Una nueva acción legal se presentó en la investigación sobre el fraude en el Ejército. Esta vez, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella contra un funcionario de la sección Adquisiciones, que en febrero de 2011 habría defraudado a la entidad castrense en cerca de $ 27 millones, a través de la utilización de facturas ideológicamente falsas.
La presentación se realizó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y fue acogida a tramitación el miércoles pasado. Ahí se indica que el entonces funcionario a contrata Ricardo Maino solicitó al proveedor del Ejército Francisco Huincahue ocho facturas.
Estos documentos, posteriormente, se hicieron pasar como ventas o servicios prestados al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF). De acuerdo a la querella, "luego, otras personas, funcionarios del Ejército, procedían a forjar la documentación de respaldo, las actas de recepción, las órdenes de pedido al comercio, los cuadros comparativos de precios y las actas de adjudicación, falseando las firmas de las jefaturas que supuestamente debían dar fe de la efectividad de la ejecución, generándose una apariencia de realidad y verdad respecto de las mencionadas facturas".
A través de estas maniobras, Huincahue recibió por parte de la institución castrense poco más de $ 27 millones. De este monto, entregó $ 21,5 millones a Maino, quien, a su vez, entregó una parte al suboficial que confeccionó la documentación y otra al cabo que tramitó el pago de facturas.
Esta acción legal se enmarca en la arista madre del fraude en el Ejército, en que tanto la Fiscalía Centro Norte como la ministra en visita Romy Rutherford indagan pagos irregulares de facturas falsas que habrían sido giradas con cargo al CAF.
Los fondos provenían de la Ley Reservada del Cobre y, según la investigación judicial, lo defraudado ya supera los $ 5 mil millones.
El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, señaló que "nos parece adecuado que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte en los procesos por fraude cometidos en contra del Ejército". La autoridad, además, explicó que "estos hechos corresponden a los denunciados por el propio Ejército en 2014 y nos parece correcto que se esclarezcan oportunamente".
El querellado, al ser un civil que trabajaba para la institución castrense, será investigado por el Ministerio Público. En total, ya son más de 20 las aristas de este fraude, incluyendo el uso de pasajes aéreos por parte de oficiales.
