El paso del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, por Santiago está dejando huellas en las huestes castrenses. A la declaración del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, ocurrida el miércoles pasado, se sumó hoy el interrogatorio a la actual autoridad máxima de la institución, general Ricardo Martínez, quien compareció en calidad de testigo en la investigación por posible fraude al Fisco que se habría cometido en Aysén.
A las declaraciones de Martínez y Cheyre se sumarán los otros tres comandantes en jefe desde 2005 a la fecha: Oscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, quienes lideraron la institución durante el periodo en que se habría cometido el delito.
Las diligencias son parte de las indagatorias iniciadas en marzo pasado a partir de un informe de la Contraloría General de la República, que denunció eventuales pagos irregulares a uniformados en servicio y retiro que fueron parte del Fondo de Ayuda Mutua (FAM). Este pozo común concentraba dineros privados de los funcionarios que permanecían en la zona. No obstante, el mismo quebró en 2006, adeudando cerca de $ 900 millones.
A partir de este punto, Palma investiga la posible disposición institucional de pagar este dinero con recursos públicos, lo que se habría materializado en contrataciones a honorarios por servicios no prestados y comisiones de servicios nunca realizadas. En este escenario se contempla la comparecencia de otros altos mandos y exministros de Defensa.
Además de estas diligencias, el Ministerio Público, en compañía de funcionarios de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef), de la PDI, han allanado en dos oportunidades las instalaciones del Ejército en Coyhaique y Puerto Aysén.
Ministro de Defensa
Conocida la comparecencia del general Martínez, el ministro de Defensa, Alberto Espina, se refirió hoy por la tarde a los hechos, descartando, de acuerdo a la información que maneja, que el oficial esté involucrado en este delito.
"El fiscal citó a los últimos cinco comandantes en jefe para saber los mecanismos en que funcionaba en ese ámbito el Ejército", indicó Espina.
Además, ante las versiones de exgenerales imputados, quienes indicaron que el pago a exaportantes con fondos públicos se trataría de una "práctica institucionalizada", Espina aseguró que "no puede ser una política el que se utilicen recursos para estos pagos. Si se comprobara que hay dineros públicos que se usaron para cubrir déficit de un fondo privado, es un delito gravísimo".
La autoridad aseguró que la intención del gobierno es cuidar al Ejército. Para ello, señaló, debe existir "tolerancia cero con cualquier acto irregular en que haya incurrido algún miembro y colaborar con las autoridades del Poder Judicial y las fiscalías".
Con relación a la designación del nuevo Alto Mando del Ejército, el cual se esperaba para principios de este mes, el ministro indicó que se estima que se recibirán los nombres a la brevedad, aunque enfatizó que le solicitó al general Martínez que dicha nómina "esté compuesta solo por aquellos oficiales que no hayan incurrido en hechos irregulares o en eventuales delitos".
