Comienza la cuenta regresiva para Yáñez: Corte declara inadmisible último recurso para aplazar formalización del general

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de amparo que la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, presentó con la intención de aplazar su formalización fijada para el martes 1 de octubre en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Tras la vista del recurso, los magistrados de la Primera Sala del tribunal de alzada, presidida por Jorge Zepeda Arancibia, e integrada además por el ministro Alejandro Rivera Muñoz y la ministra Sandra Araya Naranjo, estimó que no resulta esta ser la vía idónea para obtener lo pretendido por la defensa.

Se trataba de la última acción judicial de Yáñez para mantenerse al frente de la policía uniformada, considerando el criterio del gobierno que plantea que las autoridades que sean formalizadas, independiente del principio de inocencia, deben dejar sus cargos para no afectar a las instituciones.

Su defensa pedía posponer la audiencia, por un inconveniente de salud del abogado Jorge Martínez. Tras el revés, el equipo del uniformado se reunió para evaluar el escenario. De no existir otra acción, Yáñez será formalizado el 1 de octubre.

Karinna Fernández, abogada querellante, cuestionó el actuar “dilatorio” del equipo jurídico del jefe policial.

“Cada defensa tiene los derechos de establecer la estrategia de litigio que desee. Esta parte lamenta en materia de defensa de derechos humanos que por parte de una autoridad de nuestro país, una autoridad que además es auxiliar de la administración de justicia y de la persecución de delitos, siga realizándose esta acción dilatoria. El consejo sería precisamente que se dedicaran a enfocarse en la defensa para la audiencia de formalización, que insistimos es una comunicación, y en la revisión de cautelares o los diversos debates que tengamos al interior del juzgado de garantía desde el 1 de octubre”, dijo.

Yáñez es investigado por su rol como jefe de Orden y Seguridad en el contexto del estallido social. El Ministerio Público acusa al general de responsabilidad de mando en los delitos de subalternos en las manifestaciones tras el 18 de octubre de 2019. Se le imputan delitos de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio por más de 1.300 casos.