Mijail Bonito, asesor del Ministerio del Interior, fue uno de los encargados de representar al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hoy por la tarde realizó en Quito, Ecuador, una audiencia de oficio para revisar la situación de derechos humanos en el contexto de las protestas y manifestaciones de las últimas semanas.

La sesión se inició con la comparecencia de diversas organizaciones de la sociedad civil ante un panel encabezado por la presidenta de la entidad, Esmeralda Arosemena. Entre otros, estuvieron representados el INDH, el Colegio de Abogados, la Defensoría Nacional de la Niñez y la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, quienes acusaron violaciones a los derechos de las personas, incluyendo casos de tortura física y sicológica perpetrada por agentes del Estado (principalmente Carabineros y militares), apremios ilegítimos, muertes por acción policial y violencia sexual, entre otras.

En ese contexto expuso por primera vez Bonito, quien hizo una revisión de hechos de violencia desde la evasión masiva de escolares en el Metro hasta los saqueos, incendios y desmanes del 18 de octubre. Se refirió en detalle a los daños causados y señaló incluso que sólo las reparaciones de Metro costarían unos US$ 367 millones.

En esa línea, descartó que hayan ocurrido violaciones a los derechos humanos durante las últimas semanas, y sostuvo que para entender lo que ha sucedido había que comprender un contexto de "disturbios y violencia sin parangón y no sólo manifestaciones pacíficas".

Bonito además detalló el uso de municiones por parte de Carabineros. "Se han presentado denuncias de funcionarios del INDH donde presentan en televisión balines de acero. Carabineros de Chile no usa balines de acero", aseguró.

En la ronda de contrapreguntas, el enviado chileno recibió nuevos cuestionamientos. "La respuesta del gobierno por las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos es enumerar daños materiales", sostuvo Luis Ernesto Vargas, relator para los DD.HH. de migrantes de la CIDH. Arosemena, en tanto, cuestionó la implementación del proyecto Aula Segura.

"Son daños materiales que han destruido los derechos de muchas personas en Chile, que pierden su negocio, su trabajo, sus bienes, el derecho a movilizarse. No son solo daños materiales, sino un conjunto de daños a los DD.HH. de todas las personas vandalizadas", respondió Bonito al emplazamiento de Vargas. "Si se hubiera reprimido como se menciona acá en el estado de emergencia, no hubiera habido 441 manifestaciones permitidas", sentenció el representante chileno quien descartó también que Aula Segura sea un modo de represión a los estudiantes.