CEP propone Fonasa independiente y con participación de la ciudadanía

La reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) arrojó que la salud es la segunda prioridad de los chilenos. El mismo think tank convocó en agosto a un grupo de 13 expertos e investigadores con experiencia en políticas públicas de salud pertenecientes a diferentes entidades académicas y sectores políticos, para generar una propuesta de reforma al sistema público de salud. Esto, en medio de la discusión de la reforma a Fonasa que el gobierno ingresó el 7 de enero al Congreso.

El grupo concluyó que la modernización de Fonasa es "una condición necesaria y urgente, en un proceso de transición para avanzar hacia un sistema de salud que logre el acceso y coberturas universales".

El informe de los académicos señala fundamental que el sistema se base en el principio de seguridad social, para garantizar que las personas puedan acceder a los servicios de salud a los que tienen derecho, en función de sus necesidades y que no sean excluidas por razones económicas, geográficas o de ningún tipo. Para ello, dicen, es necesaria la creación de un Plan de Salud Universal (PSU) para toda la población (sector público y privado), el cual debe considerar las necesidades de salud de todos los habitantes. "Es fundamental que se expliciten los beneficios a los que se tiene derecho y los estándares con que dichos beneficios se entregarán", dice el informe.

"Hay que tener mucho cuidado en el cómo y el quién define el PSU. No creo que el plan puede ser solo definido por una autoridad como el Ministerio de Salud, sino que creemos que debe haber una entidad mucho más representativa", dijo Héctor Sánchez, exsuperintendente de Salud, quien integró la comisión.

Al igual que la reforma del gobierno, el informe del CEP propone que Fonasa sea definido como un asegurador público, siendo su principal objetivo garantizar la entrega del plan universal y que se cumplan las garantías definidas. Ante incumplimientos, debe poder establecer sanciones en contra de los prestadores que no cumplan de manera adecuada.

Además, la propuesta dice que la institución debe acceder a información personal y sanitaria de sus afiliados para que la atención sea acorde a sus necesidades, se enfoque en la prevención y exista un mejor uso de los recursos.

Para ello, señalan que todos los prestadores que conformen la red deben usar plataformas de información clínica interoperables que permitan compartir los datos.

El asegurador, según los académicos, debe recibir y administrar todos los recursos asociados al financiamiento del Plan de Salud Universal de sus beneficiarios, lo que implica recaudar todas las cotizaciones, recibir íntegramente el aporte fiscal definido en la Ley de Presupuesto y también los copagos de los usuarios. Debe, además, determinar cómo se gastan dichos recursos (lo que no acontece en la actualidad).

También se plantea una nueva estructura para Fonasa, que asegure más independencia. Para ello, dicen, se requiere conformar un consejo directivo de expertos -de carácter resolutivo- que participe en la selección, evaluación y remoción del director ejecutivo.

La coordinadora del CEP, Carolina Velasco, explicó que "lo más importante es que Fonasa tenga una mejor gobernanza, porque hoy es una entidad que depende de una sola persona".

En esta línea, el documento señala que el director ejecutivo debe ser elegido por el Presidente de una terna propuesta por este consejo directivo, tras una previa selección por Alta Dirección Pública y debe mantenerse tres años en el cargo, pudiendo ser reelegido dos periodos seguidos.

Liliana Jadue, académica de la Universidad del Desarrollo e integrante de la comisión, se refiere a otro punto clave de la propuesta: la participación ciudadana a través de la creación de un Consejo de Sociedad Civil que tenga derecho a opinión y sea considerado a la hora de tomar las decisiones. "Los usuarios tienen mucho que decir y mucho que aportar", dijo.

Carolina Velasco explicó que como el proyecto de ley contempla amplios temas que la comisión de expertos discutió, pero con una mirada diferente, su propuesta pude ser un insumo para la discusión legislativa.

"Hay espacio para que esto sea tomado como base, quizás es una aspiración alta, pero que al menos sea un insumo para la discusión que se viene".

Debe cubrir las necesidades de salud de todos los habitantes, bajo el principio de seguridad social, el cual garantiza dicha cobertura. Este plan debe ser definido por una institucionalidad técnica, independiente de Fonasa.

Se conforma por un consejo directivo de expertos, cuyos miembros sean elegidos por el Presidente y ratificados por el Senado. Entre sus funciones está participar en la elección del director, aprobar políticas generales y la gestión financiera.

Se propone fortalecer la incidencia de los beneficiarios de Fonasa, con el fin de evaluar el servicio. Se agendarán reuniones periódicas y una plataforma para publicar sus actas y objetivos. Su carácter es consultivo, pero debe ser considerado en las decisiones.

Facultad sancionadora. Plantea que Fonasa tenga como principal objetivo garantizar la entrega de un PSU a sus beneficiarios, bajo estándares y condiciones definidas. Deberá establecer su red de prestadores y si estos no cumplen con lo acordado podrá sancionarlos.

Administra recursos. Deberá recibir recursos asociados al financiamiento del Plan Universal. Esto implica recaudar cotizaciones, aporte fiscal del presupuesto y establecer mecanismos para recuperar el dinero r por copago. Además, definirá cómo se gastarán los recursos.

Fonasa debe comprar servicios a la red por solución del problema de salud. El sistema público debe ser preferente. En caso de no tener la capacidad necesaria para asegurar el cumplimiento de las garantías establecidas en el plan único de salud, puede derivar a otros servicios.