Para abril del próximo año está proyectado que se realice el juicio oral en contra de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, tras decretarse ayer el cierre de la investigación en la causa por la presunta estafa que la empresa Caval habría realizado al empresario de Rancagua Gonzalo Vial Concha. Esto, por diversas asesorías prestadas por la firma entre 2012 y 2013 y que le reportaron cerca de $ 1.300 millones.
Esta arista está relacionada, principalmente, con la entrega de ocho informes que, según la fiscalía, simulaban ser elaborados por Caval. Sin embargo, la indagatoria determinó que correspondían a documentos y presentaciones confeccionados por Cochilco y su Dirección de Estudios y Políticas Públicas, textos legales disponibles en la página web del Congreso Nacional.
De acuerdo con el Ministerio Público, Caval también realizó una asesoría en temas de seguridad informática. Esto, porque Caval avisó a Gonzalo Vial de un supuesto complot de los trabajadores de sus empresas, quienes se habrían concertado para sustraer dinero.
Según la fiscalía, los pagos del empresario fueron utilizados para pagar remuneraciones, "entre otras, las del imputado señor Dávalos Bachelet, quien además recibió otros fondos provenientes de estas acciones defraudatorias. Además estos recursos se usaron para la adquisición de artículos de lujo y distribuir utilidades entre los socios de Caval, entre ellos la imputada señora Compagnon Soto".
Una vez cerrada la investigación, la fiscalía cuenta con un plazo de 10 días para presentar la acusación contra los imputados, quienes están formalizados por estafa e infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.
Dávalos y Compagnon arriesgan una pena que varía entre los 18 meses hasta cinco años de prisión.
Así lo informó el fiscal Francisco Caballero, quien explicó que "es un delito de estafa en concurso con un delito de plagio de obras, en este caso concreto de Cochilco, y la pena probable depende del monto del perjuicio".
En tanto, el abogado defensor, Carlos Fierro, descartó que Sebastián Dávalos esté involucrado en los "supuestos negocios con el empresario Gonzalo Vial" e insistió en que es "absolutamente inocente de los cargos que se le imputan".
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitará la reapertura de la causa.