La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó, a través de un comunicado, su condena por el "uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad" y  por los "actos violentos cometidos por civiles" que se han registrado en Chile durante las protestas sociales.

La CIDH recalca que rechaza de manera "enfática la escalada de violencia", las que -afirma- han dejado al menos 18 personas fallecidas.

"La Comisión urge al Estado chileno y a todas las partes involucradas a entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, en el marco democrático del Estado de Derecho" agrega.

El organismo, en el documento, describe la situación que ha ocurrido en Chile, destacando que todo se inició el 6 de octubre, tras el anuncio del alza de la tarifa de pasaje en el transporte público, lo que dio paso a manifestaciones para evadir el pago del Metro de Santiago y que, 12 días después, cuando escalaron las manifestaciones y comenzaron a ocurrir episodios de mayor violencia, el gobierno anunció el cierre de la totalidad de la red de Metro en Santiago de Chile y la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, y que la madrugada del 19 de octubre, el gobierno decretó el estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco.

La Comisión apunta a que, de acuerdo a información pública, durante las protestas "centenares de personas habrían resultado heridas, algunas de ellas afectadas por el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y un uso desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad".

Sobre los 18 fallecidos reportados este miércoles por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Comisión informa que el Estado de Chile les informó que en todos estos casos el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones correspondientes, dictándose incluso prisión preventiva en contra de presuntos responsables. No obstante, la CIDH, en relación a esta cifra, advierte, pese a los esfuerzos de "comunicación permanente" de las autoridades del estado, "la ausencia de cifras oficiales unificadas y debidamente desglosadas sobre la cifra total de personas heridas y fallecidas en el contexto de las protestas".

Adicionalmente, la Comisión expresa "su preocupación por la información recibida sobre agresiones en contra del personal del INDH que se encuentra realizando sus funciones de observación, ello pese a contar con su identificación y equipamiento institucional".

Por otra parte, la CIDH expresa su preocupación por casos en que la actuación policial y militar, "en las que se habría hecho en uso desproporcionado de la fuerza contra civiles". Como ejemplo, menciona el caso del ciudadano ecuatoriano Romario Veloz Cortez, quien murió por un disparo en La Serena, y  "la intervención militar" para impedir un saqueo en el que dos personas resultaron heridas.

Además también expresa su preocupación por "el uso desproporcionado de la fuerza y malos tratos" en detenciones.

"La Comisión condena estos hechos e insta al Estado a seguir adoptando las medidas necesarias para que los hechos de violencia que han resultado en graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables", enfatiza.

El organismo invoca en su comunicado a la Convención Americana de Derechos Humanos, señalando que "los estados de excepción deben ajustarse a causales estrictas como la existencia de un peligro objetivo y de extrema gravedad que ponga en riesgo la preservación de la democracia o la integridad de la nación, pero no debe invocarse para la suspensión genérica de derechos fundamentales como la expresión, o la protesta que busca expresar un malestar social".

Sobre el uso de armas de fuego por parte de efectivos policiales y militares, la CIDH recuerda que estas "deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. El uso de este tipo de armas es una medida extrema, y no deben utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas".

Sobre los "graves desmanes" que han sido provocados por civiles, la CIDH indica que "condena enérgicamente todo acto de violencia, y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica. A su vez, la CIDH recuerda al Estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia".

Solicitud a CIDH

En tanto, esta mañana un grupo de abogados, llamados Abogados por los Derechos Civiles y el Nuevo trato, leyeron un comunicado frente a la Corte Suprema.

Juan Carlos Manríquez, uno de los profesionales de este grupo, indicó que "hicimos una exhortación a los poderes públicos frente a la Corte Suprema para llamar al encuentro sincero y que no se hicieran peticiones excesivas de lado y lado. En paralelo, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida en beneficio aquellas zonas que están sujetas a medidas excepcionales, que se manifestara la preocupación de la comisión, se exhortada el Estado a respetar los derechos cívicos y ciudadanos. Esa petición fue recepcionada por la comisión y dieron a conocer su preocupación de lo que está ocurriendo en Chile".