Con el término de las restricciones de desplazamiento impuestas para controlar la pandemia, la proliferación del comercio ambulante se ha instalado en las agendas de las principales municipalidades del país. El mes pasado fue el caso de Santiago, donde Irací Hassler (PC) solicitó el desalojo del barrio Meiggs, acción que se repitió el último viernes en Viña del Mar, tras la orden de la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD).

Allí, carabineros, en coordinación con el municipio, desalojaran los toldos y carros que utilizaban los comerciantes para instalarse en el borde costero y principalmente en el entorno del muelle Vergara, uno de los íconos turísticos de la ciudad.

Estas acciones terminaron con protestas de los vendedores en las calles aledañas, mientras la alcaldía tomó una postura clara: “El espacio público se debe proteger”, señalan desde el municipio de Viña del Mar, que desplegó a sus fiscalizadores para resguardar el borde costero y evitar que sea nuevamente ocupado por comerciantes.

Poco después de asumir, la alcaldesa Ripamonti trazó una hoja de ruta frente a esta problemática, que ya se veía recrudecer como efecto de la pandemia y tras el aumento de la cesantía. Así, se estableció una mesa de trabajo con el comercio establecido, la Cámara de Comercio y Turismo, vecinos y policías, para recuperar el espacio público y -en paralelo- abordar la situación de los ambulantes, que han proliferado en la ciudad, llegando a espacios que nunca antes habían sido ocupados.

Con estos últimos se han planificado ferias itinerantes y establecidas, a la vez que se analiza la situación particular de las familias.

La mesa, además, avanza en reconocer el sistema de abastecimiento de los ambulantes -para interceptar proveedores, detectar actos delictivos e infracciones a la propiedad intelectual- y se está interviniendo, además, el espacio público en el centro, colocando mobiliario y macetas, para impedir que se instalen en determinados sectores.

En esta línea, el concejal René Lues (DC) propone otorgar a los ambulantes con mayores carencias “espacios pequeños, ordenados, que no afecten las áreas de tránsito de las personas, y con una estructura y estética que esté acorde a una ciudad turística”. Además, apunta a crear zonas “para food trucks o centros de artesanía”. Su par Sandro Puebla (Ind. pro PS) comenta que “estamos contra el tiempo. Hay que proceder a la brevedad con acciones concretas”.

La concurrida calle Valparaíso, a pocos metros de la Municipalidad de Viña del Mar, tiene el mismo problema, aunque no ha sido desalojada. Según un catastro realizado en noviembre por el municipio, 240 personas venden sus productos allí, en un tramo de apenas seis cuadras. De ese total, el 58% son mujeres; el 77% comercializa vestuario y/o accesorios; el 66% es de nacionalidad chilena (el 11% haitiana y el 10,8% ecuatoriana) y el 82% vive en la comuna.

Luz María Stuardo, dueña del local Luce Mía en calle Valparaíso, asegura que el comercio ilegal “no solo nos quita ventas, también promueve la delincuencia”.

Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, cifra en 3.000 los vendedores ambulantes que se instalan en diferentes puntos de la comuna, y señala que “hoy, más que ambulantes, tenemos presente en la ciudad asociaciones ilícitas, que se preparan para delinquir”.

Por eso, plantea que “sin el apoyo de las policías no existe posibilidad de que la alcaldía mejore el entorno en ningún espacio público”.

El teniente coronel Leonardo Cárdenas, prefecto (s) de Viña del Mar, comentó que el comercio ambulante “es más que un problema netamente policial, más bien, es un fenómeno social multifactorial”.

En lo que va del año, Carabineros ha controlado a más de 6.000 personas y conductores en la Ciudad Jardín, cursando 580 infracciones a comerciantes ambulantes.

En Valparaíso la situación es compleja. El comercio ambulante se ha multiplicado en las ya estrechas calles de la ciudad patrimonio y se ha desplegado por todo el centro. Allí, el municipio está formulando un plan para dar solución a la problemática que, según los representantes del comercio establecido, ha tardado en ser presentado.

Si antes los vendedores se concentraban en el entorno del Mercado Cardonal, la Plaza Victoria y el eje Bellavista, hoy ocupa -con toldos incluidos- toda la avenida Pedro Montt y las vías aledañas. Y rodea, los días de feria, el Congreso Nacional.

Para Héctor Arancibia, presidente de la corporación Comercio Unido de Valparaíso, la solución ha tardado en llegar. Dice que ”nunca ha habido un plan” y que en cinco años la cifra de ambulantes se ha cuadriplicado: “Cuando llegó (el alcalde) Jorge Sharp, Carabineros contabilizaba, en enero de 2017, 3.000 ambulantes. Ahora en diciembre tenemos más de 12.000″.

“Desde que él asumió se perdió la comunicación entre el municipio y las autoridades. Hoy el municipio se aísla, no le interesa trabajar con nadie más. Falta fiscalización y esto significa para nuestros socios una disminución de las ventas del 30%”, dice Arancibia.

Según el delegado presidencial regional, Jorge Martínez, en 2019 Sharp dejó de asistir a las reuniones mensuales con las policías: “El alcalde solo asistió el 4 de agosto 2021, cuando concurrió el ministro del Interior al STOP (Sistema Táctico de Operación Policial)”. “Evidentemente” -agregó Martínez- la actitud del edil ‘no aporta’ en el desarrollo de una estrategia en conjunto, para resolver la problemática del comercio informal”.

La Municipalidad de Viña del Mar, en cambio, mantiene una participación activa en la instancia, ya sea por medio de su alcaldesa como por su directora de Seguridad Pública, Amal Kdiemati.

Hasta octubre, según declaró Sharp a este medio, no se habían aumentado los permisos de comercio en la vía pública. “La situación del comercio ambulante la venimos trabajando desde nuestra primera administración, sin embargo, la crisis política y social, la pandemia y también, en cierta medida, el fenómeno migratorio, que no responden solo a un ámbito de acción municipal, nos ha obligado a modificar y actualizar un plan, que tiene como objetivo el ordenamiento del espacio público y que las personas puedan ir accediendo a otras fuentes de empleo”, sostuvo en la oportunidad.

Sobre esta materia, Sharp precisó que el plan consiste en “un catastro real del comercio existente” para “fiscalizar mejor y buscar soluciones que permitan organizar la oferta de este tipo de economía, ver de qué forma puede dialogar con otros tipos de comercio y en definitiva generar opciones reguladas de empleo para porteños y porteñas”.

El jueves pasado, Adriana Saavedra, encargada de la Dirección de Desarrollo Económico, señaló que se continúa trabajando en el plan, pero que para enfrentar la situación “se requiere en primer lugar que podamos construir junto a todos los municipios y el gobierno nacional un plan de generación de empleos que permita que personas que han perdido sus puestos de trabajo no deban acudir a este tipo de empleos informales para poder sobrevivir”.

Diego del Barrio, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, explica que la expansión del comercio ambulante es “provocada principalmente por la falta de oportunidades laborales, daño estructural del cambio tecnológico del sector portuario, la pérdida de puestos de trabajo por el estallido social y la pandemia. A pesar de todo esto, ninguna agencia ha logrado resolver el problema”.

“No basta fiscalizar o el trabajo de Carabineros, se requiere una intervención del modelo de desarrollo productivo de la ciudad y región, para generar nuevas oportunidad laborales”, agregó el académico.

Consultado el seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Rodrigo Kopaitic, sobre qué se está haciendo para aumentar el empleo en ambas comunas, dijo que “el gobierno ha puesto a disposición de los trabajadores y trabajadoras todos los instrumentos disponibles, tanto para retener y fomentar la empleabilidad, la cual cayó considerablemente producto de la crisis ocasionada por la pandemia. Hace 12 meses, la tasa de desocupación regional superaba los dos dígitos (12,9%) y en la última medición del INE fue del 7,9%, registrando una disminución de 5,0 puntos porcentuales (pp.), respecto al mismo trimestre del año anterior”.

“El llamado es a informarse sobre la oferta que hay disponible, porque hay empleo y están los instrumentos y las medidas necesarias para optar a un puesto de trabajo de calidad, es decir, con todas las prestaciones sociales”, agregó Kopaitic.