Cinco ejes de la nueva Ley de Migración

Cerca de ocho años estuvo en discusión en el Congreso el proyecto para una nueva Ley de Migración y Extranjería, que reemplaza a la actual norma, de 1975. Y este jueves la iniciativa quedó lista para convertirse en ley, luego de que el Senado aprobara por 38 votos a favor y dos en contra el informe de la comisión mixta, donde se reformularon 10 artículos.

El cuerpo legal contempla, entre los principales cambios, la creación de un nuevo Servicio Nacional de Migraciones y la obligación de que personas deban postular a las respectivas visas en los consulados de Chile. Sin embargo, la diputada Catalina Pérez (RD) y el senador Juan Ignacio Latorre (RD) anunciaron una reserva de constitucionalidad, por lo que enviarían el texto al Tribunal Constitucional para revisar algunos artículos.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que “es un hito histórico. Estamos hablando de una ley que se esperó por mucho tiempo. A mi juicio, hace décadas debimos tener una ley que se hiciera cargo de la migración de una manera segura, ordenada y regular. Y, además, que recogiera los nuevos tiempos, con respecto a los flujos migratorios”.

La ley crea un Servicio Nacional de Migraciones y da un año de plazo para implementarlo, desde su promulgación. Por primera vez se crearán direcciones regionales (hoy las gobernaciones están a cargo). Y los ciudadanos extranjeros que estén fuera del país y quieran venir, deberán hacer sus trámites en el consulado respectivo y seguirlos online. Esta institución será la encargada de entregar las visas temporarias solicitadas en Chile y en el extranjero, con un sistema automatizado de solicitudes de prórrogas de visa y permanencias definitivas.

Álvaro Bellolio, director del Departamento de Extranjería, explica que la principal diferencia que genera esta ley es que el extranjero deberá “sincerar” las razones por las que viene al país. Si quiere venir como residente, se establecen 13 categorías, entre las que se cuentan trabajo, estudios, reunificación familiar, trabajo temporal (labores estacionales) y razones humanitarias, además de otra visa destinada a buscar oportunidades laborales. También se incluye una especial para pacientes bajo tratamiento médico. Los postulantes deberán tramitar su visa y RUT antes de venir a Chile. “El 90% de quienes ingresaron en los últimos años eran turistas, pero ahora, tal como sucede en países desarrollados, primero se debe pedir la visa de residencia”, detalla Bellolio. Agrega que la norma actualmente permite que las personas ingresen a Chile como turistas y postulen en el mismo país a una visa. Ahora deberán llegar con la solicitud aprobada. El director añade que la idea es que las personas tengan su documentación legal, con el fin de que estén “protegidas” y no sean “abusadas laboralmente o en cuanto a la vivienda”. Por ejemplo, muchos no podían postular a arriendos, pues no tenían sus permisos.

La ley establece que las personas que ingresaron antes de la promulgación de la ley tendrán seis meses para abandonar Chile y solicitar la visa en los consulados chilenos en el exterior, donde deberán hacer el trámite completo (no pueden pedir visa en Chile).

Macarena Rodríguez, abogada del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), estima que “la ley es insuficiente y no se hace cargo de los migrantes que entraron por pasos irregulares”. Según el SJM, la mayor parte de los extranjeros que ingresaron al país en los últimos años lo hicieron por pasos no habilitados, lo que se debe -según Rodríguez- “a la política de visas que se impuso para Venezuela o Haití, que impide que ingresen legalmente. Esto llevó a que las personas busquen formas de llegar de todos modos”. Según Extranjería, solo este año han entrado a Chile cerca de 10 mil personas por pasos no habilitados.

En la nueva ley se aumenta la lista de delitos establecidos en el Código Penal por los cuales no se podrá ingresar a Chile. Se incluye a personas condenadas por tráfico ilícito de estupefacientes, femicidio, secuestro de menores y robo con violación, entre otros.

La norma incluye en las visas humanitarias una especial destinada a mujeres víctimas de tráfico, a la cual también se debe postular. El texto indica que “las mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas o de violencia de género o intrafamiliar, u objeto de tráfico de migrantes, tendrán un trato especial por parte del Estado”.

La diputada Catalina Pérez y el senador Juan Ignacio Latorre anunciaron una reserva de constitucionalidad respecto de una serie de artículos de la ley. Latorre dijo que, a su juicio, se contravienen principios básicos, como la Convención sobre Derechos del Niño y de los trabajadores migrantes. Para ello, requieren 39 firmas en la Cámara o bien 11 en el Senado. Con ello, el TC deberá revisar el texto legal e incluso podría establecer cambios. Tras su paso por el TC, quedará en condiciones de ser promulgado el texto y luego publicado.