Cinco carabineros vestidos de civil entraron sin orden judicial a un departamento en La Cisterna, el 4 de agosto de 2016. Sin identificarse como policías, apuntaron con pistolas a las dos personas que vivían ahí, J.M.R. y F.C.M., los golpearon, esposaron y se llevaron $ 1,8 millones, además de sus celulares, ropa, zapatos, relojes, perfumes, un computador, un televisor y una consola de juegos. Los trasladaron a la 12° Comisaría de San Miguel, y uno de ellos, F.C.M., fue formalizado por tráfico de drogas, luego de que los oficiales escribieran en el parte policial que le encontraron 300 gramos de cocaína en una fiscalización vehicular. Sin embargo, F.C.M. denunció lo ocurrido y entregó a la fiscalía las grabaciones con las cámaras de seguridad de su edificio, que daban cuenta de lo que realmente había pasado.
Con estos antecedentes, el Ministerio Público tomó la decisión de no perseverar en el caso contra F.C.M. y formalizó en mayo de 2018 por presunto robo con intimidación, allanamiento y detención ilegal, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público a dos uniformados: Daniel Huenchullán y Luis Rodríguez, quienes hoy están con arresto domiciliario total. Luego, en agosto, formalizó por robo con intimidación, allanamiento y detención ilegal y apremios ilegítimos a Luis Vásquez y Jorge Álvarez.
Un caso similar ocurrió en la PDI cuando en 2014 fueron condenados nueve funcionarios por apremios ilegítimos y allanamientos y detenciones ilegales.
Según los datos incluidos por el Estado de Chile en su último informe periódico al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, los casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las policías asciende a un total de 802 entre 2010 y 2017.
En detalle, desde ese año hasta mediados de 2015 se investigaron 732 casos de supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, de los que 392 fueron derivados a la justicia y 137 castigados disciplinariamente. Y, de acuerdo a la información adicional facilitada por la delegación (integrada por autoridades del Ministerio Público, la PDI, Gendarmería, Carabineros y el gobierno), en 2017 se impusieron sanciones disciplinarias a 34 funcionarios de esta institución y la PDI instruyó 36 actos administrativos desde 2010.
Al respecto, la ONU señaló en sus observaciones finales "su preocupación por los numerosos episodios de brutalidad policial y uso excesivo de las fuerzas de seguridad contra manifestantes" y "abusos policiales a miembros del pueblo mapuche en el marco de allanamientos". Asimismo, lamentó "no haber recibido información completa" y planteó que "también preocupa que las denuncias por violencia policial se remitan para su investigación preliminar a unidades que pertenecen a la misma institución".
La fiscal de la Zona Sur, Paulina Díaz, quien formalizó a los cuatro carabineros y está designada como fiscal preferente para estos delitos, explicó que "las denuncias ingresadas por abusos contra particulares y apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos han aumentado en un 100%. La mayoría apunta a un accionar abusivo y exceso de violencia al momento de la detención".
El director de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, quien viajó a Ginebra con la delegación chilena para rendir el examen ante la ONU, explicó que "la violencia institucional dice relación con agentes del Estado que ejercen violencia fuera del marco legal". Detalló que registran un total de 2.042 denuncias ingresadas entre noviembre de 2016 y 2017. "Estos casos corresponden a violencia carcelaria y policial", detalló.
Señaló que la ONU consultó a la delegación sobre la agresión por parte de Carabineros a una menor en Valparaíso en junio. Otra causa de interés para el organismo -dijo Torres- fue el caso Huracán, en el que se indaga la presunta falsificación de evidencia de parte de Carabineros para inculpar a personas por atentados en La Araucanía.
Un caso de este tipo se dio en Valparaíso, donde la fiscalía formalizó en junio de este año a los carabineros Cristóbal Miller, Jorge Tapia, David Espinoza y José Ignacio Lagos, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Según la querella del Consejo de Defensa del Estado, "hicieron llegar a la fiscalía partes policiales, actas y declaraciones falsas, a través de los cuales simularon delitos inexistentes (...) que condujeron al Ministerio Público a solicitar medidas cautelares en perjuicio de sujetos detenidos".
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló por torturas de funcionarios públicos en 91 casos en 2018 y en 79 en 2017. Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica del INDH, dijo que "preocupa que sean tan bajos los porcentajes de sanciones en casos de violencia institucional, ya que la gran mayoría ni siquiera llega a una sentencia".
Versión de Carabineros y PDI
Desde Carabineros señalaron que tomando en cuenta el total de procedimientos policiales que realiza la institución, es muy menor el número de casos registrados por presuntos abusos. "Es una tasa muy baja, pero es de nuestro interés que sea lo más cercano a cero", dijeron. Explicaron que Carabineros ha implementado mecanismos para conocer de estas eventuales infracciones. Entre ellas, indicaron "un sistema público de recepción de quejas y denuncias, a través de una plataforma de internet o en forma directa". Indicaron que no se referirán a casos específicos "por respeto a los derechos de los inculpados y el debido proceso".
En tanto, desde la PDI indicaron que el "Plan Estratégico 2017-2022 ha establecido elaborar una política de probidad, ética y derechos humanos, con un enfoque sistémico, que se instale en los momentos más tempranos de la carrera funcionaria". Agregaron que cuentan con un programa destinado a recapacitar a los más de 12 mil miembros de la PDI en materias de ética y derechos humanos.
