Este lunes el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), Carlos Margotta, interpuso a nombre de dicha institución una denuncia ante el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, por el denominado Acuerdo por Chile, pacto firmado por los diversos partidos y conglomerados políticos, tras intensas negociaciones, que tiene como fin la elaboración de una nueva Carta Magna y donde los exconvencionales están inhabilitados para formar parte del nuevo órgano redactor.
En ese contexto, el texto asegura que el acuerdo vulnera gravemente los artículos 1º y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que “consagran el derecho de libre determinación y coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas en nuestro país de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública”.
Lo anterior se sustenta en dicho tratado internacional que el Estado de Chile suscribió y ratificó, “lo que trae aparejada la obligación de todos los órganos y poderes del Estado, de respetar y dar debido cumplimiento de sus normas así como de las resoluciones, recomendaciones y observaciones generales emitidas por los distintos órganos especializados del sistema de protección internacional de los Derechos Humanos, en virtud de lo mandatado por el inciso segundo del Artículo 5 de la Constitución vigente”.
En síntesis, la denuncia señala que no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno el hecho de que 24 personas que no fueron elegidas por voto popular redacten un borrador de proyecto para la elaboración de una nueva Carta Fundamental que deberá ser el marco obligatorio de trabajo para el Consejo Constitucional.
Además, se reprocha que el Comité Técnico de Admisibilidad, que estará conformado por 14 juristas escogidos por el Senado, sea otro organismo designado para habilitar, fiscalizar y decidir la admisibilidad de las propuestas, declarando su compatibilidad o no respecto del marco constitucional predeterminado por el borrador y las bases institucionales.
“Todo ello convierte al Comité de Expertos junto al Comité Técnico de Admisibilidad en los tutores o custodios del proceso sin que soberanamente la ciudadanía le haya entregado esa facultad y poder, violentando con ello gravemente la soberanía popular, restringiendo la democracia y desconociendo el poder constituyente originario que lo detenta exclusivamente el pueblo de Chile”, se extrae del documento.
Finalmente, la denuncia termina solicitando al alto comisionado que los hechos fundantes de la misma los incorpore en el próximo Informe que el ACNUDH tendrá que emitir ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y además, remita dicho texto al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano especializado encargado de supervigilar y monitorear el debido cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo integran, para que -en uso de sus atribuciones y competencia-, la tramite como denuncia o comunicación individual según el procedimiento establecido.
