Chile Vamos y Demócratas interponen requerimiento ante el TC para impugnar indulto a Mateluna y otros seis condenados

Pese al inicio de una nueva semana, la crisis que vive el gobierno producto de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric al exfrentista Jorge Mateluna y otros 12 condenados por delitos vinculados al estallido social está lejos de extinguirse.

Y es que este lunes, Chile Vamos y Demócratas finalmente presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar los indultos concedidos a Mateluna y otros seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social. En el caso del resto de los beneficiados, según se señaló, no se interpondrá la misma acción pues no se trata de casos que requerían de decretos fundados, que son precisamente los que se objetan ante el TC.

En concreto, el escrito lo suscriben los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, ambos Demócratas; por parte la UDI lleva la rúbrica de Javier Macaya -timonel del partido-, Luz Ebensperger, Juan Antonio Coloma, Iván Moreira y José Miguel Durana; por RN, el timonel Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea y Rafael Prohens; mientras que de Evópoli firman el documento Luciano Cruz-Coke, Felipe Kast y Sebastián Keitel.

Uno de los principales argumentos que sostiene el recurso suscrito por la oposición y Demócratas es la presunta “desviación de poder” que implicaría el indulto concedido a Jorge Mateluna, pues para quienes firman el documento es “una verdadera revisión de sentencias judiciales“.

“El Decreto Impugnado (indulto) constituye un caso manifiesto de desviación de fin o desviación de poder, donde se ha utilizado la letra y el texto del artículo 32 numeral 14 de nuestra Constitución, para una finalidad distinta a la establecida por el poder constituyente originario y derivado, procediendo inconstitucionalmente a una verdadera revisión de sentencias judiciales, actividad que como hemos señalado es privativa de los órganos que constitucionalmente se encuentran habilitados para ejercer jurisdicción, y que en materia penal, corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia”, señala el escrito.

Esa acusación se levanta -en parte- por las declaraciones que el Mandatario manifestó desde Brasil, donde defendió el perdón concedido a Jorge Mateluna y, a la vez, aseguró que estaba convencido de su “inocencia”:

“Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la Justicia (...) Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión (…) de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso y, por lo tanto, invito a todos quienes quieran a revisar los antecedentes que hay respecto a esto. Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto”, fueron las palabras de Boric el 2 de enero.

En tanto, más temprano, en Radio Pauta, Macaya había asegurado que el “gobierno todavía tiene una oportunidad de enmendar el error causado, el daño que se está causando, la sensación de impunidad que se genera en los millones de chilenos que vieron esto como algo bien atentatorio a lo que es la principal preocupación del país”.

Para concretar esta arremetida ante el TC, el partido que lidera el senador Macaya convocó a tres abogados constitucionalistas que participaron en la redacción de los argumentos jurídicos y que tramitarán la causa ante el tribunal: Jorge Barrera, Constanza Hube y Felipe Hübner.

“El Decreto Impugnado otorgado al señor Mateluna no es fundado; no lo es formalmente, al no señalar los motivos que inducen a la decisión de indultar ni los antecedentes tenidos a la vista que explican lo dispositivo del Decreto Supremo, ni desde una perspectiva sustantiva, al no estar revestido dicho acto administrativo de razones serias que motiven su decisión, evidenciando que es una consecuencia de la mera voluntad caprichosa de su autor”, acusan en el requerimiento.

Esta será la primera vez en su historia que el TC tenga que revisar la legalidad de un decreto de indulto particular otorgado por el Presidente de la República. Pese a que probablemente el caso lo pierdan -pues la mayoría de los ministros del tribunal tienen una inclinación progresistas- al menos forzarán un pronunciamiento respecto del fondo y, en el escenario de un fallo dividido, la argumentación del voto de minoría podría servir para casos similares que ocurran en el futuro, según señalan conocedores de la arremetida.

Al momento de recurrir al TC, la senadora Rincón, especificó que “se han revisado cada una de las causas y se ha llegado a la convicción que respecto de esos siete casos se dan circunstancias que ameritan este requerimiento, que no es un requerimiento que persiga una disputa política, lo que persigue es que se respete la ley”.

El senador Chahuán, por su parte, dijo que “creemos sin lugar a duda que esto vulnera tanto la ley, como nuestra Constitución. Primero porque hay varios errores que quedaron fijados en las declaraciones de la propia ministra (Camila) Vallejo, y segundo porque tienen algunos decretos que no están fundados adecuadamente”.

El parlamentario aludió a las palabras de la vocera de gobierno cuando el pasado 9 de enero dijo que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”, luego de ser consultada por las “desprolijidades” en la ejecución de los indultos que confirmó el Presidente Boric tras la salida de la ministra Ríos de la cartera de Justicia.

Cuando iba en camino al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, el ministro de Justicia, Luis Cordero, fue consultado por el requerimiento de la oposición.

“Me parece que son las estrategias legales legítimas de la oposición”, y reiteró su llamado a “tener cuidado porque ya no solo se están objetando estos indultos, sino que la figura del indulto, y si son ciertas las tesis legales que tienen esos requerimientos entonces no solo existiría un problema en estos, sino en los que se han ejecutado en el pasado”.