Dos presuntos delitos incluye la querella criminal que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso contra el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. El organismo acusa al jefe comunal de fraude al Fisco y designación de cargos públicos efectos a inhabilidad legal.
El documento de 13 carillas, al que tuvo acceso La Tercera, incluye los nombres de otros ocho individuos y detalla el pago de remuneraciones y contrataciones de personas que no prestaban servicios efectivos para la Municipalidad de San Ramón. "Corresponden, en general, a personas vinculadas al comando de Aguilera en sus respectivas elecciones, y algunos de ellos eran colaboradores directos del mismo alcalde en la recolección de ingresos para financiarlas", detalla la querella.
En este último punto, la investigación se refiere específicamente a Jorge Pinto Carvajal, quien "posee un sinnúmero de delitos, siendo la última en el Tribunal Oral de Antofagasta, por la que se le condena a la pena corporal de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 60 UTM y la inhabilitación perpetua para cargos públicos".
La contratación de Pinto se debería a la cercanía que mantenía, según la querella, con el alcalde de San Ramón, ya que "formó parte de sus comandos desde el 2012" y "fue visto en varias ocasiones junto a Aguilera" en su domicilio. Además, el documento describe que "por expresas instrucciones de Aguilera, (Pinto) recibía ingresos superiores a las demás personas contratadas", por un total de $ 3,3 millones entre marzo y agosto de 2017.
Las declaraciones de otros funcionarios del proyecto y las del propio Pinto establecieron que él "nunca realizó los trabajos por los cuales fue contratado y recibió pagos", según la carpeta investigativa elaborada por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios Metropolitana.
Según pericias de la PDI, los informes de desempeño mensuales que se atribuyen a Pinto tenían firmas falsas a su nombre.
Los delitos se habrían cometido a través del programa social de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), conocido como "Mejoramiento de Áreas Verdes y Espacios Públicos" de San Ramón, financiado con presupuesto municipal y adscrito a Carlos Adema, mientras era supervisado por René Moreno Chacón -a los que el CDE también incluye en la querella, y que otros ex funcionarios del proyecto habrían identificado como los gestores de "esta forma de obtener dinero"-. También se individualiza a Jessica Garcés y Ricardo Figueroa, quienes recibieron honorarios de $ 1.355.556 y $ 2.255.567, respectivamente, por "labores de mejoramiento y mantención de espacios públicos en el marco del referido proyecto", en circunstancias en que ambos se encontraban contratados paralelamente por la empresa Hidrosym, entre 2016 y 2017, "para realizar estas mismas tareas y en virtud de lo cual recibió pago de remuneración por esta última".
La empresa Hidrosym mantiene contrato vigente desde 2013 hasta 2019 con la Municipalidad de San Ramón.
Miguel Ángel Sánchez tampoco realizó trabajos bajo los cuales estaba contratado, con los que logró obtener un total de $ 1.388.000 entre abril y agosto de 2017.
Nueva defensa
Ante este escenario, Aguilera cambió su defensa a los abogados Felipe Moraga y Juan Yuseff, luego de revocar el patrocinio al equipo de Rodrigo González, que lo representaba hasta hace algunas semanas.
"El hecho que el CDE no se haya querellado por delitos relacionados con la Ley 20.000 (...) reafirma lo que siempre ha señalado la defensa, sobre que el alcalde no tiene ninguna vinculación con este tipo de delitos", señaló Moraga.
En la querella también se establece la presunta comisión del delito de negociación incompatible referida a José Miguel Zapata, quien figuraba como director de la Secretaría Comunal de Planificación del municipio y que "pasó a ser socio de la empresa Asesorías en Investigación Social Limitada", indica el texto.
