Magdalena Chaucono vive sola en el sector de Repocura Peral, comuna de Galvarino, en La Araucanía. Tiene 74 años y todos los días debe bajar un cerro para ir a buscar agua a una vertiente de un terreno colindante. Y así se lo lleva. Sube y baja, más de 200 metros, con dos bidones a cuestas.
Todo eso en verano, por cierto, porque en invierno tiene que sacar agua de otro lado: de un pozo. "Voy día por medio y acarreo como 10 bidones", dice. El pozo es hondo, por lo que la mujer se debe arrodillar y extraer el agua con un jarro. Luego la vierte en los bidones con un embudo. Desde el año 2001 que tiene esa rutina, día tras día. "Tengo una prima que de repente me trae cinco litros de agua para tomar. Lo demás lo hiervo", cuenta. Y añade que no tiene vecinos que la puedan ayudar.
Se trata de una dura realidad, pero no de un caso único ni aislado. La Fundación Amulén, cuya misión es dar acceso al agua a comunidades rurales, junto al Centro de Cambio Climático Global y el Centro de Derecho y Gestión de Agua de la Universidad Católica, realizó un inédito estudio llamado "Radiografía del agua rural en Chile: visualización de un problema oculto". Se trata del primer estudio de estas características, que se extendió por siete meses y fue hecho por 17 personas.
El informe sostiene que en el país la escasez de agua afecta a cerca de un millón de personas y que existen 383.204 viviendas del sector rural que aún no cuentan con infraestructura que les permita abastecerse de este elemento en forma potable, lo que equivale a un 47,2% de este sector. O sea, en pleno siglo XXI, casi la mitad de los hogares de Chile instalados en zonas no urbanas carecen de agua potable.
Sobre este punto, se indica que las principales soluciones son recurrir a ríos, vertientes, pozos y camiones aljibes, y que, por lo mismo, el 84,2% de ese segmento rural se abastece de aguas que no han sido tratadas sanitariamente. En concreto, un 59% se provee desde pozos; 26% desde ríos, esteros, canales o vertientes, y un 15% lo hace recurriendo a camiones aljibes.
"Allí hay un tema de salud importante, porque la gente está consumiendo un agua que no está en óptimas condiciones. Ya sea porque tiene altos niveles de nitrato o algún otro contaminante", explica Rocío Espinoza, directora ejecutiva de la Fundación Amulén .
El estudio también aborda datos ya conocidos y oficiales. Según el último censo (2017), la carencia de servicios de agua potable aumentó en relación al Censo de 2015. "Las proyecciones en torno al cambio climático exacerban esta situación; al menos ocho regiones del país presentarían escasez de agua en los próximos años", concluye el estudio.
Cercanía
Otro de los conceptos que cruza el análisis es demográfico y básico: cuán cerca viven unos de otros. Así, la población se puede dividir en tres categorías: concentrada, semiconcentrada y dispersa. Según el Programa de Agua Potable Rural del MOP, el abastecimiento de agua en las localidades concentradas está resuelto en un 100%.
En el caso de las localidades semiconcentradas, solo el 41% cuenta con agua potable, mientras que la población dispersa, que equivale a un tercio del mundo rural, no cuenta con el recurso.
Por otro lado, su escasez se concentra principalmente en la zona sur del país (ver infografía), siendo La Araucanía (71%), Biobío (68%), Los Lagos (64%) y Los Ríos (62%) las regiones con menor cobertura.
Indicador de pobreza
"La falta de agua en nuestra comuna afecta enormemente a las familias, porque esta comuna es rural. Antiguamente las familias regaban algunos árboles y eso ya se terminó. Con eso, ha disminuido la calidad de vida", plantea Manuel Devia, alcalde de San Pedro, provincia de Melipilla, subrayando que pese a su cercanía de Santiago, allí se conocen de cerca los rigores del problema de la falta de agua.
Los expertos coinciden en que las comunidades carentes de este servicio básico ven afectado su desarrollo en múltiples dimensiones, entre ellos en los ámbitos económico, educacional, de salud y también equidad de género.
"Las personas dedican gran parte de su tiempo a la búsqueda del recurso hídrico y la falta de éste no les permite tener un segundo ingreso, sin mencionar que muchos debieron dejar de cosechar sus productos", aseguran en la misma Municipalidad de San Pedro.
Según la Fundación Amulén, en el mencionado estrato rural sobre problemas de acceso al agua, en ocho de cada 10 hogares son las mujeres y las niñas las que se dedican a su recolección. En el caso de los menores, en ocasiones deben dejar de ir a clases un par de días a la semana por la misma razón.
Por estos motivos nació el Programa de Agua Potable Rural (APR), iniciativa estatal que ha brindado infraestructura a 1.875 poblados, beneficiando directamente a 1.787.916 personas. Sin embargo, los investigadores encontraron carencias en este sistema de abastecimiento.
"En cinco regiones se presentan cortes no programados en más de un 40% de los APR. Además, debido a la sequía, muchos APR han disminuido o perdido el agua", indica el documento.
Guillermo Donoso, académico del Centro de Derechos de Agua de la UC, explica que respecto de los cortes no programados, "la gran mayoría no han sido por sequías, sino producto de fallas en los sistemas. Tanto operacionales como por factores externos".
El subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, explica que como gobierno se propusieron disminuir la cifra de escasez de agua potable en Chile. "Habiendo alrededor de 1,4 millones de personas que no tienen agua potable o saneamiento, nuestro desafío es modernizar y ampliar los sistemas vigentes y disminuir fuertemente la brecha en aquellos lugares que hoy no tienen cobertura", sostiene.
Respecto de los APR, aclara que efectivamente algunos de ellos presentan algún desgaste, pero asegura que "ese tipo de sistemas se está abordando progresivamente, con diseños e ingenierías de mejoramiento y la posterior ejecución de obras para llevarles un estándar de mejor servicio".
Costos asociados
En la actualidad, 10 regiones afectadas de Chile por la sequía están siendo abastecidas por camiones aljibes. Entre ellas figuran Biobío, La Araucanía y Coquimbo.
El estudio indica que "en los últimos cinco años el gasto en camiones aljibes supera los $ 150 mil millones, cifra equivalente a construir nueve hospitales de baja complejidad, cuatro de mediana y dos de alta complejidad".