La tarde de este jueves, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS) -acompañado del titular de Hacienda, Mario Marcel, y el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC)- anunció las propuestas en materia de probidad sugeridas por la Comisión Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas, instancia que reunió a expertos para elaborar recomendaciones a raíz del lío de platas en las transferencias del Estado.
Además, el ministro Mario Marcel detalló una serie de medidas que buscan impulsar la transparencia en el manejo de las arcas fiscales, que estarán incluidas en la Ley de Presupuesto 2024 que el gobierno anunciará esta noche a través de cadena nacional y cuyo foco estará puesto en la reactivación económica y, precisamente, en la probidad.
El anuncio del Ejecutivo, sin embargo, se vio empañado por nuevos antecedentes que surgieron en torno al caso Democracia Viva, que destapó una serie de irregularidades en el traspaso de recursos de organismos públicos hacia instituciones privadas.
En concreto, este jueves se conoció la declaración del secretario ejecutivo de Revolución Democrática (RD), el abogado Edson Dettoni, quien en el marco de la diligencia que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta aseguró que la diputada Catalina Pérez (RD) sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade (exRD). Además, apuntó a que antes de que se conociera el caso, se le sugirió al senador Juan Ignacio Latorre advertirle al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán.
El ministro Elizalde fue consultado por la declaración de Dettoni y descartó -de forma tajante- que la advertencia al jefe de gabinete del Presidente se haya concretado.
“La declaración del testigo al cual usted hace referencia señala explícitamente de que se tomó una decisión pero esta no se implementó, es decir, se dijo que se iba a informar pero no se informó. Lo dice la declaración del testigo al cual usted ha hecho referencia”, respondió Elizalde.
El enfoque en probidad del Presupuesto 2024
La discusión y la elaboración del presupuesto fiscal ha estado marcada por los casos de corrupción que remecieron al gobierno y al oficialismo, donde se destaparon una serie de irregularidades y posibles delitos en los convenios suscritos entre el Estado e instituciones privadas receptoras de recursos fiscales.
En ese sentido, el gobierno diseñó una estrategia comunicacional para dar a conocer este jueves en la tarde todas las indicaciones en materia de transparencia y fiscalización del gasto público. Esos contenidos también fueron abordados en la exposición que le hizo Marcel a los ministros en La Moneda.
De esta forma, el jefe de las finanzas públicas detalló que se concretarán modificaciones en al menos cuatro niveles, que apuntan a mejorar la probidad y la transparencia en materia de gasto fiscal.
“Primero, en el articulado del Presupuesto se van a desarrollar las normas de carácter general que regulan el manejo presupuestario y financiero de las transferencias corrientes y de capital que puedan llegar a instituciones privadas sin fines de lucro. Esto va a incluir la regulación de cómo se suscriben y administran los convenios, qué es lo que ocurre cuando los convenios no se cumplen o se dan por terminado”, especificó el titular de Hacienda.
En cuanto a las glosas de la Ley de Presupuesto, Marcel detalló que se harán alrededor de 500 cambios que buscarán alinear las regulaciones de cada institución con las normas de carácter general y que se establecerán excepciones solo en casos que realmente lo ameriten.
Entre la agenda que ya había anunciado el Ejecutivo, se contiene nocho medidas -entre ellas la entrada en vigencia del nuevo instructivo para las transferencias del Estado- para hacer frente a la crisis que inició hace más de tres meses en Antofagasta con el caso Democracia Viva, fundación ligada a tres militantes RD.
De esta forma, las propuestas contemplan medidas legislativas como el ingreso del proyecto de ley de Beneficiarios Finales, que busca crear un registro donde las entidades informen las personas naturales que serán beneficiarias de dicha organización.
Además, se le dio urgencia -tal como había anunciado Elizalde- a un proyecto de ley ingresado en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet para fortalecer las atribuciones del Consejo de Auditoría Interna del Gobierno, organismo que fue cuestionado porque se reveló que en 2022 ordenó no reportar transferencias a terceros, cuando dependía del entonces ministro Segpres Giorgio Jackson.
