Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentarán en los próximos días una querella por el caso en que se investigan presuntos viajes irregulares de oficiales del Ejército y en los cuales también estarían implicadas agencias de viajes.
Según los antecedentes de la causa por presunto fraude al Fisco, que lleva adelante la ministra en visita Romy Rutherford (quien investiga a los militares), y el fiscal Centro Norte José Morales (quien indaga a las agencias), los uniformados compraban pasajes con cargo al Ejército. Luego, y usando a empresas, cambiaban los destinos originales para acudir a otros, con fines de vacaciones. Incluso, ocuparían esta maniobra para incluir a familiares en estos viajes.
En la investigación, radicada en la justicia militar, la ministra Rutherford ha procesado a tres oficiales. Los exuniformados a quienes les levantaron cargos fueron los coroneles (R) Sergio Vásquez Undurraga, Rodolfo Hidalgo Fariña y el coronel activo Iván Feber Navarro.
El primero fue inculpado debido a que en 2012 viajó a Washington para asumir como el agregado del Ejército en Estados Unidos. Antes de llegar a destino estuvo 10 días en Miami con su familia, con cargo al fondo fiscal. Esto significó un gasto cercano a los US$ 16 mil. Al año siguiente, en 2013, Vásquez lo habría hecho de nuevo. Esta vez, para hacer un viaje a Punta Cana, donde también se incluyeron familiares. A Hidalgo, en tanto, se le imputa haber recibido US$ 16 mil por parte de una agencia de turismo, dinero que provendría de las arcas del Ejército.
Ahora, la ministra alista nuevos procesamientos. Según fuentes cercanas al proceso, entre esta y la próxima semana habría nuevos uniformados que enfrentarán cargos por el fraude a través de los viajes.
En esta arista, uno de los oficiales de más alto rango que está siendo investigado, en calidad de inculpado, es el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general John Griffiths. De hecho, fue interrogado por la ministra el 12 de septiembre pasado.
Defensas
Sobre la querella que presentará el Fisco, el abogado de Faber, Mario Vargas, dijo que "es una decisión autónoma del CDE, además de estar dentro de sus facultades". Agregó que "como defensa seguiremos realizando todas las gestiones y solicitando todas aquellas diligencias para acreditar que la conducta que se le reprocha a mi representado no es ilícita. Las diligencias y la investigación las dirige la ministra en visita y el Ministerio Público. El querellante CDE es un interviniente más y no debiese cambiar o alterar el actual escenario".
En tanto, la defensa de Vásquez, Luis Valentín Ferrada, señaló que "ya estando esto en manos de una ministra competente, que está investigando la situación, parece no tener ningún sentido que, además, en forma paralela se lleve esto a una segunda jurisdicción a un segundo juzgado, porque no pueden existir dos procesos respecto de las mismas personas y a un mismo ilícito o materia".
Agregó que "se va a crear ahí seguramente un problema de competencia, que habrá que verlo en su momento". Agregó que "si llegara a establecerse la existencia de un delito, vamos a tener que procesar a no menos de 1.500 personas, porque todos los soldados, de todas las clases, salieron fuera del país entre 2009 y 2015 y ocuparon el mismo sistema y actuaron de la misma manera".
