Tras cinco días de audiencias, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago dejó este martes en prisión preventiva a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, tras su formalización por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en la indagatoria conocida como caso Audio.
Y esta misma jornada, el consejo general del Colegio de Abogados se pronunció al respecto mediante un comunicado, en el cual califica de “grave” el caso y reitera la necesidad de un mayor control ético de la profesión. Para esto, propone una reforma constitucional que le otorgue al organismo una jurisdicción universal para sancionar a los legistas que se vean involucrados en actos de esta naturaleza, estén o no colegiados.
En el texto, el consejo general indica que “los hechos que están siendo investigados en el llamado caso Audio son extremadamente graves y merecen nuestro absoluto rechazo”, por lo que expresan su esperanza de que estos sean clarificados durante el proceso penal, para que se determinen las responsabilidades y sanciones correspondientes.
Al respecto, destacan que “los abogados y abogadas somos servidores de la justicia y cumplimos un rol público fundamental en el resguardo del Estado de Derecho. Por lo mismo, es fundamental que su actuar profesional se ajuste a ética y las normas vigentes”. En este sentido, relevan que quienes se aparten de los estándares legales y éticos en el marco de la profesión, deben ser investigados y sancionados.
En este marco, desde el Colegio de Abogados destacan la importancia de que exista un mayor control ético de la profesión, el cual, afirman, se ve debilitado por el marco constitucional y legal vigente, “creándose estándar diferenciado entre abogados colegiados y no colegiados”.
“Por ello, en el Consejo hemos preparado una propuesta de proyecto de reforma constitucional para asegurar el control ético único, universal y efectivo, que efectúe el colegio profesional, respecto de todos los profesionales”, indicaron desde la organización.
Según afirman en el texto, esta reforma permitiría que “los pares sean quienes ejerzan el control ético y, que cuando las infracciones a dichos deberes sean graves, se pueda sancionar hasta con la prohibición del ejercicio profesional”.
Al respecto, finalizan señalando que “la jurisdicción universal es común en el derecho comparado y los casos que hemos visto en las noticias reafirman la importancia de fortalecer el control ético, como resguardo del sistema de justicia y del Estado de Derecho”.