Se trató de uno de los momentos más tensos de la declaración en estrado que Natalia Compagnon realizó el pasado lunes. Ahí, mientras era interrogada por su participación en los delitos tributarios que se le imputaban, el fiscal de Rancagua, Sergio Moya, le preguntó si era efectivo que sus primeros abogados (Felipe Polanco y Jessica Norambuena) habían sido pagados con gastos reservados de la Presidencia.

La señora de Sebastián Dávalos primero respondió que esa pregunta no tenía relación con los hechos de la investigación. Sin embargo, cuando Moya insistió, respondió: "No me consta".

Polanco, quien es socio del exministro de Justicia Isidro Solís, este miércoles negó que las afirmaciones realizadas por el fiscal sean reales: "Por supuesto que no es cierto. Los honorarios convenidos los pagó, en parte, Natalia Compagnon a Jessica Norambuena, quien emitió las boletas a nombre de Natalia Compagnon y les fueron entregadas directamente a ella".

El abogado indicó que la alusión realizada por Moya "fue absolutamente gratuita, yo no tengo ningún otro antecedente de lo que habrá ocurrido en el proceso este con posterioridad a que yo lo abandoné. De hecho, desconozco si tenía alguna relevancia en el proceso esta pregunta".

Respecto del motivo por el cual dejó de representar a la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet, Polanco explicó que "como fue público en su momento, porque Natalia Compagnon no nos pagó los honorarios convenidos, además de otras cuestiones".

Antecedentes relacionados a esta situación fueron objeto de investigación por parte del Ministerio Público en su momento. Esta arista comenzó a mediados de 2016, cuando parlamentarios de RN presentaran una denuncia luego de que Compagnon indicara que los abogados habrían estado más interesados en defender los intereses del gobierno que los suyos. Poco después, Compagnon presentó una querella por prevaricación, aunque finalmente desistió de la acción penal.

Esta arista llegó a su término judicial el 18 de octubre de 2016, cuando el Juzgado de Garantía de Rancagua decretó el sobreseimiento definitivo de la causa, argumentando que no existían antecedentes para seguir indagando estas acusaciones. En esa oportunidad, la Fiscalía de O'Higgins no se opuso a lo que había determinado el tribunal.