Causas suspendidas, archivadas o sin culpables: ¿En qué terminaron las investigaciones de los incendios más grandes de la última década?

Hay una frase que se repite entre las autoridades cada vez que ocurre un incendio de proporciones: “Hay que buscar a los responsables”. Sin embargo, según los expertos y persecutores de este delito, llegar a un presunto responsable no es una tarea fácil por las circunstancias de los incendios. Y así lo han mostrado los últimos siniestros más grandes que han ocurrido en el país.

Uno de los últimos incendios de proporciones, y que afectó viviendas, es el ocurrido el pasado jueves en Viña del Mar, donde resultaron 340 inmuebles completamente destruidos, dejando dos fallecidos.

El fiscal de incendios de Valparaíso, Osvaldo Ossandón, aseguró que “la tesis principal que se maneja es que esto habría ocurrido en el sitio eriazo que está inmediatamente contiguo a la Villa Esperanza (...), lugar donde existen diversos sitios, que se llama, en jerga callejera, ‘caletas’, donde se fuma droga”.

Si bien este caso es reciente y recién comienza su investigación, hay otros que también acapararon las preocupación de las autoridades, y cuyos resultados develan lo complejo que es pesquisar este tipo de causas.

El martes 27 de diciembre de 2011, una columna de humo salió desde el sector Olguín, en las cercanías del lago Grey, en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes. Aquello fue el inicio de un incendio que se extendió por dos meses, llegando a consumir 17.600 hectáreas en la Patagonia.

En medio de las labores de extinción, la Fiscalía Regional de Magallanes comenzó con las indagatorias para dar con él o los responsables. A cuatro días de iniciado el siniestro se detuvo a un turista israelí llamado Rotem Singer, y quien según el Ministerio Público habría provocado el incendio como un acto negligente al encender una fogata con papel higiénico en un lugar prohibido.

Tras dejarlo con la medida cautelar de firma semanal y arraigo regional, en febrero del 2012 la fiscalía ofreció una salida alternativa, la cual fue acogida por el joven y aprobada por el tribunal. En esa ocasión, el turista israelí se comprometió a desarrollar una campaña de reforestación y pagar $ 4.850.000 a Conaf por el daño causado.

El 6 de mayo del 2014, habiendo pasado el plazo de suspensión condicional de la causa -al otorgar una salida alternativa-, el tribunal sobreseyó a Singer. Hoy, esa causa está concluida.

Cerca de las 16.40 horas del sábado 12 de abril de 2014, en el sector del camino La Pólvora en Valparaíso comenzó un incendio que rápidamente avanzaría por la parte alta de la ciudad. Este se convertiría en uno de los mayores incendios en la historia del país, afectando varios cerros del Puerto.

El siniestro destruyó más de 2.900 casas y dejó a cerca de 12.500 personas damnificadas, además de 15 personas fallecidas y más de 500 heridos. Un informe de Carabineros concluyó el origen más probable del fuego: aves que murieron electrocutadas tras posarse en los cables eléctricos en el fundo El Peral. En la arista penal, no existe registro de formalización de algún autor por este incendio.

A pesar de eso, en esa región sí se ha logrado condenar a dos sujetos que fueron vistos creando nuevos focos del incendio de Curauma el 17 de noviembre de 2020. El siniestro dejó a cinco personas damnificadas a causa de la destrucción de sus casas.

Además, la fiscalía indaga otros grandes incendios que han ocurrido durante el último tiempo, según informó el fiscal Ossandón. Uno de ellos es el ocurrido en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, ocurrido el 2021. Por este hecho existe evidencia que está siendo periciada en el Laboratorio de Criminalística de la PDI. En la misma situación se encuentra el incendio ocurrido en el Jardín Botánico semanas atrás.

El fiscal, además, advirtió que en el incendio de Santo Domingo, del 15 de diciembre pasado, eventualmente hay una “presunta identificación de responsables por un manejo negligente del fuego”.

La temporada de incendios forestales del 2016 y 2017 fue una de las más grandes de la historia reciente. Entre enero y febrero del 2017 se registraron focos de incendios forestales que se concentraron con mayor intensidad en las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío.

En la Región del Maule, la fiscalía formalizó a tres ejecutivos de CGE por la negligencia de su trabajo, lo que habría provocado el incendio en esa zona por falta de mantención en las líneas eléctricas. Antes de llegar a un juicio oral, el Ministerio Público ofreció una salida alternativa a los ejecutivos, quienes debieron pagar cerca de $ 2.500 millones en indemnización a las víctimas. La causa quedó suspendida.

El fiscal regional Julio Contardo explica que “dependiendo de la figura que uno persiga tenemos distinto tipo de tratamiento penal. Si es culposo, es decir, producto del descuido de la negligencia, tiene penas que están asociadas a la Ley de Bosque, que son delitos culposos y, por lo tanto, tienen una penalidad bastante más baja que ameritan salidas alternativas (...), y los dolosos, que son con penas de crimen, que son penas altísimas, que ahí es la intencionalidad”.

Por lo mismo, según explica Contardo, “normalmente los casos de pena de crimen, es decir los delitos dolosos, el Ministerio Público generalmente lo que hace es una persecución mucho más dura en el sentido de perseguir sanciones penales”. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió con la condena a tres brigadistas de incendios, quienes, con el fin de acceder al pago de horas extras, generaron incendios en el Parque Radal Siete Tazas el 2020.

En esa región también existió una investigación respecto al incendio de la comuna de Santa Olga, el que consumió 160 mil hectáreas y destruyó completamente esa localidad, además de provocar la muerte de ocho personas. Si bien se pudo determinar que el fuego se inició por otro siniestro forestal, nunca se pudo encontrar a un responsable y la causa fue archivada.

El fiscal Contardo asegura que en este caso, “la situación del origen no se pudo establecer fehacientemente, por lo tanto, desde el punto de vista penal obviamente esa investigación no llega a buen término, sin perjuicio de todos los esfuerzos que se hicieron investigativamente”.

En la Región de O’Higgins también fueron formalizados ejecutivos de CGE por los incendios ocurridos durante el verano de 2016 y 2017. La audiencia de formalización se llevó a cabo en el Centro Cultural de Peralillo, debido a la cantidad de víctimas que había en esa causa. A los ejecutivos se les imputó cinco incendios entre el 4 de diciembre de 2016 al 18 de enero del siguiente año.

Al igual que en el Maule, la fiscalía accedió a una salida alternativa. De esta manera, la empresa tuvo que pagar $33.000 millones en indemnización a las 600 víctimas del incendio, además de $150 millones a bomberos de la región. Como se accedió a esta medida, hoy esa causa se encuentra suspendida también.

El fiscal de alta complejidad y parte del equipo que investiga incendios de la Fiscalía Regional de O’Higgins, Nicolás Núñez, explica que en este caso “preferimos la salida alternativa, porque entrevistándonos con las víctimas lo que nos señalaban era que a ellos no les interesaba la condena, porque no les servía para nada, lo que ellos querían era que se les indemnizara, porque perdieron sus cultivos, sus casas, etc.”.

Hay algo en lo que tanto investigadores como fiscales están de acuerdo: la investigación de incendios no es para nada fácil y aquello se refleja en la dificultad de dar con los autores y conseguir algún tipo de medida judicial.

Rolando Pardo, jefe del departamento de prevención de incendios forestales de Conaf, explica que para lograr la prevención, la institución realiza investigaciones de las causas de los siniestros a los que asisten. En ese sentido, asume que esta no es una función fácil y que requiere “entrenamiento de la técnica, tiene que saber de comportamiento de fuego y es una metodología y está dentro de los profesionales que desarrollan esta labor. Es una metodología que hemos ido aplicando a las condiciones típicas de nuestro país. "

Respecto a las causas más comunes del origen de los incendios, asegura que todos los años y en las distintas regiones no siempre es lo mismo, ya que hay evoluciones sociales y del combustible que provocan los incendios: “En las olas de calor o sequía, la vegetación está muy disponible, entonces en algunas regiones hemos tenido muchos incendios asociados con el uso de equipos que generan chispas y que caen en el pasto. Lo otro que hemos encontrado mucho son incendios asociados a los tendidos eléctricos, y eso lo hemos visto reflejado el último tiempo”.

De parte de la persecución penal, Núñez asegura que estas investigaciones son bastante complejas, ya que si bien “lo difícil no es establecer que existe el delito, sino que lo difícil es probar la participación, esas son las dos cosas que siempre hay que probar en cualquier delito. En los incendios eléctricos también es difícil probarlo”.