación similar ocurre en las causas por estos hechos que ve la Fiscalía Sur, como la de los excarabineros involucrados en una golpiza a dos jóvenes en Puente Alto, el 28 y 29 de enero, en el contexto de las manifestaciones en el Metro Protectora de la Infancia.

“En relación a la tramitación de las causas seguidas por derechos humanos, las investigaciones siguen avanzando, pero debido a la contingencia sanitaria los plazos se van a alargar. Ello, debido a las cuarentenas decretadas, a la disponibilidad del mismo personal del Ministerio Público y también en relación a los organismos auxiliares, como el Servicio Médico Legal (SML) o las policías”, dijo el fiscal Christian Toledo, jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Sur.

El persecutor especificó que el Servicio Médico Legal (SML) está reagendando sus horas de atención a las víctimas y “también los policías han tenido una sobrecarga, lo que implica que todas las investigaciones, no obstante que siguen tramitándose, van a tomar un mayor tiempo de tramitación y una demora en el avance de las mismas”.

Otro caso por presunta violencia policial es el de Fabiola Campillay, quien recibió una bomba lacrimógena de parte de carabineros el 26 de octubre en San Bernardo, lo que, a la larga, le causó la pérdida del ojo izquierdo. Sobre esta investigación la fiscal del caso, Paola Zárate, aseguró que “afortunadamente, pese a la situación del coronavirus, se ha podido avanzar en las diligencias más importantes. Las hemos podido realizar, porque no se ha enfermado ninguna de las personas que tenían que participar en las diligencias”.

Según conocedores de la investigación, en el caso de Gustavo Gatica -quien perdió la visión de ambos ojos por impactos de balines de escopetas antidisturbios-, el fiscal Centro Norte, Francisco Ledezma, ha podido continuar con las diligencias, pese a la pandemia.

Desde que comenzó la crisis social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado 1.432 querellas por presuntos delitos ligados a violencia policial. Según el director jurídico del INDH, Rodrigo Bustos, “con la detección de casos de coronavirus se han ido suspendiendo diligencias muy importantes para las causas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo del estallido social, por ejemplo, el Servicio Médico Legal ha ido suspendiendo el examen de Protocolo de Estambul que se realiza a las víctimas de tortura. La fiscalía también ha ido suspendiendo las entrevistas a las víctimas como diligencias de investigación. Se está suspendiendo la gran mayoría de las diligencias presenciales”.

Añadió que “esperamos que este tipo de causas, por la gravedad que tienen, tengan una priorización una vez que termine esta crisis sanitaria”.

Durante las primeras jornadas de manifestaciones se dañaron 79 accesos al Metro: 10 fueron completamente quemadas y 11 de forma parcial. Hoy, hay al menos nueve formalizados (cinco por incendios y el resto por daños) y varios de ellos están en prisión preventiva, como el imputado del incendio en el Metro La Granja y otro de la Estación San Pablo.

En estas causas, los fiscales también reconocen que el coronavirus ha afectado su tramitación. Algunos incluso han buscado otras formas de poder concretar las diligencias sin afectar la salud de las personas. Por ejemplo, el fiscal Centro Norte, José Morales, quien investiga el incendio a la Estación San Pablo, sigue tomando declaraciones por teléfono o a través de videoconferencia.

Por su parte, el fiscal Sur, Álex Cortez, quien indaga el incendio en la Estación La Granja, explicó que “el Ministerio Público continúa con las investigaciones que dicen relación con los atentados en contra del Metro de Santiago y la contingencia derivada del 18 de octubre”.

Sin embargo, aseguró que los casos “no van a continuar de la forma rápida que se podría esperar, principalmente por la disminución de funcionarios policiales que están en terreno y que eran los encargados de realizar distintas diligencias, como asimismo la propia planta del Ministerio Público. Las investigaciones siguen realizándose de una forma más lenta, pero no se han paralizado”.

En la misma línea, el fiscal Oriente, Omar Mérida, quien investiga la quema de la Estación Pedreros, dijo que todas las diligencias de investigación “se ven dificultadas y más lentas con la contingencia del virus”. Añadió que “se han tomado medidas administrativas para que circule menos personal policial, de modo tal que todas las investigaciones hoy día no tienen la prioridad y atención que podrían tener en una situación normal y ello redunda en que los resultados deben esperarse para un tiempo posterior” .

El abogado de los imputados presos por los incendios en el Metro La Granja y San Pablo, Ramón Sepúlveda, dijo que “por la gravedad de esta medida cautelar no se puede simplemente detener. Las investigaciones se han visto dilatadas, ya que la fiscalía no se encuentra atendiendo público, lo que impide las diligencias presenciales, como declaración de imputados y testigos, lo mismo que la policía, que solo está tomando asuntos de emergencia”.

En las quemas del Metro, el gobierno está siendo representado por reconocidos penalistas que han presentado querellas en estos casos. Uno de ellos es Gabriel Zaliasnik, quien dijo que “las investigaciones siguen su curso más allá de las dificultades propias que supone la pandemia. Las diligencias si bien pueden retrasarse, tal como otras actividades en Chile, se van a realizar y confiamos en que los delitos serán severamente sancionados”.