¿Preferible un gobierno autoritario? Chilenos pierden la fe en la democracia para enfrentar la delincuencia

Por primera vez en Chile un estudio de opinión aborda en profundidad la relación entre democracia y seguridad pública. Y sus resultados, además de sorprendentes, también son preocupantes. “La gente mayoritariamente quiere la democracia, no significa eso que crean que resuelve todos sus problemas, pero sí creen que es el mejor mecanismo para resolverlos, salvo para el tema de la delincuencia”, señala el escritor Patricio Fernández, director del Programa Democracia UDP, quien participó en la elaboración de este estudio junto al Instituto de Investigación en Ciencias Sociales-Icso-UDP y la empresa Feedback Research, en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert.

La encuesta, que se realizó entre el 8 y el 21 de agosto pasados a 1.557 personas mayores de 18 años residentes en las 16 regiones del país, arrojó que el 52,8% cree que un gobierno autoritario lo haría mejor que uno democrático para enfrentar la delincuencia.

“La gente todavía cree que la democracia es un buen sistema político, lo prefiere respecto de otros, pero se ha perdido la percepción de que la democracia es eficaz para resolver el problema de la seguridad pública”, remarca Claudio Fuentes, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill) y director del Instituto de Investigación Social de la Universidad Diego Portales (Icso-UDP).

Los resultados de esta investigación son coincidentes con sondeos anteriores que reflejan una alta valoración en general de la democracia. Un 66,1% de los encuestados prefiere la democracia por sobre cualquier otro sistema de gobierno, mientras que un 24,4% cree que en algunas circunstancias un sistema autoritario podría ser mejor.

Sin embargo, un porcentaje mucho mayor de chilenos (68,4%) se declara insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en Chile, lo que se suma a la alta desconfianza que existe en las instituciones y en su capacidad de abordar las demandas más acuciantes de las personas.

Es ahí donde se encienden las alertas. De manera persistente, por más de una década, el tema de la delincuencia se ha mantenido como la principal preocupación de los chilenos (46,4% de los encuestados lo mencionó en primer lugar, seguido de lejos con un 14,6% por la corrupción). En junio de 2023, una encuesta de la empresa Ipsos realizada en 29 países puso a Chile en el primer lugar en la percepción respecto al incremento de los delitos, pese a que la tasa de criminalidad era más baja que en otros países de la región.

“Cuando se habla de delincuencia hay un mundo grande que cree en las ofertas autoritarias, el mundo más grande se da en el cruce de hombres (56,3%), sectores medios (57,1%) y que se reconocen de derecha (74,2%). Pero está acotado al discurso de la seguridad. Podríamos decir que si la seguridad se tomara toda la agenda, estaríamos en una situación que ameritaría ponerse nerviosos, porque si ese fuera el único criterio con el que se decide hay un porcentaje importante que cree que son mejores las soluciones autoritarias a las democráticas”, señala Fernández.

Para el sociólogo Juan Pardo, director y socio de Feedback, los resultados de esta encuesta deben leerse en el contexto de la alta preocupación de los chilenos, en particular, y de los latinoamericanos, en general, por el tema de la seguridad pública. Algo que se reflejó en la frase que lanzó esta semana Érika Rodríguez, directora de la Fundación Carolina -entidad creada por el Consejo de Ministros de España para la Cooperación Iberoamericana-, en el marco de su visita a Chile: “Los latinoamericanos están unidos bajo el paraguas del miedo”, afirmó esta doctora en relaciones internacionales y experta en temas de seguridad, en entrevista con el diario El País, al advertir que la crisis de delincuencia puede generar como reacción una mayor polarización política, punitivismo y políticas de mano dura.

Hace poco, recuerda Juan Pardo, el PNUD publicó un informe que apuntaba en la misma dirección. “Aunque la mayoría prefiere la democracia como sistema de gobierno, hay un segmento importante que está dispuesto a evaluar soluciones autoritarias, especialmente en contextos de crisis, como son precisamente la inseguridad, a la que ahora estamos agregando el tema de la corrupción y que en nuestra encuesta aparece como el segundo problema en la prioridad de las personas”, señala Pardo.

En los últimos meses, en el marco de la crisis de seguridad que afecta a Chile y a la región, gobernadores y alcaldes tanto de oposición como del propio oficialismo -muchos de los cuales están preocupados de su reelección en octubre próximo- han presionado al gobierno por medidas más drásticas para enfrentar los delitos.

Aun cuando no hay sustento técnico respecto a la eficacia de estas propuestas, esas mismas voces claman por sacar a los militares a las calles y que se decreten estados de excepción constitucional, como el Estado de Sitio.

En esa línea, el estudio de la UDP-Feedback Research refleja que un 59,3% de los encuestados cree que es algo muy eficaz el decretar estados de excepción constitucional, como el Estado de Sitio, para controlar la delincuencia. Mientras, solo un 40,3% estima que esa medida no sería eficaz.

“Eso se da por la sensación de temor. En Chile, en particular, las percepciones de temor son tan altas que, dado que el sistema político no ha ofrecido soluciones a lo que hemos vivido en los últimos años, eso lleva a pensar que soluciones de mano dura podrían ser más eficaces”, explica Fuentes.

Pero ese apoyo mayoritario es solo aparente, pues un porcentaje aun mayor rechaza tajantemente o se opone a que le apliquen las restricciones a las libertades y derechos que implica un Estado de Sitio.

“Eso es muy interesante y creo que es uno de los ejes en los que más hay que poner atención. Cuando los encuestados dan una respuesta al bulto, conceptual, que no se acerca a su vida cotidiana, la respuesta es decir mano dura en cualquiera de sus formas, venga el estado de excepción. Y cuando entras a detallarlo y a poner, bueno, estas son las medidas que contempla un estado de excepción y que le afectarían a usted, la misma persona está en desacuerdo con todas esas medidas”, dice Fernández.

Las cifras de la encuesta de la UDP y Feedback Research son categóricas en ese aspecto. El 88,3% de los encuestados está en contra de que se restrinja o suspenda la libertad de trabajo. El 80,6% se opone a que se establezcan limitaciones a la libertad de propiedad. Un 76,1% está muy en desacuerdo o en desacuerdo con que se restrinja la libertad de locomoción. El 73,5% se declara muy en desacuerdo o en desacuerdo con que se restrinja o suspenda el derecho de libertad de reunión, mientras que un 72,3% rechaza que se puedan restringir las libertades individuales.

Frente a otras medidas que la Constitución incluye en el Estado de Sitio, como la posibilidad de que el Estado arreste a personas en sus domicilios o en otros lugares que la ley establezca y que no sean cárceles, un 68% de los encuestados se declaró en desacuerdo. Y un 63% se mostró en contra de que se puedan interceptar, abrir o registrar las comunicaciones privadas.

“Esa es una paradoja muy evidente. La gente demanda por un lado acciones punitivas, pero por otro lado no acepta ninguna de las restricciones a sus libertades y derechos personales”, dice Pardo.

“Por eso es complejo el tema de los estados de sitio, porque la gente reclamaría al poco tiempo en contra de ella. No así los estados de emergencia, donde tienes una vulneración de derechos menor”, añade Fuentes.

Las explicaciones y consecuencias de esta paradoja son complejas. “Una de las posibilidades es la ignorancia de lo que un estado de excepción implica. Otra, es que la primera reacción espontánea, fácil, es mano dura. Pero cuando vamos desgranando qué significa eso, empiezas a tomar conciencia de ese primer grito que diste. Eso es algo con lo que siempre manipula y juega la oferta populista. Te tiro una solución gruesa y rimbombante de la cual no alcanzas o no te invito a entender o analizar en detalle, porque si no eso siempre es más complejo que la oferta gritona”, dice Fernández.

El estudio alerta también sobre otro fenómeno ligado a la pérdida de confianza en la respuesta de las instituciones frente a la delincuencia.

Ante la pregunta sobre la eficacia de algunas medidas para enfrentar la delincuencia, la mayoría valoró mucho más las acciones individuales o no institucionales, como avisar por WhatsApp a los vecinos cuando estaba ocurriendo un delito (43,9%), poner una alarma en el lugar de residencia (37,8% la calificó como bastante o muy eficaz); mientas que solo un 29,6% cree que es eficaz llamar a Carabineros cuando está ocurriendo un delito. Y el 47,3% cree que no es eficaz llamar a Seguridad Ciudadana cuando están frente a un delito, y un 51,4% considera que no es eficaz o muy poco eficaz el denunciar ante Carabineros por un delito que se haya cometido.

“Eso es bien coherente con la sensación de temor, que se construye a partir de la percepción de que el Estado no está respondiendo, ni en el municipio, ni con las policías, ni con el sistema de justicia”, concluye Fuentes.