Claudio Grossman: “El crimen de Ojeda es parte de un patrón de acción contra los opositores al régimen venezolano”

Para Claudio Grossman, la situación de los derechos humanos en Venezuela es un tema de especial preocupación. Desde noviembre de 2021, el destacado jurista y académico chileno se desempeñaba como asesor especial del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. Pero en septiembre pasado decidió no renovar su contrato Pro-Bono en protesta por lo que considera un fracaso injustificado de Khan para acusar a miembros del gobierno del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, por crímenes de lesa humanidad. “Uno no puede ser asesor de la Fiscalía y al mismo tiempo criticar su inacción injustificada”, afirmó Grossman en una entrevista con La Tercera en diciembre pasado.

Ahora que el gobierno de Gabriel Boric ha planteado la posibilidad de llevar ante la CPI el caso por el asesinato del exmilitar y opositor venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Chile, si se comprueba la participación del gobierno de Nicolás Maduro en este hecho, Grossman considera “factible” recurrir a esa medida, porque, a su juicio, el crimen de Ojeda correspondería a un “patrón de acción” del régimen chavista.

En entrevista con este medio, el exdecano de la Facultad de Derecho de la American University en Washington y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recuerda que Chile con otros países de América Latina (Argentina, Colombia, Paraguay y Perú) y Canadá llevaron a Venezuela ante la Corte Penal Internacional en 2018 para que investigue crímenes de lesa humanidad bajo el gobierno de Maduro.

Entonces, considera que el eventual plan de Chile de recurrir a la CPI por el caso Ojeda es “factible”. “Una posibilidad de acción es agregar el tema del caso Ojeda al expediente para la acción del fiscal sobre el tema de Venezuela. Y el crimen de Ojeda es no solo una cosa aislada, sino que es parte de un patrón de acción dirigido a intimidar a quienes se oponen, a los venezolanos que se oponen al régimen actual. Y eso cae bajo el Estatuto de Roma. Es un antecedente más para plantear al fiscal que debe actuar y que debe solicitar que se establezcan las responsabilidades individuales de quienes se sospecha con motivos fundados que han actuado”, sostiene Grossman.

“Entonces, se puede hacer una petición, se puede entregar antecedentes al fiscal de la Corte Penal Internacional, porque hay motivos fundados, se satisface el nivel de pruebas requerido. Se pueden citar las reacciones de las autoridades venezolanas, el hecho de que no cooperaron en la investigación, etc. Y bajo la teoría de la responsabilidad de comando, son los más altos funcionarios los que tienen responsabilidad. Entonces eso, se puede agregar al caso que ya está presente en la CPI”, prosigue el exagente de Chile frente a la demanda marítima de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Grossman dice que “ya desde el año 2020 las Naciones Unidas, los órganos internacionales han planteado que se están cometiendo crímenes internacionales en Venezuela que están listados en el estatuto. Por ejemplo, uno de esos crímenes es la persecución generalizada. El abogado chileno Francisco Cox fue parte de una misión de observación que estableció que se satisfacían las condiciones necesarias, las pruebas necesarias para actuar y pedían la acción del fiscal”. “Yo decliné seguir actuando en la comisión como una manera de protestar ante la falta de acción expedita en el caso de Venezuela, que viene arrastrándose desde el año 2020″, agrega.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó a fines de enero la presunta participación de Diosdado Cabello en el asesinato de Ojeda, asegurando que son antecedentes de “toda gravedad” y que, en caso de confirmarse, se acudirá a la CPI. Ello, después de que el relato de un testigo, considerado clave en la investigación, apuntara al “número dos” del régimen venezolano como el responsable de dar la instrucción para este bullado crimen.

Al respecto, Grossman recuerda que “ante la Corte Penal Internacional lo que se establece son responsabilidades individuales. Y ahí no hay inmunidad. En el derecho internacional hay inmunidad de lo que se llama la troika -presidente, primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores, por actos oficiales-, hay inmunidad absoluta. Pero ante la Corte Penal Internacional, con países que han ratificado el estatuto de la corte, no hay inmunidad. De modo que la acción no es contra el Estado de Venezuela, es contra individuos que aparezcan responsables de no actuar”. “Y el que tiene que agotar los recursos internos es Venezuela. Venezuela no ha querido o no ha podido establecer la responsabilidad”, comenta.

Respecto del procedimiento en la CPI, el jurista chileno explica que “una vez que el fiscal considera que ya tiene todos los elementos de prueba requeridos y que satisfacen el nivel de prueba que hay que tener, dentro de la corte un grupo de jueces escucha lo que dice el fiscal y determina aprobarlo o no. Y si determina aprobarlo, se emite una orden de detención internacional. Ahora, esa orden de detención internacional se puede cumplir o no cumplir”, advierte.

El expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que “otra posibilidad de acción” de Chile es que extienda órdenes de detención y pida a Interpol que emita una “red notice”, que es una solicitud dirigida a las autoridades policiales de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición, entrega o acción legal similar. “Los países están obligados (a cumplir con estas órdenes de detención), incluso aunque no sean miembros del estatuto”, apunta.

En ese sentido, Grossman dice que “se podría” emitir una de estas órdenes de detención en contra de Diosdado Cabello, “pero no contra el presidente, el primer ministro o ministro de Relaciones Exteriores. Los otros tienen inmunidad, excepto cuando han cometido ciertos crímenes internacionales. Hay un listado de crímenes internacionales, por ejemplo, agresión, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición, apartheid”.

“Y resulta que en este caso se puede agregar que el asesinato de Ojeda es un crimen de lesa humanidad, porque es parte de un patrón, o sea, no es un hecho aislado, no es solo a Ojeda, asegura.

Incluso, el caso Ojeda podría ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). “Se puede llegar ahí, en cualquier disputa, pero quizá hay una gradación. Uno puede recurrir primero a agotar otras posibilidades, que pueden no tener ningún resultado frente a lo que es el actual régimen venezolano. Pero en todas estas cosas hay que recurrir a todos los instrumentos posibles, sin excluir la CIJ, dejándola como una cuestión que va a estar ahí presente como un incentivo para tratar de resolver el tema, aunque sea muy difícil hacerlo”, señala Grossman. “No hay muchos precedentes de una acción así, pero eso no quiere decir que no sea posible de denunciar a otro Estado por un solo crimen”, concluye.