Cierre de fronteras por Covid-19 frena la expulsión de 552 extranjeros

En 2019, la PDI concretó las expulsiones de 2.232 extranjeros. Entre ellos, 56 ciudadanos colombianos, peruanos y venezolanos, de los cuales 12 participaron en saqueos realizados durante la crisis social. Con la pandemia y el cierre temporal de las fronteras en el mundo, este escenario ha cambiado, ya que la policía no ha podido concretar todas las expulsiones que han ingresado a sus registros desde que comenzó el estado de excepción en Chile, el pasado 18 de marzo.

De acuerdo a las estadísticas de la policía civil, desde ese día hasta la fecha se ha ordenado la expulsión de 564 extranjeros. De ellas, 313 son administrativas, es decir, personas que no han cumplido la normativa para residir en Chile. De estas resoluciones, 11 se han logrado concretar.

Existen, además, otras 251 expulsiones judiciales, de las que se ha podido realizar solo una. De esta forma, de las 564 órdenes de expulsión, en total solo se han podido hacer 12.

Desde la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional explican que mediante el Decreto N° 102 del 16 de marzo del Ministerio del Interior, “que dispone cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por emergencia de salud pública de importancia internacional, por brote del nuevo coronavirus”, la PDI “se ha visto impedida de materializar todo tipo de resoluciones y decretos dispuestos por la autoridad administrativa y judicial, en el entendido de que tanto las fronteras de países extranjeros como a nivel local se encuentran cerradas por la pandemia”.

Asimismo, dijeron que “para materializar una expulsión del territorio nacional se requiere que el extranjero afectado por la medida sea escoltado por dos funcionarios policiales, lo que implica una exposición al contagio por ambas partes”.

También, señalaron, existe la posibilidad de que los oficiales escoltas de la PDI, al no haber vuelos comerciales rutinarios producto de la pandemia y las barreras sanitarias, puedan quedar varados en aeropuertos de otros países.

El prefecto inspector Richard Bórquez, jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, indicó que “hay países que no reciben a sus connacionales, como Perú o Bolivia. No podemos expulsarlos, porque no hay vuelos comerciales rutinarios y hay organizaciones de la seguridad aeronáutica que obligan a que vayan escoltados por policías”.

Aseguró que “esos extranjeros hoy se mantienen sujetos a control de firma por nosotros en sus domicilios, con notificaciones. Todos ellos pueden presentar recursos”.

Juan Pablo Ramaciotti, director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, señaló que “el Estado tiene la facultad de expulsar extranjeros, pero es fundamental que se mire el contexto en que estamos y de qué manera se ejecutan las expulsiones. Es inviable pensar que se puede expulsar a todas las personas. Por ejemplo, en 2019 se ejecutó un cuarto de las expulsiones decretadas. Hay casos en que se debe expulsar, pero la irregularidad migratoria no se puede resolver a través de expulsiones. Por lo mismo, la nueva ley de migración debe contemplar mecanismos de regularización”.

Además de los expulsados, está la situación de los migrantes que por razones humanitarias necesitan volver a sus países de origen. Y en la mayoría de los casos les ha costado poder hacerlo debido al cierre de fronteras. Eso fue lo que pasó con más de un centenar de bolivianos varados en Providencia a principios de mayo.

Al respecto, la PDI registra un total de 72.448 migrantes (no expulsados) que estaban en Chile, quienes han podido volver a sus países de origen desde el 18 de marzo pasado. “Se trata de extranjeros que han salido del territorio nacional en que la PDI ha trabajado en la fiscalización, el análisis de su condición migratoria, tenerlos en albergues, subirlos a los aviones y buses y coordinar con las fronteras de los otros países. Ellos han querido volver a sus países. Son aviones humanitarios”, relató Bórquez.

Ramaciotti, por su parte, añadió que “hay personas extranjeras que lo están pasando muy mal producto de la crisis sanitaria. En eso, es urgente que el gobierno tome dos medidas: establecer un Registro Temporal Humanitario para que quienes no tengan Rut puedan acceder al ingreso familiar de emergencia y extender los visados de quienes producto de los efectos de la pandemia puedan quedar en situación irregular”.