Certificados contradictorios y con fecha anterior al 18-O: las observaciones de Contraloría a los antecedentes médicos de los beneficiados del estallido

Una serie de falencias fueron detectadas por la Contraloría de la República en torno a las pensiones de gracia entregadas por el gobierno a personas que habrían sido afectadas en el marco del estallido social.

En el informe del ente contralor se concluye que 58 de las 419 personas beneficiadas tienen condenas por delitos como producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio, entre otros.

El objetivo del estudio, según el documento, es “verificar si los mismos se ajustan a la normativa que los rige y si cuentan con la documentación de respaldo correspondiente”, además de “validar el proceso de acreditación llevado a cabo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de la calidad de víctima de violaciones de derechos humanos y menoscabo laboral, de quienes solicitaron dicha pensión de gracia”.

En uno de los puntos, Contraloría cuestiona los antecedentes médicos presentados por los postulantes al beneficio. “Se constató que 19 expedientes de postulantes al beneficio, remitidos por el INDH al DAS (Departamento de Acción Social) para su evaluación, no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019″.

En dicho apartado se hace una categorización del supuesto daño de cada postulante, que van desde leves a gravísimas. Por ejemplo, en una de ellas, catalogada como “gravísimo”, se indica: “Sin antecedentes médicos, solo hay una fotografía que no permite concluir la pérdida de visión”.

En otro caso se señala: “Sin antecedentes médicos, solo hay una declaración del afectado en la Fiscalía de Puerto Varas”. Otro de los cuestionamientos de Contraloría señala: “Los informes del Hospital Luis Tisné son de una cirugía de 2016 y el único dato de atención de urgencia legible no permite corroborar el resumen del caso registrado en el expediente”.

Durante el estallido surgieron varias denuncias de personas que perdieron la visión producto de disparos de perdigones de efectivos policiales. En los cuestionamientos de Contraloría se abordan algunos de esos casos. “El encabezado del expediente señala que el afectado tiene pérdida de visión causada por trauma ocular irreversible, sin embargo, según informe de Servicio Médico Legal, SML, la lesión fue leve, mejoró y la visión es normal”.

Otro caso: “Hay dos recetas oftalmológicas, licencias médicas, fotos en las cuales no se distinguen lesiones y un finiquito del empleador que señala la no concurrencia del trabajador sin causa justificada. No hay ningún antecedente que muestre el diagnóstico declarado”.

“No hubo constatación de lesiones de manera oportuna. Solo hay una evaluación posterior, 7 meses después del acontecimiento, firmada por un médico perito forense del SML”, se indica en otro hecho.

En varios de los casos se acentúa en la ilegibilidad de los informes médicos. En los casos no se presentó el nombre de los afectados.

Finalmente, Contraloría informó: “Respecto de los casos expuestos en la tabla precedente, se consultó al DAS si durante el proceso de análisis y evaluación de las solicitudes acreditadas por el INDH se contemplan otras instancias de verificación de los daños, tales como, nuevas entrevistas y/o requerimientos a los postulantes, a lo que la Coordinadora de la Oficina de Exonerados Políticos del DAS respondió, mediante correo electrónico de 10 abril de 2023, que los expedientes remitidos por el Instituto normalmente contienen toda la información necesaria para ser presentada a la Comisión Asesora y que, en algunas oportunidades puntuales, no relacionadas con la falta de antecedentes médicos, contactaron a los postulantes, familiares e INDH”.

Eso sí, en otra página del informe se indica que el INDH aportó nuevos antecedentes en nueve casos objetados.